Hora Cero
junio 16, 2025
A unas seis semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras enfrenta una nueva crisis política que pone en entredicho la estabilidad institucional del proceso electoral. La reciente denuncia presentada por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ante el Ministerio Público, ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades dentro del máximo ente electoral.
Marlon Ochoa entregó al Ministerio Público una memoria USB que, según él, contiene 24 audios comprometedores entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido político tradicional. Los audios revelarían supuestas conversaciones sobre estrategias para desestabilizar el proceso electoral y coordinar acciones que podrían afectar la integridad del voto.
“Mi denuncia se fundamenta en información y material de audio que debo entregar a las autoridades competentes para que sea sometida a una investigación rigurosa”, declaró Ochoa, asegurando que las grabaciones evidencian un plan dirigido a desacreditar y desestabilizar las elecciones de noviembre.
Sin embargo, la denuncia de Ochoa se suma a la ruptura interna en el CNE. La consejera Cossette López denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de Ochoa durante una sesión del pleno. López aseguró que el consejero la estaba presionando para favorecer a la empresa Smartmatic en la adjudicación del contrato de conectividad satelital del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que ella considera un intento de manipular los procesos administrativos. “Conectividad sí, con actos de corrupción no. No voy a violar la ley ni el derecho ajeno”, afirmó López, quien abandonó la sesión tras el incidente.
Paralelamente, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) atraviesa su propio impasse. La última sesión de pleno fue suspendida por falta de quórum, debido a la ausencia del magistrado Mario Morazán y otros miembros del tribunal. La tensión se originó por la recusación contra el magistrado Mario Flores Urrutia, representante de Libre, quien no asistió mientras no se resolviera la impugnación en su contra.
Pero el problema de fondo es que el TJE ha colocado el caso del diputado Jorge Cálix, cuyo estatus electoral está siendo cuestionado, como un punto central de discusión en las sesiones pendientes. Cálix perdió las elecciones primarias donde se presentó como precandidato presidencial por el Partido Liberal. Ahora pretende ser candidato a diputado por el departamento de Olancho, pese a no haber nacido ni residido en ese lugar.
La combinación de recusaciones, ausencias y conflictos internos ha impedido avanzar en la agenda de resoluciones, aumentando la percepción de fragilidad institucional y desconfianza ciudadana.
La sucesión de conflictos entre el CNE y el TJE reaviva temores sobre la capacidad del país para organizar elecciones transparentes. Analistas políticos advierten que la polarización interna y las pugnas personales dentro de los órganos electorales debilitan la confianza ciudadana.
Para Kenneth Madrid, analista político, “estas tensiones reflejan una institucionalidad débil, donde los conflictos partidarios y personales se anteponen a la obligación de garantizar elecciones confiables”. A esto se suman los retrasos en puntos clave del cronograma electoral, como la adjudicación de contratos de conectividad y la implementación del TREP, lo que pone en duda la transparencia y eficiencia del conteo electoral.
El analista Héctor Soto advierte que, a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras enfrenta conflictos internos en sus órganos electorales que podrían afectar la percepción ciudadana sobre la transparencia del proceso.
En el TJE, las diferencias entre sus magistrados han impedido la realización de sesiones, afectando incluso la aprobación de su presupuesto y la resolución de candidaturas en los departamentos de Olancho y Valle. Según Soto, esto genera “una crisis reputacional”, ya que el TJE parece repetir los conflictos previamente vividos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), limitando su capacidad de emitir decisiones claras y oportunas.
El experto destaca que la impresión de papeletas en Olancho y Valle, en medio de disputas sobre la inscripción de candidatos, podría generar confusión entre los votantes y afectar el derecho de quienes cumplieron con la ley a participar en los comicios. En particular, mencionó el caso del diputado Jorge Cálix, cuya candidatura ha suscitado controversia y focaliza la atención en esos departamentos.
Soto señala que, aunque los conflictos podrían impactar la percepción de la ciudadanía, su efecto sería principalmente local, sin afectar a los demás 16 departamentos del país. Aun así, la combinación de disputas internas y retrasos en la ejecución de decisiones críticas del CNE y TJE alimenta la incertidumbre sobre la preparación del proceso electoral.
A pocas semanas de las elecciones generales en Honduras, persiste la incertidumbre sobre la transparencia y eficacia del proceso electoral. La falta de definición de procesos clave, como la conectividad, dejaría a más de 1.700 centros de votación sin acceso a internet, generando retrasos y problemas administrativos.
Analistas advierten que la crisis se debe a la politización y partidización de los órganos electorales, lo que ha debilitado la institucionalidad y erosionado la confianza ciudadana. El Tribunal de Justicia Electoral se encuentra detenido, sin sesionar ni resolver recursos, mientras el CNE enfrenta denuncias y retrasos en la ejecución de su cronograma.
La pregunta que domina el debate público es inevitable: ¿Podrá el país llegar a las elecciones generales del 30 de noviembre con la estabilidad y legitimidad necesarias para garantizar un proceso libre y transparente?
