Hora Cero
junio 16, 2025
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador soltó una estocada más a la democracia de este país. Sin discusión de los 60 diputados y diputadas, con dispensa de trámite y realizando dos plenarias en una sola noche, se aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, ampliar el periodo presidencial a 6 años, eliminar la segunda vuelta electoral y la unificación del calendario electoral para que los comicios de diputados y alcaldes sean en un mismo año.
La reforma abarca los artículos 75, 80, 152 y 154, los cuales se refieren a la pérdida de derechos por promover la reelección inmediata, el tipo de mayoría para considerar a un presidente electo y la duración del periodo presidencial.
En el artículo 75 se elimina la causal de pérdida de ciudadanía por promover la reelección, al tiempo que permite que funcionarios públicos, incluidos diputados y diputadas, puedan promover la reelección o continuación del presidente sin ninguna sanción. Al artículo 80 le fue modificado el mecanismo de elección presidencial, permitiendo que el ganador sea elegido “por mayoría simple” y anulando la segunda vuelta. Esto, según un análisis jurídico de estas reformas publicado por Cristosal, facilita un triunfo con bajo respaldo popular y reduce los filtros de legitimidad democrática.
Además, se desmantelan las restricciones previas que prohibían la reelección inmediata y su repetición indefinida, plasmadas en el artículo 152. Ahora, la persona titular del Ejecutivo podrá buscar el cargo cuantas veces quiera, eliminando la alternancia como principio constitucional.
Además, dentro del decreto de reforma se aprobó una disposición transitoria que determina el fin del actual periodo presidencial para el año 2027 y no para el 2029 como estaba previsto, con el propósito de “unificar las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales, debiendo realizarse en ese año”.
También se reformaron los artículos 80 y 133, para que El Salvador sea retirado del Parlamento Centroamericano. La bancada oficialista justificó esta salida debido a que consideran, el PARLACEN ha sido una “institución marcada por dar cobijo a corruptos”, así lo dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, en su cuenta en X.
Previamente, en enero de este año, la Asamblea ya había arado el camino para este paquete de reformas, modificando el artículo 248 de la Constitución, que permite que una misma legislatura pueda aprobar y ratificar las reformas. Así, se eliminó la regla que establecía que la aprobación de una reforma a la Carta Magna debía hacerse en una legislatura y ratificarse en la siguiente.
El art. 248, en la versión anterior, prohibía tajantemente reformar apartados sobre “la forma y sistema de gobierno”, “el territorio” y la “alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República”. Una prohibición que abarcaba a los artículos 75, 87, 88, 131, 151 y 154, lo que convertía a la reelección inmediata e indefinida en un acto inconstitucional, según juristas de Cristosal.
Tanto el análisis de Cristosal como las opiniones de diferentes abogados, expertos y organismos internacionales recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC-28/21, declaró que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por El Salvador. Promover dicha reforma no solo contraviene obligaciones internacionales, sino que asimila al país a regímenes abiertamente autoritarios del continente, acarreando un fuerte descrédito diplomático.
La Corte advierte que, actualmente, el mayor peligro de las democracias no son los golpes de Estado, sino la erosión gradual y legal de los contrapesos que permite que los líderes electos impongan modelos autoritarios desde el Estado.
Para Cristosal, parte de los efectos negativos de este paquete de reformas que ha calificado como un “tiro de gracia” para la democracia salvadoreña, es un aumento de las violaciones a derechos humanos, crecimiento de la corrupción, persecución política y cierre del espacio público y afectación a la economía y la inversión.
De hecho, la organización advierte que las reformas contraviene las obligaciones asumidas con el Fondo Monetario Internacional, especialmente las relacionadas con la Gobernanza y la Transparencia
