En años anteriores, otras caravanas se han organizado con motivo de la Semana Santa, denunciando y exigiendo un cese a las políticas migratorias crueles que violentan sus derechos humanos. La caravana de este año lleva consigo una cruz de madera y una manta con la consigna “asesinos de migrantes pobres”, convertida en su símbolo para seguir caminando por la carretera federal que conduce a Tapanatepec en el Estado de Oaxaca.

Su demanda frente al Gobierno mexicano es clara: que les otorguen libre tránsito para salir del Estado Chiapas y continuar a su destino final: Estados Unidos, asimismo han solicitado a las autoridades mexicanas que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)  no les detengan en su recorrido y retiren los retenes de carretera. 

En Tapachula -ciudad fronteriza con Guatemala- es donde principalmente aguardan a la espera de respuesta del INM y la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado (COMAR) miles de migrantes que cada año se estancan, obligados por las autoridades a no moverse a otras ciudades, bajo amenazas de detención migratoria por falta de un permiso de tránsito y la consolidación de su proceso para obtener la condición de persona refugiada -condición que obliga a la persona a esperar respuesta en el Estado donde inicia su solicitud de refugio-.

Dado este contexto, Tapachula está colapsado, con servicios públicos limitados para responder  a las necesidades básicas de las personas migrantes, sin mucho acceso a trabajos temporales y con un sinnúmero de necesidades que cada vez pesan más para quienes inician su tránsito migrante desde México. 

Desde 2018 las caravanas migrantes surgieron como respuesta a estas políticas migratorias crueles. Año con año se organizan varias, en su mayoría desde esta ciudad fronteriza donde empieza su calvario. Aunque las autoridades ya tienen medido que en el camino logran desintegrar a los grupos bajo el otorgamiento de permisos temporales de tránsito, engaños y falsas promesas que conducen a su detención migratoria.