Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
–Queremos platicar con los 4 líderes, dijo uno de los policías a los miembros de la comunidad El Bosque, entrada la noche de aquel lunes 12 de mayo.
El grupo de agentes había asediado la concentración pacífica de más de 150 personas de la comunidad desde la mañana. El objetivo era pedir ayuda al presidente de El Salvador, en su propia casa ubicada en el residencial privado Los Sueños, para detener un desalojo que dejaría sin vivienda a unas 300 familias.
La respuesta: esa noche por primera vez salió la Policía Militar a las calles, algo que no pasaba desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992.
–¡Aquí nadie es líder, todos venimos por la misma causa!, respondieron los miembros de la comunidad a los policías, quienes exigían “hablar con los líderes”. La comunidad se mostró sorprendida por el gran despliegue represivo: la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, personas de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y agentes de la Policía Militar. Algunos medios contabilizaron casi 100 efectivos de seguridad para una manifestación pacífica en la que se encontraban niños y niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. Esa noche se preparaban para realizar una vigilia y continuar exigiendo el cese del desalojo en El Bosque.
Las familias atravesaron un periplo para llegar ese mediodía a la rotonda ubicada entre los kilómetros 12 y 13 de la carretera al Puerto de la Libertad, justo en la entrada a la Residencial Los Sueños, ahí donde vive el presidente Nayib Bukele y su familia, el mismo lugar donde el mandatario construye una residencia presidencial valorada en 1.4 millones de dólares. La gente de la comunidad salió a las 6 de la mañana. A esa hora, la policía detuvo el transporte y colocaron retenes, impusieron multas y decomisaron las tarjetas de circulación de los conductores. Fue entonces cuando decidieron recorrer más de 7 kilómetros a pie para llegar al punto de encuentro, frente a la casa del “presidente más cool del mundo”. Ni los retenes ni las amenazas de captura detuvieron a las personas que se dirigían a la concentración.
Ya en el lugar, colocaron carteles, muchos de ellos hechos a mano, para pedir ayuda al presidente. También instalaron sillas, mesas y hamacas para el descanso de las madres con sus bebés y personas de la tercera edad. Esta atmósfera pacífica y hasta familiar, luego sería deformada por la narrativa oficial, los medios de comunicación del gobierno y sus decisiones políticas, los cuales se encargarían de criminalizar a varios miembros de la comunidad.
Entrada la tarde llegaron los medios comunitarios como Bálsamo Radio y TV, ARPAS y el Kolectivo San Jacinto, que transmitieron los detalles en vivo en sus redes sociales. Las entrevistas que realizaban estos medios a la comunidad contenían el mismo mensaje: un grito de ayuda para no dejar sin vivienda a más de 300 familias. A medida que fueron pasando las horas, el ambiente se fue tornando hostil para todas las personas presentes, fue más evidente la presencia de grupos policiales y personas desconocidas que tomaban fotografías y preguntaban por “los líderes de la comunidad”.
Por la noche, empujones, gritos y llantos empezaron a protagonizar las transmisiones en vivo de los medios comunitarios. Los policías buscaron tomar por la fuerza a varios de los líderes de la cooperativa, logrando someter y capturar aproximadamente a 4 personas, entre ellos al presidente de esta, José Ángel Pérez. En el forcejeo, agredieron a mujeres, menores de edad, personas mayores y a periodistas comunitarios.
–Estamos transmitiendo en vivo, ¡la policía está reprimiendo una protesta pacífica! ¡No podemos creer lo que estamos viendo en estos momentos! La policía de Nayib Bukele está provocando una crisis social, exclamó un periodista en una transmisión en vivo. Estos videos han dejado entrever imágenes que El Salvador no veía en los últimos años. Luego de los Acuerdos de Paz de 1992, en pocas ocasiones las protestas se vieron reprimidas por los cuerpos de seguridad. Algunas de ellas fueron las marchas blancas del sector salud, en el año 2000, y protestas de vendedores informales en San Salvador, en ese mismo periodo.
En el transcurso de la noche, en medio de la represión, se decía que habían 3 personas capturadas, algunos fueron liberados y denunciaron haber sido golpeados. Sin embargo, el presidente de la Cooperativa, José Ángel Pérez, hasta la fecha permanece detenido, acusado de resistencia agresiva y desórdenes públicos, por lo cual podría enfrentar 10 años de prisión.
Las familias que demandaban no ser desalojadas viven en el cantón El Triunfo, ubicado dentro de la Cooperativa El Bosque, en el distrito de Zaragoza, La Libertad. Nunca se imaginaron que apelar a la buena voluntad del presidente Bukele para que de alguna manera detuviera el desalojo de sus viviendas, sería el detonante de actos represivos por parte del Estado, quien utilizó a la UMO, a la PNC y, por primera vez, a la Policía Militar, un ente que según el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), solamente tiene funciones administrativas y no tareas de seguridad pública.
-¡Nosotros queremos justicia, es injusto lo que están haciendo!, gritaron algunas mujeres y jóvenes que fueron replegadas por medio de la fuerza de los escudos de la Policía Militar. Los manifestantes fueron acordonados en la acera de un centro comercial. En el área verde donde se llevaba a cabo la protesta pacífica, quedaron en el suelo las mesas, sillas, las hamacas, la comida, el café caliente, y una manta que decía “Nayib Bukele, ayuda por favor”, un mensaje ahora resignificado después de las agresiones.
Uno de los detenidos, José Ángel Pérez, no solo es líder comunitario, sino también pastor de la Iglesia Elim, que tiene una sede en la comunidad. Se trata de alguien inocente que solamente buscaba respuestas para sus vecinos.
El desalojo de las 300 familias de la Cooperativa El Bosque estaba programado para el 22 de mayo. Este es el hogar de 300 familias desde hace más de 60 años. Los 12 inmuebles que abarcan 57 manzanas fueron transferidos a la comunidad en 1985, gracias a la Reforma Agraria en la cual crearon la cooperativa. La comunidad vive de lo que cultivan: pepinos, tomates, chiles pimientos, frijoles, ejotes, entre otras hortalizas y granos, lo que utilizan para comercializar y para su consumo.
Días antes de la protesta del 12 de mayo, miembros de la cooperativa entregaron una carta al presidente de la República, donde solicitan ayuda para detener el desalojo y resumen en 3 páginas una problemática que lleva más de 25 años.
Desde el nacimiento de la cooperativa se dedicaron al cultivo y comercialización del café. Sin embargo, a finales de los 90, sus cultivos se vieron afectados por la roya, por lo que tuvieron que acudir a solicitar préstamos que ascendieron a $376,613 para sufragar los gastos por combatir la plaga y las pérdidas económicas.
Al no poder pagarla debido a que no hubo cosecha que vender, el banco les embargó 12 inmuebles. Para solucionar su problema, el gerente del banco les recomendó la intervención de Luis Antonio Palomo Urbina, un ingeniero que junto a la Sociedad Proyectos e Inversiones (PROYN S.A de C.V.), ofreció sus servicios para aumentar la productividad de la Cooperativa y así saldar la deuda.
Palomo hizo firmar al presidente de la Cooperativa 2 pagarés, extrajo cosechas y taló árboles bajo el argumento de que serían acciones para solucionar el problema de la deuda. Sin embargo, la deuda nunca se saldó y el banco comenzó a embargar bienes. En 2008, Palomo demandó a la Cooperativa ante el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, por una deuda que, entre los pagarés, los intereses y costos procesales, asciende a USD $800 000.
En 2022, Palomo fue enjuiciado por estafa agravada en contra de la Cooperativa. Sin embargo, no fue condenado, lo que le permitió continuar cobrando a la comunidad “lo que se le debe”. La comunidad volvió a la Fiscalía General de la República, un año después, para insistir en que se investigue a Palomo por posibles delitos como estafa agravada, administración fraudulenta, falsedad material, supresión y ocultamiento de documentos, pero la Fiscalía aseguró que los delitos habían prescrito.
“Claramente nuestra capacidad de pago no es suficiente para pagar una deuda que nació a partir del abuso de confianza, el ardid y la administración maliciosa del señor Palomo. Por esta razón, nuestros inmuebles fueron embargados y colocados en pública subasta el 30 de marzo de 2023, la cual se declaró desierta. Luego de esta subasta fracasada, el juzgado adjudicó en pago 12 inmuebles de la cooperativa, dándole al señor Palomo un aproximado de 280 manzanas solo para él, afectando la vivienda, la producción de granos básicos y alimentos no solo de las 300 familias de la cooperativa, sino de todo el país”.
Carta enviada al presidente de la República, 9 de mayo de 2025.
La comunidad denunció que algunos de los abogados que han llevado el caso en estos años, se retiraron por supuestas amenazas. Ante esto, la comunidad ha recibido el apoyo y seguimiento de organizaciones sociales y ambientalistas.
Alejandro Henríquez es abogado y máster en Derechos Humanos, graduado en México. Es parte del Movimiento Rebelión Verde El Salvador, ReverdES, y del Foro del Agua. Desde su experiencia como defensor de Derechos Humanos, ha acompañado la lucha de la Cooperativa por la recuperación de sus tierras. Él acudió a la convocatoria del 12 de mayo para acompañar a la comunidad en su decisión de manifestarse de forma pacífica contra el desalojo.
En las transmisiones en vivo de diferentes medios se observa a Alejandro junto a la comunidad, siendo abordado por los agentes policiales. Minutos después, el forcejeo se lo lleva de paso, pero sin ser capturado.
Al día siguiente, una patrulla se acercó a las oficinas del Foro del Agua, en San Salvador, donde la organización daría una conferencia de prensa para denunciar los hechos de la noche anterior. Ahí, alrededor de 10 efectivos de la PNC registran a Carlos Flores, miembro del Foro, y a Alejandro Henríquez. Luego, Alejandro es detenido por supuestos delitos de desórdenes públicos, sumándose a José Ángel Pérez. A ambos se les acusa de manipular a la comunidad para la realización de desórdenes que comprometen la seguridad del país.
“Yo argumenté a la PNC que Alejandro únicamente es el asesor legal de la cooperativa, a lo que ellos hicieron caso omiso y procedieron con su captura”, dijo Carlos Flores en declaraciones a la prensa, momentos después de la captura de Alejandro.
Ese mismo día por la tarde, Nayib Bukele habló sobre el caso a través de su cuenta en X, con una publicación que iniciaba así: “Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”.
De esta forma, culpó a las organizaciones de derechos humanos de planificar acciones contra el gobierno y manipular la necesidad de una comunidad que lleva varios años exigiendo respuesta sobre sus viviendas. Sin embargo, el post de Bukele estaba lleno de imprecisiones.
Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 13, 2025
La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente lo…
Por ejemplo, expresó que la manipulación se confirma con “La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente”, cuando los videos y fotografías evidencian mantas y rótulos escritos a mano por la misma comunidad.
También afirmó que las y los manifestantes “incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada sin relación con el caso”, cuando las familias de la comunidad salieron desde las seis de la mañana y se mantuvieron en el lugar en el transcurso del día frente a la residencial que, si bien no tiene relación con el caso, es la casa del presidente de la República, a quien le pedían su solidaridad.
Días después, Diego Guzmán y Moisés Galeano, miembros de la junta directiva de la Cooperativa, explicaron los detalles de lo sucedido el 12 de mayo a través de un video enviado a medios de comunicación donde señalan, entre otras cosas, que la comunidad se organizó para realizar acciones de protesta pacífica, sin intervención de ninguna ONG. Además, relatan que, al momento de la protesta, habían personas que no reconocían de las organizaciones que les apoyaban ni de los medios de comunicación, a los que identificaron como “infiltrados”.
“Ese momento nunca lo vamos a olvidar, los niños nunca lo van a sacar de su cabeza. Es histórico para nosotros cómo el gobierno que dice que somos libres, que vivimos en un país más seguro y ahora ellos nos brindan violencia, no entendemos eso”, expresó Diego Guzmán.
El relato de Diego y Moisés se suma a las denuncias de organizaciones sociales que cuentan cómo en los días posteriores a la protesta, representantes de instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Vivienda, se acercaron a la comunidad para “pedir disculpas” por los hechos del 12 de mayo y brindarles una solución a su problemática de vivienda. A la comunidad también se han presentado agentes policiales e investigadores, interrogando a las personas sobre las organizaciones sociales que les dieron apoyo y preguntando sobre quiénes son “los líderes de la comunidad”.
“Se están prestando políticos para irse a tomar fotos al cantón sin solucionar nada. Con la foto que se tomaron ahí quieren quitar todo lo que vivimos amargamente nosotros y eso no se olvida con una foto, eso lo vamos a vivir a diario, eso va a ser una reproducción de todos los días, de cómo luchamos por esta tierra”, relató Diego.
La foto a la que se refiere Diego, fue compartida en la cuenta de X de Bukele y de la Ministra de Vivienda, Michelle Sol. Esta última, afirmó que han conformado un equipo técnico para darle seguimiento al caso.
El proceso contra Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez inició con la presentación del requerimiento fiscal que, entre otras cosas, se les atribuye los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en perjuicio de la administración pública y la paz. Mientras los videos de diferentes medios y organizaciones sociales muestran la avanzada intimidante de los cuerpos de seguridad en contra de la comunidad, la FGR asegura que esta estaba actuando de forma “agresiva” y con “intenciones” de ingresar a las residenciales aledañas, además de “no tener claro si ahí vivía el presidente de la República”.
Luego de la audiencia inicial, los abogados defensores relataron que el fallo que mantiene detenidos a los defensores se dio en menos de 3 minutos. La jueza desacreditó los arraigos de ambos, las más de 12 referencias laborales, referencias de instituciones nacionales e internacionales y títulos académicos de Alejandro, así como los arraigos familiares y con la iglesia de José Ángel.
“Fueron horas de presentar argumentos, de presentar pruebas, de hacerle ver a la jueza que el proceso en el expediente no tiene los suficientes elementos. No hay elementos mínimos para ninguno de los dos delitos, eso hemos pasado haciendo dos horas y media. La jueza ha tomado todos estos elementos y en menos de tres minutos ha dicho que se dan los requisitos de determinado artículo, que no presentamos suficientes arraigos y que se van con detención provisional. No les estamos mintiendo cuando les decimos que ni siquiera nos volteo a ver”, expresó Oswaldo Feusier, uno de los abogados defensores de Alejandro Henríquez.
Feusier agregó que solo los arraigos para uno de los procesados constaban de 50 documentos, decenas de instituciones respaldando su labor, 12 testigos con declaraciones juradas y un video de alrededor de una hora y seis minutos. “La resolución fue tan rápida que ni siquiera mencionó si había visto el video. Ellos dijeron que habían cometido esos delitos, pero yo no he visto diligencias de investigación que lo demuestren”.
Por su parte, uno de los abogados de José Ángel, Jaime Ramírez, expresó que se están criminalizando tres derechos fundamentales de rango constitucional: La libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho de disentir. “Estamos frente a una desigualdad, como abogado me siento impotente. La Fiscalía tuvo que haber probado que detuvieron el tráfico, que hubo desórdenes, que llevaban armas, y las únicas armas que presentó la fiscalía que supuestamente ellos tenían era una hamaca, una cocina y una mesa donde estaban comiendo, no sé si ahora eso se reconoce como armas para matar”.
El 16 de junio, la Cámara de la Segunda Sección del Centro rechazó el recurso de apelación de los abogados defensores y confirmó la detención provisional para Alejandro y José Ángel. El acta de esta resolución, a la que HoraCero tuvo acceso, señala algunos elementos que, al contrastarlos con los videos grabados ese día, no son coincidentes. Por ejemplo, señalan que la comunidad estaba obstaculizando el paso vehicular, cuando se observa que se encontraban en un área verde. Además, advierte que la protesta “dejó de ser” pacífica, ya que contaban con “megáfonos, cocinas y hamacas”.
En el acta, se menciona que Alejandro Henríquez fue reconocido por una de las testigos de la Fiscalía, habitante de la comunidad, como un representante de la organización ReverdES y con un vínculo jurídico con la Cooperativa El Bosque. Las organizaciones han cuestionado este elemento, ya que brindar asesoría jurídica a una comunidad u organización no es un delito.
A través de un post en X, Bukele anunció el envío de la Ley de Agentes Extranjeros a la Asamblea Legislativa, con el propósito de que las ONG paguen un impuesto correspondiente al 30% de sus donaciones, el cual serviría para “saldar la deuda de la Cooperativa”.
La Ley de Agentes Extranjeros fue presentada por Bukele en 2021, pero no fue aprobada por la Asamblea Legislativa debido a presiones del cuerpo diplomático y críticas que provenían de diferentes instancias de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La propuesta de ese año contemplaba un impuesto del 40% para las ONG, lo cual cambió en la presentada recientemente.
La ley fue aprobada el martes 20 de mayo, con 57 votos y presentada al pleno con dispensa de trámite. Contempla el cobro del 30% de impuesto “por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo, o cualquier otro, y que sean provenientes de fondos de mandante extranjero, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos a favor de sus agentes extranjeros en el país”.
Mientras se desarrollaba el proceso judicial en contra de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, el Estado capturó a otras dos voces disidentes por delitos como peculado y lavado de dinero: Ruth Eleonora López, jefa del área anticorrupción de Cristosal, y Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Así mismo, la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó un éxodo de más de 40 periodistas debido a amenazas, posibles capturas y persecución. Esta es una cifra que con el pasar de los días solo ha ido en aumento.
Ruth López, al momento de ser capturada el 19 de mayo, dijo a los policías: “Tengan decencia, esto algún día se va a acabar. No se pueden prestar a esto”.
Así, el mes de mayo de 2025 se convirtió en el más represivo para las organizaciones sociales en El Salvador quienes, pese al panorama, no han dejado de colocar el dedo en el renglón para señalar las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Bukele. Mientras este continúa aprobando leyes que cercan el trabajo de las comunidades y colectivos, el movimiento popular se aferra a la pronta justicia, al trabajo organizado y a las palabras de Ruth al momento de su captura: “Esto algún día se va a acabar”.
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