Con el caso de Verónica se contabilizan 34 personas defensoras de derechos humanos detenidas bajo el régimen de excepción, entre las que se encuentran comunicadores de medios comunitarios, personas buscadoras, activistas por el medio ambiente, de pueblos indígenas y sindicalistas. Organizaciones de derechos humanos, como Cristosal, expresan que han observado casos donde el perfil de las personas capturadas tenían antecedentes críticos al gobierno. De los 34 casos, 20 se encuentran actualmente con medidas sustitutivas y 1 falleció dentro de la cárcel. Sobre este último, la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha afirmado que llevará el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El régimen de excepción se implementó el 27 de marzo de 2022, luego de una ola de homicidios que vivió El Salvador y que cobró la vida de 80 personas. Esta escalada se dió mientras el gobierno del presidente Nayib Bukele ejecutaba el Plan Control Territorial, parte de sus promesas de campaña para detener la violencia en el país y del cuál no se conocen públicamente las acciones o estrategias. En su más reciente informe, en el marco del segundo aniversario del régimen de excepción, el SJH contabiliza a la fecha 78,100 detenciones, de las cuales afirman que el 35% son personas sin vínculos con pandillas, es decir 26,500 casos de detenciones arbitrarias. Además, se registran 241 muertes en custodia del Estado, 239 personas adultas y 2 bebés recién nacidos. Estiman que el número de muertos dentro de las cárceles es de 550 personas pero se desconoce el paradero de 309. 

De los casos de muertes, el SJH ha representado dos, en los que  afirma que los detenidos fueron víctimas de torturas. Otro de los casos presentados en el informe es el de la bebé Génesis, hija de Selena, una mujer que fue capturada de forma arbitraria por parte de su ex suegro, quien es policía, luego que ella denunciara a su pareja por violencia física hacia ella y su hijo. “La policía engaña a la madre de Selena para que le entregue la niña a su hija y ahí es donde Génesis enferma de neumonía. La bebé permanecía al lado de su madre, en la Granja Penitenciaria, mientras ella limpiaba los corrales de cerdos y gallinas de 7 a 10 de la mañana, situación que luego de varios meses de hospitalización, le causó la muerte”, señala el informe.

Otras víctimas directas de dichas detenciones son las infancias que quedan sin sus principales cuidadores. SJH estima que son 100 mil niñas, niños y adolescentes que quedan en abandono o al cuidado de otros familiares o personas de la comunidad. Lamentan que el Estado no haya creado una política que proteja sus derechos y les garantice “crecer juntos y con cariño” al lado de sus padres y madres o en albergues del Estado en condiciones dignas. Además, denuncian que tanto la niñez y adolescencia como las personas adultas mayores familiares de personas detenidas no se toman en cuenta como víctimas, “lo cual está generando consecuencias a nivel psicológico que repercute en la salud física de los familiares que se encuentran afuera luchando por la libertad de los inocentes”, expresan.

En este sentido, lamentan que otra de las consecuencias sea la discriminación hacia las familias de personas detenidas y la triple carga de cuidados y trabajo que recae sobre las mujeres. “Les excluyen y niegan el derecho al trabajo por el hecho de ser familiares de detenidos. A la niñez se le niega el derecho a la paternidad cuando han nacido de madres detenidas. En su mayoría, las mujeres han asumido la responsabilidad que tenían sus esposos de proveer a la familia el sustento del hogar. Las necesidades básicas por resolver son urgentes ya que tienen que sacar a sus hijos adelante y tener también el dinero mensual de los paquetes que van entre $50 a $75 para los privados de libertad”. 

El Socorro Jurídico afirma que del 25 de julio de 2022 al 27 de marzo de 2024, ha brindado 7 mil asesorías legales a familiares de personas capturadas por abusos de autoridad o detenciones arbitrarias que han derivado en meses y más de un año de prisión preventiva, así como por graves violaciones a derechos humanos de sus familiares cercanos. De este total, el 90% de las asesorías, es decir 6,650 casos, son mujeres, y el 5% (350 casos) son hombres. 2 mil de estos casos cuentan con evidencia documental de que no existen antecedentes judiciales, penales o policiales. 

La organización también ha presentado 1,800 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos. Del total, 76 fueron notificados a la Sala, 61 fueron declarados improcedentes y 15 fueron observados y contestados en el plazo que dicta la ley, sin embargo, aún no tienen respuesta de estos últimos.  

Finalmente, hacen un llamado a los organismos internacionales a actuar de oficio ante las reiteradas denuncias de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Piden una verificación “in loco” a todos los centros penitenciarios, a las audiencias realizadas por el sistema de justicia y a reunirse con familiares de privados de libertad “para que puedan constatar que la vulneración sistemática de derechos humanos a inocentes es real, que los funcionarios asuman las consecuencias de las actuaciones que resulten como delitos en nombre del Estado salvadoreño. La impunidad estatal es un signo de la prepotencia y debilidad del régimen opresor”.