Reformas a la Constitución en El Salvador: un peligro para los derechos fundamentales
Maldito País
mayo 13, 2024
Las y los diputados de la legislatura 2021-2024, aprovecharon su último día de funciones para hacer lo “impensable”, como lo han catalogado algunos expertos: aprobaron un acuerdo de reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, para eliminar los límites establecidos y contrapesos que evitan la modificación de esta ley suprema.
El artículo expresa que la Carta Magna puede reformarse con el voto de la mitad más uno de la Asamblea Legislativa, y ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de dos tercios de los diputados electos. El acuerdo de reforma aprobado el pasado 29 de abril, el último día de la legislatura saliente, permite que una reforma a la Constitución pueda ser ejecutada por cualquier legislatura, sin esperar a la siguiente para ser ratificada, creando así una Constitución a la carta de la fuerza política mayoritaria actual.
El diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, propuso modificar la agenda de la plenaria para introducir la propuesta de reforma al artículo, el cual agrega que cualquier reforma a la Constitución puede ser ratificada por la Asamblea siguiente o por la misma legislatura, con el voto de tres cuartas partes. El documento fue firmado por 10 diputados del partido oficialista. Para que este acuerdo entre en vigencia, debe ser ratificado por dos tercios de la legislatura 2024-2027, que fue electa el pasado 3 de marzo y tomó posesión del parlamento este 1 de mayo.
Las y los diputados de Nuevas Ideas argumentaron que no quitaron ninguna línea al artículo 248. Por el contrario, se agregaron solamente 14 palabras y, con ello, “un candado más” y una opción más a las formas de reformar la Carta Magna. La diputada Suecy Callejas expresó que todo lo que sale de la Asamblea Legislativa es “legal y constitucional”, y que “la gente ha exigido reformas constitucionales y le estamos cumpliendo”. Por su parte, el jefe de la bancada Cyan, Christian Guevara, sentenció en su intervención durante la plenaria: “Aquí la mayoría manda, les guste o no les guste”.
#Plenaria154✍🏻 “El pueblo desde que nos eligió sabía que era necesario refundar nuestro país. La reforma constitucional era inevitable y así lo expresamos de frente al pueblo salvadoreño. Todo lo que sale de esta Asamblea es legal y constitucional”, diputada @suecallejas. pic.twitter.com/ZQs39VfbEU
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) April 29, 2024
Por su parte, diputadas y diputados de otros partidos políticos no aliados con el oficialismo se mostraron preocupados por dicha reforma que coloca a la Constitución de la República al mismo nivel que cualquier otra ley, con la posibilidad de modificarse en cualquier momento y según el criterio de la fuerza mayoritaria que se encuentre en el poder.
Claudia Ortíz, diputada del partido VAMOS, recordó que la Constitución está hecha para salvaguardar los derechos del pueblo y para poner límites al poder. “Las únicas modificaciones admisibles deberían ser para dar más derechos a la gente o para ponerle límites al poder. Y que el poder tenga límites es necesario”.
“¿Qué pasa si en la próxima legislatura, estos diputados se quieren auto-recetar un periodo legislativo de más años? ¿Qué contrapeso los detendrá? Los diputados estamos llamados a ser representantes del pueblo. Pero quienes hoy votan a favor de estas reformas no son el pueblo”, expresó.
Estas reformas significan que la norma más alta del país puede ser cambiada de un día para otro. En otras palabras, ya no habrá leyes que se cumplan, sino que se hará la voluntad de un grupo de poder. Y que el pueblo no podrá pasarle factura en las elecciones. pic.twitter.com/sk0iVKHWTh
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) April 29, 2024
Durante la misma plenaria, la diputada Claudia Ortíz propuso modificar la agenda para ingresar la ratificación de la reforma a los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, para incorporar el derecho humano al agua como un derecho constitucional de las y los salvadoreños. Este acuerdo de reforma se aprobó en la legislatura 2018-2021 y debía ser ratificada por la legislatura 2021-2024 con un mínimo de 56 votos. Sin embargo, fue rechazada por la bancada de Nuevas Ideas y sus partidos aliados, y sólo obtuvo 8 votos.
Al respecto, Ortíz expresó que la Constitución está hecha para garantizar los derechos de la ciudadanía, por lo que lamentó que las “prioridades” de la bancada mayoritaria no estén enfocadas en este aspecto. “En este último día de legislatura, se les cae el último pedazo de la máscara a ustedes”.
Pudieron cambiar la Constitución para darle más derechos a la gente
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) April 30, 2024
Pero eligieron recetarse más poder ❌ pic.twitter.com/pBx2YneFoP
Diferentes organizaciones se pronunciaron ante la aprobación del acuerdo de reforma constitucional. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, expresó a través de un comunicado que el hecho que una sola legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales es “banalizar la ley máxima del Estado, es someterla a las veleidades del poder total, para fortalecerlo en detrimento de los derechos del pueblo, de la institucionalidad del Estado y de la endeble democracia que teníamos en construcción”.
Por su parte, organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, IDHUCA, Acción Ciudadana, Cristosal, entre otras, rechazaron la aprobación del acuerdo de reforma y sentenciaron que con la acumulación de poder por parte del oficialismo “deja a los salvadoreños y salvadoreñas sin defensa ante los abusos por parte del Estado y a expensas de las decisiones de un partido político”.
Amnistía Internacional mostró preocupación ante el impacto negativo que podría tener esta reforma constitucional sobre el respeto de los derechos humanos a futuro y la limitación de las oportunidades para que las personas participen en asuntos públicos. A través de un comunicado, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que durante los últimos tres años, la super-mayoría del oficialismo en la Asamblea Legislativa ha sido una pieza clave que posibilitó, entre otras cosas, “la erosión de la independencia judicial, el debilitamiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas, violar sistemáticamente las garantías del debido proceso y suspender por 26 meses consecutivos derechos que, de acuerdo con los estándares internacionales, deben garantizarse bajo cualquier circunstancia”.
“Frente a esta situación, surge la preocupación legítima de que esta reforma constitucional pueda abrir la puerta a futuras modificaciones normativas en la Carta Magna que tiendan al menoscabo de los derechos humanos en la legislación nacional”.
Derechos fundamentales en peligro
Jonathan Sisco es abogado constitucionalista y parte de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Él explica a HoraCero que la reforma al artículo 248 es violatoria de la misma Constitución, ya que se está modificando un artículo pétreo, es decir, una cláusula a perpetuidad plasmada en la Carta Magna que no pueden reformarse a menos que sea para para proteger de mejor forma un derecho fundamental o para ampliar un catálogo de derechos fundamentales.
Sisco explica que para proteger a la Constitución y al sistema por el que se rige el Estado, se establece un mecanismo de reforma que implica dificultad, un proceso propio que no permite modificar dicha ley suprema sin un amplio consenso de las fuerzas políticas del país. “La nuestra es una constitución rígida, por lo tanto el proceso de reforma se da en dos Asambleas Legislativas diferentes, debe pasar un transcurso de tiempo y en medio de las dos asambleas, hay elecciones. Eso es sumamente importante, porque el voto tiene un carácter refrendario, la voluntad del pueblo soberano en las elecciones incide en los procesos de reforma constitucional, esa es una consecuencia. La segunda es que la Constitución no puede ser manipulada por fuerzas políticas que tengan mayoría parlamentaria coyuntural, se necesita que una fuerza política tenga en un lapso muy grande de tiempo apoyo popular para que pueda cambiar la Constitución”, indicó.
En otras palabras, la Constitución se “autoprotege” para que ningún político pueda manipular la institucionalidad ni hacer cambios regresivos en derechos constitucionales. Forcejear estos candados, apunta Sisco, deja en grave condición vulnerabilidad a la Constitución misma y al catálogo de derechos fundamentales reconocido y protegido, ya que en las cláusulas pétreas se protege el núcleo esencial de una constitución, la historia de un pueblo, la forma y sistema de gobierno.
El derecho fundamental en peligro con la reforma al artículo 248, según el abogado de Cristosal, es el derecho al sufragio y el respaldo que la población da a través del voto a sus representantes y las decisiones que toman en el parlamento. Con el proceso vigente, en la primera Asamblea se aprueba la reforma y se discute, es decir, se da a conocer al pueblo. Al finalizar la legislatura, se desarrolla el proceso electoral para elegir a una nueva Asamblea que ratificará estos acuerdos. Lo que se anula, con la actual reforma, es la parte informativa hacia la población.
“Si se permite este cambio, después van a poder cambiar cualquier artículo de la Constitución porque ya no hay límite. Pueden proponer con esto, permitir la reelección indefinida del presidente, pueden cambiar la Corte Suprema de Justicia. Lo que se va a venir ahorita es el cambio del Tribunal Supremo Electoral para qué para que Nuevas Ideas elija a los cinco magistrados. Puede cambiar toda la Constitución a su gusto de forma exprés. El lunes presentan el acuerdo de reforma, el miércoles llaman a otra asamblea y lo ratifican. Va a ser más fácil aprobar una reforma constitucional que cocinar una sopa maruchan. Si rompen el límite del 248, la Constitución se convierte en letra muerta porque la van a poder reformar como cualquier otra ley, ya no será una ley suprema, sino una ley común y corriente”.