En temas de bosque, el programa insigne de la administración Castro es el Programa Padre Andrés Tamayo. El cual tiene como objetivo⁴: “Impulsar la restauración de paisajes degradados y deforestados, la protección hídrica y conservación de bosques en 24,000 hectáreas en al menos 150 municipios para una mejora del bienestar de las comunidades”. De igual forma, pretende: a) intervenir con procesos de restauración forestal en 8,000 hectáreas con técnicas de reforestación y 15,000 hectáreas de protección de la regeneración natural, b) producir al menos 10,000,000 plantas para la reforestación con especies maderables y frutales, c) implementar Sistemas Agroforestales (SAF) Comunitarios en 1,000 hectáreas degradadas, ubicadas en áreas nacionales asignadas bajo esquemas de forestaría comunitaria, para generar mejoras en las condiciones económicas, ambientales y sociales de los beneficiarios, d) restaurar y conservar áreas de microcuencas y áreas protegidas en zonas prioritarias para mitigar los efectos de la perdida de cobertura boscosa, con la participación comunitaria y promoviendo la generación de empleo rural y,  e) realizar operaciones de detección, control y seguimiento sobre actividades ilegales a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Delito ambiental. 

Alrededor de esas distintas acciones en temas ambientales, la tensión por la disputa de los bienes comunes de la naturaleza continúa. Un informe publicado por el CESPAD titulado: “Conflictos ambientales en Honduras: aumento relevante de la violencia comunitaria y ecológica en el último semestre del 2023” confirma el aumento de la conflictividad socioambiental. Este documento indica que dicha conflictividad está motivada por la instalación de 8 represas hidroeléctricas, 7 empresas mineras, 21 de tipo agrario relacionado a proyectos de monocultivo y tenencia de tierra, 3 por temas forestales, 1 proyecto de energía fotovoltaica, 1 proyecto de energía termoeléctrica, 1 por infraestructura y 1 productos de los efectos de cambio climático en el último semestre del 2023.  

Estos proyectos se ubican en 10 departamentos del país y, en su mayoría, involucran los siguientes bienes comunes de la naturaleza:

1. 1. Agua: La actividad extractiva para asegurar su funcionamiento altera la dinámica del agua en los territorios. En ese sentido se recurre al represamiento, el desvío de las fuentes, acaparamiento, aumento de temperatura y contaminación de fuentes de agua. 
   2. Tierra: La desigualdad histórica que es la distribución de la tierra que es la ausencia de una efectiva reforma agraria. Este conflicto se evidencia en la promoción de los monocultivos que contribuyen al desgaste de la tierra por el uso de químicos para la producción.
   3. Bosque: la instalación de cualquier empresa extractiva requiere como condición la deforestación (expresión máxima). Cada uno de los conflictos manifiestos durante el segundo semestre del 2023, han involucrado la devastación de los entornos naturales sin una capacidad de retornar a su posición inicial y con ello, la destrucción de la biodiversidad en los territorios.

Para responder a la pregunta inicial de este texto, se esbozará uno de los esfuerzos relevantes en términos de gestión de conflictividad en el país. Y es que a través de la Dirección de Gestión Preventiva de Riesgo de Violaciones a DD. HH. y Conflictividad Social de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), se instala la Mesa Nacional Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales (MNIPACS), que, a su vez, ha generado estructuras a nivel departamental con representación – como lo indica su nombre – de distintas instituciones cuyas competencias están relacionadas a temas ambientales, sociales y de protección. 

De acuerdo a la SEDH, la MNIPACS es un espacio para el análisis y abordaje de la conflictividad nacional en materia de tierra, territorio y migración, en especial del impacto que esto crea en las poblaciones altamente vulnerables, brinda soluciones y da seguimiento a los conflictos de manera articulada. Y a través de esta estructura, se elaboró en noviembre del 2023 el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para el Abordaje de Conflictos sobre Tierra, Territorio y Ambiente, con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH)⁵. 

También se elaboró el protocolo de abordaje para la conflictividad y desalojos forzados con el objetivo de dar atención y seguimiento de forma articulada a los casos de desalojos de Pueblos Indígenas y Afros. Para noviembre de 2023, se habían instalado 16 Mesas Departamentales Interinstitucionales de Prevención y Abordajes de Conflictos Sociales para dar respuesta a las problemáticas en asuntos de tenencias de tierra⁶. La instalación de este tipo de Mesas es relevante en un contexto como el de Honduras porque con las distintas coordinaciones con otras instituciones y organizaciones, el diálogo y puesta en la discusión las distintas miradas de la conflictividad en sus diversas modalidades se vuelve un ejercicio constante.  El trabajo coordinado entre instituciones y los ejercicios de seguimiento son requeridos para generar soluciones más integrales y de garantía de derechos de los sectores involucrados en los conflictos.  Permite consolidar agendas de abordaje de conflictos y protección de las víctimas en contextos de violencia y militarización.  

A pesar de ser un esfuerzo coordinado, es importante acotar algunas reflexiones sobre este tipo de abordaje y lo que se podría sugerir a la actual administración de la Presidenta Xiomara Castro. Es necesario fortalecer el análisis del componente ambiental en los estudios de conflictividad desde la perspectiva institucional. Se requieren investigaciones académicas más robustas, para comprender la fractura ecológica provocada por el modelo extractivo actual en Honduras y proponer nuevas formas y marcos normativos para abordar la Naturaleza, que también son un conflicto interespecie.

La incorporación de otras organizaciones comunitarias, sociales y ambientales fortalecerían la legitimidad y recobrarían la confianza en las instituciones que gestionan actualmente la conflictividad. Para que la institucionalidad asuma un rol relevante en la gestión de lo ambiental, es sumamente relevante el aumento al presupuesto a nivel nacional. Ha sido pieza clave de modelos conservadores desmantelar lo público, precisamente para relevar el papel de la empresa privada. Pero en contextos como los actuales, la voluntad política de transformar el actual modelo también se expresa en la asignación presupuestaria para formación y capacitación de personal, logística, entre otros.