KaryVal
junio 30, 2023
Abajo las fronteras, nadie es ilegal por Cindy Espina
En conferencia de prensa el pasado 26 de septiembre el presidente Rodrigo Chaves de Costa Rica habló de poner “mano dura” contra quienes se “comporten mal” la declaración se da en el marco del decreto presidencial que pone al país en Estado de Emergencia Nacional, por la crisis migratoria que atraviesan en su frontera sur, con cifras que superan el tránsito de 300 000 migrantes con rumbo a Estados Unidos en lo que va de 2023 .
Con este decreto se permite a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tomar una serie de medidas administrativas, operativas y económicas para abordar esta crisis migratoria, asimismo se impulsan «procedimientos más ágiles para apoyar las labores de las instituciones relacionadas con la protección de las familias que ya se encuentran en las fronteras y la garantía de un tránsito seguro hasta su siguiente punto de la mano de las instituciones», informó la Casa Presidencial en un comunicado.
La medida fue anunciada después de la detención de al menos 25 migrantes en la frontera sur tras un enfrentamiento con agentes de policía que trataban de evitar ventas ambulantes en la zona, lo que generó disturbios y polémicas en el país.
Las medidas del decreto:
Los datos oficiales de Costa Rica indican que en lo que va del 2023 han ingresado por la frontera con Panamá 320 110 migrantes, de los cuales 214 146 (68 %) son venezolanos, seguidos por 37 156 ecuatorianos; 21 255 haitianos; 16 294 chinos; 8 851 colombianos; 2 593 chilenos; 2 536 indios; 2 413 afganos; 2 144 peruanos y 12 722 de otras nacionalidades.
Así mismo en lo que va del año en Costa Rica hasta el mes de agosto han solicitado la condición de refugiado 26.723 personas, de las cuales el 84% de las solicitudes corresponden a nicaragüenses, el 7% a cubanos y el 5% a venezolanos.
Ante la crisis migratoria ambos gobiernos ofrecen el traslado de un punto hacia otro, pero en ningún momento hablan de protección y otorgamiento de garantías que permitan un tránsito seguro y sobre todo digno, tampoco incluyen en sus planes opciones de protección como la condición de refugiado u otras alternativas de regularización que garanticen una oportunidad para las personas migrantes que prefieran no continuar el tránsito migratorio.
El problema también radica en que los países de la región latinoamericana no tienen una estrategia articulada que dé respuesta a la situación de crisis humanitaria desde un enfoque de derechos humanos, los gobiernos de la región están dando respuestas unilaterales y bilaterales que les permitan “salir del problema de la migración” y lanzar la responsabilidad al siguiente país por donde transitan. Esto lejos de colaborar, empeora la crisis que viven quienes están migrando bajo condiciones de inseguridad, rechazo y múltiples trabas de los sistemas migratorios en todo el continente.
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