Álvaro Cantillano Rolz
mayo 13, 2021
Pueblos indígenas de Nicaragua denuncian posible etnocidio ante la CIDH
Maldito País
julio 29, 2024
Existen diversos intereses económicos detrás de este posible etnocidio hacia los pueblos, como las concesiones mineras, ganadería extensiva, militarización y explotación de los bienes naturales.
Desapariciones y desplazamientos forzados, usurpación de tierras, criminalización de personas defensoras de derechos humanos, violencia contra las mujeres y homicidios. Estos son algunos de los hechos que se están intensificando desde el 2018 en territorio el Mayangna y Miskitu, de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Para las poblaciones indígenas, todos estos actos podrían constituir en un etnocidio en contra de las comunidades originarias.
Así lo denunciaron representantes de organizaciones defensoras de derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua como Fundación del Río, Raza e Igualdad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y representantes de los pueblos Mayangna y Miskitu, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la denuncia, desde el año 2018 se ha intensificado un proceso de «colonización» en territorios indígenas, agravado por la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Esta situación ha llevado a las comunidades a vivir en condiciones extremas, enfrentando violencia, desplazamiento forzado, pérdida de sus tierras y recursos naturales, así como la criminalización de sus líderes.
“Los colonos nos privan de nuestro alimento y explotan nuestros recursos naturales, usurpando los territorios indígenas por medio de actos de violencia armada y estrategias para romper nuestras formas de vida tradicional y la unidad indígena. Esto ha implicado la imposición de autoridades indígenas paralelas como una estrategia gubernamental para anular la autonomía indígena y controlar los recursos”, dijo la representante de la sociedad civil en la audiencia ante la CIDH, Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo.
Entre 2007 y 2022, el sector minero atrajo $2.524 millones en inversión extranjera directa, principalmente de origen chino, canadiense y colombiano. Según Rendel Hebertt López, representante indígena Ulwa Mayangna, se han establecido operaciones en los territorios Miskitu y Mayagna sin consultar a las comunidades indígenas. Las concesiones son concedidas por el Estado con respaldo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes presionan a la población indígena para obtener “su consentimiento”.
En los primeros 6 meses del 2024, estas organizaciones han registrado en más de 52 comunidades de dichos territorios, 643 casos de violencia a los derechos de los pueblos indígenas, con un total de 682 víctimas, siendo el 47 % mujeres y el 53% hombres. Los hechos incluyen quema de viviendas, amenazas, secuestros, torturas y asesinatos. Entre 2013 y el 2023, hay 75 casos documentados. Además, el 78 % de la totalidad del registro corresponde a agresiones ocurridas en territorios con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana y la Corte IDH.
Sobre la violencia contra mujeres indígenas, el informe de las organizaciones registra 35 casos de violencia sexual entre 2018 y 2023, aunque se cree que hay un subregistro debido al temor a la denuncia, especialmente entre adolescentes entre 13 a 18 años. Solo en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres de índole sexual, psicológica y física en 15 comunidades con medidas de protección.
“La violencia ejercida contra mujeres se ve ilustrada en recientes femicidios ocurridos en mayo y junio, en contra de mujeres Miskitu y una Mayangna. Así, la participación de las mujeres en la gobernanza y elecciones comunitarias se ve restringida por la represión, la persecución y la violencia sexual”, dijo Camila Ormar, abogada de Cejil, ante la CIDH.
Los colonos también secuestran a mujeres y niñas en terrenos invadidos, sometiéndolas a diversas formas de violencia, lo que a menudo resulta en embarazos que son utilizados por los colonos para reclamar derechos sobre tierras comunales, alegando que forman parte de las familias indígenas.
“Aparte de esto, las mujeres también cargan con el cuidado de hombres enfermos, con discapacidad y heridos por los ataques de colonos, así como familias en situación de pobreza extrema. Sin duda, los efectos de la magnitud de la violencia son la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de mujeres y niñas indígenas, alterando profundamente sus prácticas comunitarias al impedirles trabajar en parcelas, pescar, buscar leña o medicinas tradicionales, por temor a los ataques”, agregó Ormar. Enfatizaron que estos ataques sistemáticos en contra de las comunidades indígenas, perpetrados con la venia del Estado, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, inclusive en un etnocidio.
Las organizaciones también denunciaron que el régimen de Ortega continúa sin cumplir la última etapa de titulación de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y previsto por la Ley de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, lo que implica el saneamiento de 23 territorios indígenas y afrodescendientes, donde se ubican 304 comunidades que representan el 31.16 % de todo el territorio nacional.
“Concluir con esta etapa otorgaría seguridad jurídica a estos territorios, evitando la usurpación e invasión de tierras indígenas. Por el contrario, el Estado se aprovecha de esta situación promoviendo la inversión extranjera a través de la venta y arriendo ilegal de los territorios indígenas, impulsando una política extractivista con empresas forestales y mineras”, expresaron en la audiencia.
Las y los comisionados de la CIDH reaccionaron ante el informe presentado por la sociedad civil. El Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.
¿Por qué llamarlo “etnocidio?
Los colonos actúan en total impunidad ya que son aliados del gobierno, afirmó a HoraCero Rendell López, indígena mayagna Ulwa. Asegura que existen diversos intereses económicos detrás de este posible etnocidio hacia los pueblos, como las concesiones mineras, ganadería extensiva, militarización y explotación de los bienes naturales.
“Hay que recordar que, para los pueblos indígenas, nuestra farmacia está en la montaña, en el bosque, nuestra manera de subsistencia es el bosque, nuestra identidad descansa en la Madre Tierra y sin ella, lógicamente no está. Eso está siendo amenazado actualmente”, dijo.
Rendell considera que una de las mayores violaciones a derechos hacia los pueblos indígenas es la impunidad, ya que la falta de un Estado de Derecho en el país impide que las comunidades y las víctimas no accedan a la justicia.
“Todo el sistema judicial en el país está tomado por el partido de gobierno y tampoco hay organizaciones independientes, porque todas las organizaciones que atendían estos temas a favor de los pueblos indígenas, fueron eliminadas. Estamos totalmente en la indefensión y lo peor es que si nosotros alzamos nuestra voz, somos amenazados con cárcel, ahorita tenemos varios guardabosques e indígenas encarcelados”, dijo.
Rendell recordó que los pueblos indígenas viven un etnocidio desde la colonización del continente. “Para muchos pareciera que no existe, pero en Nicaragua, lamentablemente con el gobierno de Ortega, estamos viviendo situaciones de exterminio de nuestra gente”.
El representante del pueblo Mayangna considera que, con estas acciones, se amenaza la identidad y sobrevivencia de los pueblos, desde la seguridad alimentaria hasta su cultura y cosmovisión. De igual forma lo considera Camila Ormar, quien agrega que dentro de este etnocidio se suma la pérdida de la biodiversidad, la polución del agua y todas las consecuencias derivadas del despojo.
Justamente el despojo de los territorios es, para Ormar, una de las violaciones más constantes para los pueblos indígenas. Para ella, esto ha generado que, en lugar de proteger los derechos de las comunidades y de sus territorios, haya una política de cohabitación forzada entre los colonos, que son quienes generan los ataques, y las comunidades indígenas.
“Esto a pesar de las amenazas que se han documentado, a pesar de las agresiones y los asesinatos. Si tuviera que nombrar una, el despojo de los territorios sería una de las principales violaciones a derechos humanos que desencadena todo el resto de ataques que hemos mencionado, en contra de las comunidades indígenas y que también afecta sus medios de vida y sus formas de vida colectiva”.
Ante esta grave situación, las organizaciones demandan a la CIDH cumplir plenamente con las medidas de protección para las 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, y exigir la liberación de manera inmediata a todas las personas detenidas por motivos políticos; garantizar el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones destinadas al despojo de sus territorios, y poner fin a la criminalización.
También demandaron que se aseguren los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, con un enfoque particular en el saneamiento de sus territorios. Finalmente, instaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a fortalecer las políticas de condicionamiento al proporcionar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua y a las empresas, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente en relación con los pueblos indígenas, y garantizando el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
Krissia Girón
Productora radiofónica y audiovisual, periodista y comunicadora feminista de El Salvador. Editora a cargo de la sección Tierra Rebelde en HoraCero.
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