La memoria de Juan cuestiona la distancia entre un partido político (como opción progresista) y el movimiento social, pero aún más, la cooptación de la administración de justicia que permanece al servicio de los intereses privados y la influencia del crimen organizado.
El historiador Héctor Lindo alerta que la manipulación de la historia es común para justificar la concentración del poder, con el objetivo de “crear una realidad alterna en la que la dictadura se presenta como la mejor solución a los problemas”.
Today, over three decades later, a new generation that was born into democracy is, ironically, facing the same dilemma as UNO. It is confronting the same political party, still led by Daniel Ortega as the perennial candidate of the FSLN.
La última víctima de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, es un antiguo camarada. El excomandante Bayardo Arce mantiene un estatus de casa por cárcel, luego de que su vivienda y oficinas fueron allanadas por la Policía Nacional. El patrón ha sido aplicado a otras figuras centrales del régimen y también disidentes.
Hoy y después de tres décadas, una nueva generación, la nacida en democracia, atraviesa la misma encrucijada que la UNO, enfrentando al mismo partido político con Daniel Ortega a la cabeza como eterno candidato del FSLN.
As in the case of the women of Sepur Sarco and other historical processes, this trial reveals the use of sexual violence as a mechanism of subjugation and oppression of women and their communities by the Guatemalan armed forces. The trial is expected to end at the end of March.
A lo largo de estos 7 años la dictadura ha intentado, de forma sistemática, acabar con la empatía de un pueblo al bombardearlo con abusos, privaciones y violencia.
Nicaragua. Abril. 2018. Un estallido social sin precedentes. Rabia, organización, solidaridad. Crímenes de lesa humanidad. Más de 350 personas asesinadas. Más de 800 mil exiliadas. Incontables vidas destruídas, muchas más lágrimas derramadas y otras que todavía no han podido llorarse. De eso va esta reflexión, para contribuir a lo que Judith Butler llama “un imaginario político de una igualdad radical de la duelidad”. Columna originalmente publicada en La Digna Rabia
El magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, continúa con un proceso judicial pendiente en el Juzgado Cuarto de Instrucción. Tutela Legal solicitó este año, el día de su aniversario, elevar el caso a plenario y se instale la vista pública contra Álvaro Saravia, y se le condene en ausencia como uno de los autores intelectuales.
Al igual que en el caso de las mujeres de Sepur Sarco y otros procesos históricos, este juicio revela la utilización de la violencia sexual como mecanismo de sometimiento opresión hacia las mujeres y sus comunidades por parte de las fuerzas armadas Guatemaltecas. Se prevé que el juicio termine a finales de marzo.
El Salvador llega a los 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz con dos personas clave en esta negociación acusadas de diversos delitos. Uno de ellos detenido por actos de terrorismo y rebelión; otro, apeló recientemente una órden de captura por “encubrimiento personal” de los imputados en la masacre de El Mozote. Mientras esto sucede, miles de víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, continúan demandando verdad, justicia y reparación a un Estado que, a juicio de organizaciones sociales, ha institucionalizado la impunidad. ¿Es la justicia por los delitos del conflicto una prioridad para el gobierno o una excusa para la venganza política?
Ni siquiera Humberto Ortega se salvó de la crueldad y el horror que han desatado Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el país de las maravillas de Nicaragua, Humberto muere al mismo tiempo como criminal y como víctima, reflejo claro de la polarización política del país.
