En una extensa entrevista con la revista Time, el presidente (inconstitucional) de El Salvador, Nayib Bukele, habló sobre el régimen de excepción, una medida de seguridad que ha encarcelado a más de 70 mil personas presuntamente vinculadas a pandillas. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la captura arbitraria de más de 7 mil personas inocentes, casos de tortura y 311 personas fallecidas bajo custodia del Estado, en el marco de esta medida. Bukele negó las denuncias.

En esta entrevista, Bukele aseguró que el país no está listo para que el régimen de excepción sea eliminado. Sin embargo, no descartó que la medida pueda ser levantada “a la brevedad posible”. 

“¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos listos para quitarlo, pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno, cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción”.

Para ello, dijo Bukele, se necesita remover a la mayor cantidad de pandilleros posible. “Si nosotros removemos más pandilleros de la calle ya no van a tener suficiente para cohesionarse de nuevo, porque si hay 3,000, 4,000 pandilleros no tendrán suficiente para armar cuatro pandillas. Es difícil. También no es como que vamos a quitar la Policía. Siempre, en algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”.

Según datos de Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y organismos internacionales, existen alrededor de 7 mil denuncias de capturas arbitrarias de personas que no tenían vínculos con pandillas. Además, hasta la fecha se contabilizan 311 muertes de personas privadas de libertad, fallecimientos que han sucedido bajo custodia del Estado Salvadoreño. 

Las organizaciones han documentado también testimonios sobre torturas: golpes, acoso, violaciones y otras situaciones dentro de las cárceles salvadoreñas. Sin embargo, Bukele aseguró que no existen pruebas de este tipo de hechos. Además, desestimó la responsabilidad del Estado en cuanto a las muertes dentro de las cárceles, asegurando que estas se dan por “alguna enfermedad”. 

“Los que hablan de muertes en las cárceles o de torturas, no hay ni una tan sola prueba de tortura y las muertes en las cárceles, nuestras tasas de muertes son bastante bajas. Es cierto, ellos dicen, los organismos internacionales que las cifra no es falsa, sino la narrativa. A veces hay cosas que son media verdad. Suena a verdad, tienen datos para corroborarlos, pero no se ha puesto a la luz de cómo son las cosas”.

Agregó: “Claro, cuando alguien dice 300 muertos en las cárceles, suena a mucho porque son 300 vidas humanas que así sean culpables, pero no es para matarlos, pero es que la gente en la cárcel no se blinda de la muerte, la gente muere afuera y adentro. Hay enfermedades, algunos mueren de vejez, algunos mueren de una enfermedad, de algo”.

Samuel Ramírez, defensor de derechos humanos y miembro del MOVIR, expuso a HoraCero las preocupaciones crecientes sobre las violaciones a los derechos humanos y el descontento popular que se está gestando frente a la administración actual. La presión internacional sobre las violaciones a los derechos humanos, expresó, ha alcanzado niveles muy graves y está afectando la imagen del régimen de Bukele. Según él, mientras que al inicio del régimen de excepción había una percepción de aprobación sobre la medida, hoy en día la opinión pública ha cambiado significativamente.

“Hace un año, la percepción era que el régimen era necesario y efectivo,” comentó Ramírez. “Ahora, mucha gente reconoce que el régimen ha sido positivo para la seguridad, pero no acepta las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante su implementación. El descontento está creciendo.”

Ramírez también mencionó el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reiteró los señalamientos de capturas arbitrarias y violaciones al debido proceso. Según el informe, la situación de los derechos humanos en El Salvador es alarmante, y las capturas arbitrarias y el colapso del sistema judicial son problemas serios que persisten.