Referéndum y Ley Jaguar en Costa Rica: entrevista con Carolina Ovares 

Maldito País

junio 18, 2024

Hora Cero

En esta entrevista hablamos con Carolina Ovares, politóloga y socióloga costarricense, sobre el referéndum que podría llevarse a cabo en Costa Rica. Analizamos las principales reacciones de la sociedad y también las posibles consecuencias de una reforma a la Contraloría, donde según señalan expertos podrían haber roces de constitucionalidad

HoraCero: ¿Cómo surgió toda esta polémica del referéndum en Costa Rica? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones dentro de la sociedad costarricense?

Carolina Ovares: Se empezó a hablar en la agenda pública sobre la intención de que en Costa Rica se lleve a cabo otro referéndum debido a  las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez en su informe de rendición de cuentas, que tiene que dar anualmente frente al Congreso de la Asamblea Legislativa. Esto sucedió el 2 de mayo. A raíz de esta declaración, ya de manera más directa el presidente señaló  que tenía una intención de convocar ciertos temas al referéndum. Entonces los medios de comunicación empezaron a replicar y a recordar qué era el referéndum y  cómo está establecido en la normativa a nivel costarricense. El 5 de junio el presidente fue a la Asamblea Legislativa a presentar su propuesta, porque en Costa Rica el Ejecutivo no puede convocar a un referéndum de manera directa, requiere necesariamente el apoyo del Poder Legislativo si es que lo convoca el Ejecutivo, otra cosa es si lo convoca la ciudadanía.

HoraCero: El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, catalogó en su momento la iniciativa de Chaves como “una medida caprichosa y vengativa”. ¿Cómo están las relaciones entre los poderes de Costa Rica?

Carolina Ovares: El presidente Chaves ha tenido y sigue teniendo una narrativa confrontativa con el objetivo  de desprestigiar lo que hacen otros actores políticos, otras instituciones, principalmente cuando se oponen a los proyectos que quiera realizar. Entonces ha tenido una relación conflictiva con ciertos actores. Por ejemplo con la Asamblea Legislativa, con ciertas redacciones, con ciertos partidos políticos y ciertos  diputados o diputadas.  Con Rodrigo Arias -que es el presidente actual del Poder Legislativo- tiene también una relación tensa.  A pesar de eso, se tienen que reunir y llegar a acuerdos.  Esas declaraciones surgieron antes de que se presentara directamente la propuesta,  en ese momento no se sabía cuáles eran los proyectos de ley en concreto. Chaves había señalado que quería ciertos temas, como las jornadas 4×3, Ciudad gobierno, la apertura del mercado eléctrico, etcétera.

Ya una vez que se conoció directamente el proyecto que se denominó como “Ley Jaguar” empieza otra lógica, porque ya ahí está algo directamente presentado. Entonces también le corresponde a la Asamblea Legislativa tomar acciones, porque para que esto pueda ser convocado tiene que tener el apoyo de 29 diputados y diputadas. En eso están, ya están sentándose a negociar.

HoraCero: Entendemos que el referéndum no sustituye la democracia representativa pero que la complementa, entonces ¿Cuál es el rol principal de esta figura en la democracia costarricense? ¿Qué otros casos hemos visto en Centroamérica?

Carolina Ovares: Es importante señalar que el referéndum es un mecanismo de democracia directa. Se va a votar como cuando uno va a votar por representantes, por el presidente o diputados. Vamos a las urnas a votar un voto secreto y directo, por eso es un mecanismo de democracia directa.  

Lo principal es entender el referéndum como un mecanismo de democracia directa y una instancia de decisión sobre cuestiones políticas. En el caso específico de Costa Rica se decide la aprobación o no de un proyecto de ley.  La única experiencia que tuvimos fue en el 2007 cuando se decidió sobre el Tratado de Libre Comercio. Es un mecanismo que complementa lo que ya tenemos en nuestras democracias representativas, entonces no compite con el Poder Legislativo porque la potestad de legislar no solo está en el Congreso, también está en la ciudadanía. Una posición más profunda es que también es una forma de cómo hacemos democracia, es un derecho político que se tiene. 

Uruguay o Ecuador son países de América Latina donde tienen una tradición mucho más antigua, hace más de 100 años  que tienen esos ejercicios democracia directa.  A nivel de América Central, a diferencia de América del Sur o incluso México que también ya tenía algunas experiencias, hay pocos ejercicios a nivel nacional. Panamá ha tenido referéndum porque ellos y ellos tienen la obligación de convocar a consulta para cualquier modificación que se haga sobre el Canal de Panamá. Guatemala tuvo una experiencia para temas limítrofes con Belice que fue un ejercicio de democracia directa. El resto de los países centroamericanos no se suman a esta tradición de tener esos ejercicios. Los regulan la mayoría de ellos, pero no no han sido empleados.

HoraCero: ¿Qué tipo de referéndum estamos viendo?

Carolina Ovares:  Los referéndum se pueden clasificar por quién los propone, quién los convoca. Según la literatura hay referéndums “desde arriba” o “desde abajo”. Desde arriba se refiere a cuando es convocado por  élites políticas, por ejemplo si se hace de manera conjunta con la Asamblea Legislativa. “Desde abajo” es cuando la ciudadanía solicita la una consulta popular de un proyecto, pero para eso se quiere recolectar firmas. En el caso costarricense es 5% del padrón electoral, que actualmente son como 180 000 firmas que se requiere recolectar en un plazo de tiempo para poder convocar el referéndum.

HoraCero: Una de las cosas que más ha levantado las alertas de este proceso es la posible reforma de la Contraloría. Queríamos saber un poco en qué consiste y cuáles son estos proyectos que están en la propuesta propuesta de la Ley Jaguar.

Carolina Ovares: Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue que en un proyecto de Ley presentó la posibilidad de consultar para que se modifiquen varias de ellas ya existentes. La que ha generado mucho más noticia y que se movió más es porque quieren modificar la ley de la Contraloría General de la República, pero también tiene otra sobre Ciudad gobierno, sobre Japdeva…

Entonces en este proyecto hay varias modificaciones de leyes distintas. Existen diversas posiciones que han tenido análisis señalando posibles roces de constitucionalidad, porque por medio de una Ley ordinaria no sería constitucional reducir las potestades de la Contraloría, y desde este tipo de lecturas lo que dicen es que una de las principales consecuencias que tiene este proyecto del Poder Ejecutivo es restarle potestades a la Contraloría General de la República, este órgano que se ha desarrollado en Costa Rica para el control de los recursos y de la Hacienda Pública. Entonces desde esta lectura ya se ha señalado  un posible roce de constitucionalidad, lo señaló como “posible” porque quien va a tener la última palabra en estos temas posiblemente sea la Sala Constitucional, que va a decidir sobre la constitucionalidad o no del contenido de este proyecto de Ley.

HoraCero: ¿Qué podemos esperar en estos días?

Carolina Ovares: Sí, hay varias lecturas que se pueden hacer del proceso. Actualmente hay una lectura que se puede hacer sobre la intención del Poder Ejecutivo de convocar o de solo mantener ciertos temas en agenda en opinión pública y lograr colocar una la marca Jaguar, que eso es algo que hay que pensarlo también para la lógica electoral del 2026 más. Incluso la ministra de la presidencia Natalia Díaz dijo que tenían dudas de la constitucionalidad de los temas. Hay dudas de hasta cuándo va a torcer e intentar este incidir o no el Ejecutivo en que se convoque el referéndum, los diputados son los que tienen decidir si se convoca. En una reunión de jefatura señalaron como fecha para la decisión el 25 de junio. Entonces asumimos que después del 25 de junio también realizan las consultas a la Sala Constitucional y tienen un mes para resolver, después de eso estaríamos en julio o agosto ya con otro tipo de información para ver hasta dónde se va a lograr o no la convocatoria.

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