Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
La loca de Gandoca, una novela publicada en 1992 por Ana Cristina Rossi, fue uno de los primeros testimonios en denunciar los intereses ocultos para la destrucción de uno de los refugios naturales más emblemáticos del Caribe costarricense, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA).
Pero si hubo algo que nadie anticipó, fue que, más de tres décadas después, La loca de Gandoca no solo conservaría su vigencia, sino que se convertiría en una advertencia cumplida. En 2024 vimos como salían de los bosques de Gandoca unos camiones cargados con árboles que fueron talados dentro de esas áreas protegidas. Las imágenes circularon como prueba irrefutable de que lo que alguna vez fue leído como exageración literaria, ahora era una realidad. ¿Quién lo permitió? ¿Cómo fue posible hacerlo a la vista de todos?
Costa Rica supo exportar al mundo una narrativa de sostenibilidad que se repite como dogma en foros internacionales, guías turísticas y campañas políticas. Pero detrás de esa imagen hay otra realidad, menos visible, más compleja y profundamente estructural: una institucionalidad ambiental que opera en favor de la degradación y no de la conservación.
Entre 2001 y 2023, el país perdió más de 184.000 hectáreas de cobertura arbórea, según datos oficiales del Global Forest Watch. Solo en 2022 se registraron 3.180 hectáreas de bosque natural deforestadas, y más de la mitad de esta pérdida ocurrió en zonas legalmente protegidas. La provincia de Limón —donde se ubica Gandoca— perdió más de 500 hectáreas de bosque ese mismo año. La mayoría de esta pérdida se concentra en zonas aledañas a áreas protegidas y está directamente relacionada con la expansión de monocultivos como la piña, así como con la tala selectiva, la ganadería y desarrollos urbanísticos promovidos por intereses privados.
Esta tendencia no es aislada. Guanacaste, otra región clave en la biodiversidad del país, ha sido el escenario de una agresiva expansión hotelera durante los últimos quince años. Empresas como Enjoy Group con planes como Bahía Papagayo, Costa Dorada y demás, han liderado megaproyectos turísticos sobre franjas costeras y humedales, desplazando comunidades, presionando acuíferos y modificando ecosistemas sin una planificación integral ni una fiscalización efectiva por parte del Estado. Así lo han denunciado medios como La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad desde 2017. Y lo mismo sucede con la minería a cielo abierto en Abangares.
En este contexto, lo que ocurre en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo no es una excepción, sino una muestra más del patrón institucional que aparentemente permite y encubre la degradación ambiental.
La presente investigación expone un entramado en el que la legalidad funciona más como escudo que como límite. Las declaraciones de Marco Levy, ambientalista y denunciante histórico del caso; de Phillipe Vangoidshoven, ambientalista belga golpeado brutalmente en su finca por denunciar construcciones irregulares; de Ana Cristina Rossi, quien recibió amenazas tras la publicación de su novela; así como de funcionarios, fiscales y diputados, revelan cómo la desprotección se reproduce desde lo estructural.
Lejos de ser el resultado de una tala ilegal, la deforestación en esta zona ha sucedido mediante autorizaciones legales, cambios de uso de suelo aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), certificados forestales emitidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y decisiones administrativas amparadas en directrices ministeriales como la 09-2023, firmada por Franz Tattenbach, ministro de Ambiente del actual gobierno. Esa directriz, anulada recientemente por la Sala Constitucional, sirvió como base técnica y legal para que la Municipalidad de Talamanca impulsara un nuevo plan regulador costero que excluyó humedales y zonas boscosas previamente protegidas. El fiscal agrario ambiental, Luis Diego Hernández, lo resume así: “Las instituciones se ponen de acuerdo para no actuar. Y mientras tanto, el daño ya está hecho (…) lo que ha sucedido en Gandoca es un ecocidio”.
Hoy Gandoca no solo se enfrenta a la tala ilegal. También se enfrenta al abandono de las instituciones encargadas de proteger la reserva, el desplazamiento de comunidades locales, la captura territorial por parte de redes del crimen organizado y la consolidación de una economía extractiva legalmente permitida. Las amenazas a quienes defienden el territorio ya no provienen únicamente de intereses privados, sino de una institucionalidad que, al no actuar, permite que se consolide un modelo que prioriza el capital sobre la biodiversidad, y que como resultado tiene activistas atacados, un pueblo silenciado por el miedo, y un ecosistema en riesgo.
El propósito de esta investigación de HoraCero es documentar las grietas del modelo de conservación ambiental en Costa Rica. Buscamos demostrar, a través de la recopilación de datos, entrevistas a activistas y fuentes institucionales que el país que exporta su imagen verde al mundo no ha sido capaz de proteger ni sus ecosistemas ni a quienes los defienden. Los hallazgos de esta investigación muestran que lo sucedido en Gandoca-Manzanillo es producto de una arquitectura institucional que ha sido diseñada para permitir, justificar y normalizar la destrucción ambiental.
El caso Gandoca-Manzanillo tuvo especial revuelo durante la administración de Rodrigo Chaves, cuando circularon imágenes de camiones cargados con árboles recién talados saliendo del corazón del refugio el 9 de mayo de 2024, según investigaciones realizadas por la periodista Fabiola Pomareda de Semanario Universidad. Este hecho encendió la alerta de ambientalistas y pobladores que, por décadas, han documentado y denunciado el deterioro constante del Refugio Nacional de Vida Silvestre. Sin embargo, el conflicto se remonta a 1985 con la creación del mismo, y a partir de ahí se han suscitado una serie de hechos que recopilamos a continuación.
El 29 de marzo de 1985 se firma el Decreto Ejecutivo N.º 16614-MAG, que crea oficialmente el refugio bajo una categoría de “manejo mixto”. Esta figura legal permite que existan usos humanos preexistentes en armonía con la conservación, pero sin delimitar con precisión técnica cuáles eran los sectores restringidos y los habilitados. Desde su origen, la indefinición espacial y normativa, generó un margen de interpretación que fue aprovechado durante décadas para justificar urbanizaciones, fraccionamientos y proyectos de infraestructura dentro de la zona.
“El refugio nació sin dientes. Desde que se firmó el decreto, sabíamos que había un vacío que iba a ser usado para abrir portillos.”
— Marco Levy, dirigente ambientalista
Ana Cristina Rossi publica su novela basada en hechos reales que documentan los intentos de apropiación territorial, alianzas entre empresarios y funcionarios, y la desprotección sistemática de Gandoca. La novela, de carácter testimonial, expone la intención de urbanizar Punta Mona con proyectos turísticos a gran escala. Rossi recibe amenazas tras su publicación, por lo que debe irse del país luego de ser testigo de un aparente complot para su asesinato.
“Yo no podía escribirlo como crónica. Si lo hacía así, me mataban. Entonces lo vestí de ficción. Pero cada personaje tenía rostro y apellido.”
— Ana Cristina Rossi
La Asamblea Legislativa aprueba la Ley N.º 9223, que sustrae 406.32 hectáreas del refugio para regularizar asentamientos humanos que llevaban décadas en condición de irregularidad. La medida fue impulsada como una solución política y administrativa, sin realizar estudios técnicos ni consultar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La Sala Constitucional, años más tarde, cuestionaría el procedimiento.
La sociedad Phuket S.A., vinculada al empresario Enrique Pucci, realiza rellenos con maquinaria pesada sobre humedales en Playa Gandoca. El Tribunal Agrario Ambiental emite la resolución TA-1-0021-2020, que dicta una medida cautelar definitiva y ordena detener las obras por violación al régimen de protección.
“Metieron camiones y comenzaron a rellenar de un día para otro. Nadie les dijo nada. El SINAC llegó cuando ya el daño estaba hecho.”
— Philippe Vangoidshoven
Según el oficio DAA-OFI-1332-2023, la Procuraduría General del Estado confirma la existencia de una causa penal activa contra Emily Yozell (abogada), Luis Fernando Arias (funcionario) y Enrique Pucci (empresario), por el drenaje ilegal de un humedal dentro de la zona marítimo-terrestre de Talamanca.
Mediante el voto 2021-024151, la Sala IV declara inconstitucional el plan regulador aprobado por la Municipalidad de Talamanca. La resolución indica que se excluyeron áreas de humedal y bosque de protección sin justificación técnica ni consulta al MINAE, violando el principio precautorio y los tratados internacionales ambientales ratificados por el país.
El Ministerio de Ambiente y Energía emite la Directriz 09-2023, la cual habilita a la Municipalidad de Talamanca a excluir del plan regulador costero unas 165 hectáreas de humedales y 20 de bosque, bajo el argumento de que no contaban con viabilidad técnica confirmada. Esta directriz contradice sentencias previas de la Sala Constitucional e informes técnicos del propio SINAC.
El SINAC autoriza un “aprovechamiento forestal” en el sector de Gandoca. No hubo informe técnico independiente, ni dictamen ambiental actualizado. Según coordenadas incluidas en el expediente, el área corresponde a bosque natural primario.
El activista belga Phillipe Vangoidshoven fue atacado por denunciar la construcción ilegal tras alertar a autoridades sobre obras que violaban el régimen del refugio; fue interceptado y golpeado. La fiscalía archivó el caso. El SINAC, posteriormente, certificó la obra como conforme.
El 20 de abril de este mismo año, dio inicio la tala en el refugio luego de los permisos otorgados por SINAC y SETENA. Según el peritaje del Organismo de Investigación Judicial y reportes de vecinos en redes sociales, el 9 de mayo se comenzaron a ver camiones repletos de tucas de hasta 79 árboles de pilón, gavilán, panamá, sura, guácimo colorado, jobo, indio desnudo y javillo.
El 15 de mayo, la Fiscalía Ambiental realizó un allanamiento en la finca de Playa Manzanillo S.A., cuyo representante legal es un empresario de apellidos Pacheco Dent. Esta propiedad se encuentra dentro de un sector que anteriormente formaba parte del Refugio de Vida Silvestre, hasta que fue excluido por la Ley 9223 —impulsada por el diputado Wálter Céspedes—, la cual sustrajo más de 400 hectáreas de esa categoría de protección bajo el argumento de reconocer los derechos de los habitantes del Caribe Sur, según investigaciones de Semanario Universidad.
El 17 de mayo el presidente Rodrigo Chaves declaró en conferencia de prensa junto con el Ministro de Ambiente y Energía (MINAE) Franz Tattenbach lo siguiente: “Hay que tener un ojito a esto, porque es muy controversial, hay un señor Machore (Marco Levy Virgo) que le pondrá recursos de amparo o de inconstitucionalidad a cualquier cosa que huela a desarrollo en esa zona. Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de la provincia Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso. Ni hoteles de 5 estrellas, ni tampoco dejárselo a los monitos”.
Posterior a esta declaración, el ministro afirmó que el permiso de tala fue un permiso forestal normal.
Mediante el voto 2025-2281 , la Sala Constitucional declara inconstitucional la directriz del MINAE, señalando que la misma contravino el principio de legalidad ambiental, y que permitió excluir zonas protegidas sin base jurídica ni técnica. El fallo obliga a restituir las áreas al régimen de protección original y reitera que el refugio es indivisible y no puede ser reinterpretado de forma discrecional. El MINAE declara que considera esta una medida arbitraria y que van a realizar una apelación.
