Fátima Mena: una voz incómoda para el tripartidismo en Honduras
Maldito País
agosto 29, 2025
El actual Congreso Nacional de Honduras es considerado según el gobierno que lidera Xiomara Castro como «el Congreso del pueblo», sin embargo, según datos del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ, esta institución es percibida por el 80.6% de la población hondureña como una de las más corruptas y un 78.9% desconfía de su labor legislativa. Es necesario establecer que desde la instalación de la primera legislatura del Congreso en 2022, comenzó con una crisis profunda dentro del partido de gobierno Libertad y Refundación, lo que llevó a fracturar aún más cada propuesta o decisión a tomar a lo largo de estos años.
Para la población hondureña este poder del Estado es sinónimo de pactos, privilegios y complicidades. En esos pasillos del hemiciclo, la voz de Fátima Mena ha sido una incomodidad constante. Directa, crítica y con un compromiso que parece no agotarse pese a las adversidades, esta abogada y diputada hondureña por el Partido Salvador de Honduras (PSH), ha construido su carrera pública sobre dos convicciones inquebrantables: la justicia y el derecho.
“Soy madre, soy abogada, soy hija y hermana, pero sobre todo soy una mujer con un profundo sentido de la justicia”, se describe con serenidad. Quien la escucha entiende rápido que no se trata de un discurso ensayado, sino de una declaración que viene desde lo más íntimo de su historia personal.
El origen de la rebeldía
La vida de Fátima Mena ha estado marcada por la lucha contra estructuras injustas. Su madre, magistrada de la Corte de Apelaciones, fue para ella un ejemplo de fortaleza. “Mi mamá me enseñó que el servicio público es un honor que debe ejercerse con integridad. Cuando quisieron doblegarla y no pudieron, nos tocó huir”, recuerda. El exilio en Costa Rica, lejos de apagar su rebeldía, sembró en ella la certeza de que la justicia tiene un precio, y que muchas veces ese precio es la libertad o la tranquilidad personal.
La experiencia le mostró de cerca lo que significa enfrentarse a los poderes políticos y económicos en Honduras. “Entendí que luchar por la justicia nunca es gratis”, dice con voz firme.
Fátima Mena es madre de un adolescente de 14 años, esposa y hermana mayor de tres mujeres. Su vida ha estado marcada por una firme defensa de los derechos humanos, la democracia y la equidad. Desde joven se interesó por temas de justicia social, igualdad y desarrollo. No fue sorpresa para quienes la conocían que eligiera estudiar Derecho. La vocación ya la habitaba desde niña.
Egresada como abogada de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), trabajó durante años en el Poder Judicial, sobre todo en el área penal, donde se desempeñó también como defensora pública. Esa experiencia le permitió ver el rostro más crudo de la exclusión en Honduras: la pobreza convertida en delito, la juventud criminalizada, las brechas sociales detrás de unos barrotes.
Consciente de la urgencia por transformar el sistema, cursó una maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico en la Universidad Nacional de Costa Rica. Durante su estancia, se formó también en derechos humanos en el Instituto Interamericano, en colaboración con la Corte Interamericana.
En 2009 regresó a Honduras, un país fracturado tras la crisis política por el golpe de Estado. La división social y el dolor colectivo la empujaron a dar un paso más allá del activismo. Aquel año, una charla impartida por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, “Padre Melo”, y la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, sobre la justicia social tan necesaria en Centroamérica y la importancia de luchar por la democracia en países altamente polarizados, fue un punto de inflexión para Mena: “Ese día comprendí que debía regresar y luchar desde adentro”.
Fue así como, en 2011, se integró activamente al Partido Anticorrupción (PAC), y en 2013 asumió su primer cargo de elección popular. Desde entonces, ha sido una de las voces más firmes en la denuncia de la corrupción, la impunidad y la desigualdad estructural. Su compromiso no se limita a los discursos: se refleja en cada iniciativa, en cada voto, en cada postura ética que asume, aunque le cueste aliados.
El PAC fue una novedad en el proceso electoral de 2013, liderado por el comentarista deportivo y presentador de televisión Salvador Nasralla, y muchos hombres y mujeres que nunca habían incursionado en política partidaria pero que sostenían un discurso anticorrupción, logrando que sus candidaturas a diputaciones fueran las más votadas por encima de los partidos Nacional (PNH) y Liberal y Libertad y Refundación (LIBRE). Sin embargo, los roces de los integrantes del partido comenzaron a fracturar y crear pequeños movimientos que culminaron con un proceso de elección interna, avalado y exigido por el extinto Tribunal Supremo Electoral que dejó por fuera a su fundador. Esto llevó a una serie de denuncias por parte de Salvador Nasralla y su gente, sugiriendo que esto formó parte de una estrategia del Partido Nacional para restarle fuerza a un partido que contaba con un respaldo mayoritario en el departamento con mayor carga electoral: Cortés.
Fue así que para el proceso electoral de 2017, Salvador Nasralla, Fátima Mena, Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional y ahora enlistado en el partido de gobierno LIBRE, crean el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Durante su paso por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Mena consolidó su rol como referente en temas de democracia, transparencia y derechos de las mujeres. Y aunque su partido hoy esté fuera de la contienda electoral, ya que su fundador por riñas con sus mismos diputados decidió abandonar y pasar al partido Liberal como candidato a la presidencia, Fátima Mena asegura que su lucha no ha terminado.
Violencia política: ser mujer en un Congreso hostil
En un ambiente legislativo dominado por el machismo, Fátima Mena ha enfrentado una violencia política que muchas veces se disfraza de chistes, exclusiones o desprecios, pero que también se manifiesta en amenazas directas. “No se trata igual a un diputado que a una diputada. El menosprecio a lo femenino es evidente y muchas veces cruel. Nos toca enfrentar una cancha totalmente desnivelada”, denuncia.
Aun así, ha aprendido a transformar esas experiencias en una bandera de lucha. Para ella, la presencia de mujeres en la política no puede limitarse a ocupar un asiento; se trata de cambiar un sistema que históricamente no ha legislado ni trabajado por políticas públicas donde los intereses de las grandes mayorías sean las que primen.
Cuando habla del actual Congreso, no esconde su desencanto. “Pensé que este Congreso sería más democrático, pero ha repetido y hasta profundizado prácticas autoritarias. Eso me frustra y me preocupa”, admite.
Mena ha sido una de las voces más claras y persistentes en la lucha contra la corrupción en Honduras. Dice que en el actual Congreso Nacional que dirige Luis Redondo, diputado de LIBRE, antes del PSH, hay “una constante instrumentalización del discurso anticorrupción para lograr pactos y beneficios políticos. Se usó como un símbolo, una bandera decorativa, que solo aparecía cuando era útil para intimidar o negociar”.
Según Mena, el enfoque anticorrupción fue reducido a una herramienta de chantaje político. Después de más de tres años y medio marcados por escándalos de corrupción en ese Congreso Nacional, la realidad ha quedado expuesta: no existe un compromiso genuino con las reformas que el país necesita. “El propio Código Penal, reformado para suavizar penas por delitos de corrupción, protege tanto la impunidad del pasado como la del presente. Y propuestas clave como la Ley de Colaboración Eficaz, que podría desarticular redes criminales desde dentro, no han avanzado. ¿Por qué? Porque muchas figuras cercanas al gobierno actual podrían verse alcanzadas por esas mismas leyes”.
Hablar hoy de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), con independencia, autonomía y criterios técnicos, genera resistencia, precisamente porque amenazaría el uso tradicional del poder como instrumento de beneficio privado. Para Mena, esta captura de las instituciones ha vaciado de contenido el verdadero sentido de la política, que debería ser la búsqueda del bien común.
“Lo que hemos vivido no es política, es politiquería, y lo más preocupante es que quienes antes la criticaban hoy la reproducen con las mismas prácticas. Eso es lo que nos mantiene estancados en los grandes temas nacionales”, explicó.
Ante este panorama, Fátima Mena cree que la única salida es la ciudadanía activa, movilizada, vigilante. Una ciudadanía que no se conforme con promesas, sino que exija resultados concretos, transparencia real y un compromiso con el futuro del país.
Fátima se siente profundamente orgullosa de los logros legislativos que ha impulsado, no como una victoria personal, sino como parte de un compromiso colectivo por transformar Honduras desde la institucionalidad. Su trayectoria en el Congreso Nacional ha estado marcada por iniciativas valientes y necesarias, muchas de ellas resistidas por las estructuras de poder, pero fundamentales para el bienestar de la ciudadanía.
Fue la proyectista de la ley que abolió el matrimonio infantil en Honduras, una de las reformas más significativas en la protección de niñas y adolescentes. También lideró la implementación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una herramienta crucial para garantizar los derechos de los hijos e hijas y exigir responsabilidad a quienes incumplen sus obligaciones parentales. “Parecen logros pequeños, pero representan un cambio profundo en la vida de muchas personas”, afirma.
Durante su gestión como diputada, promovió algunas de las pocas reformas estructurales aprobadas en materia de transparencia, como la derogación de la Ley de Secretos y la eliminación de los decretos 116-2019 y 93-2021, normas que protegían la corrupción y bloqueaban el acceso a la información pública.
Uno de sus mayores aportes fue la construcción de una Agenda Nacional Anticorrupción, que, aunque no fue impulsada por la mayoría del Congreso, permanece como una hoja de ruta clara para cualquier gobierno que desee combatir la impunidad con seriedad. “No es valiosa porque yo la hice, sino porque fue construida colectivamente, junto a organizaciones de sociedad civil que han trabajado este tema por décadas. Mi rol fue facilitar ese proceso desde la presidencia de la comisión”.
Un Congreso Nacional en constantes crisis
Desde 2022, el Congreso Nacional se ha convertido en un escenario de constantes tensiones y negociaciones entre los partidos mayoritarios, marcadas más por los cálculos de poder que por la construcción de acuerdos en beneficio de la población. La falta de consensos ha derivado en múltiples crisis políticas, como la división interna en torno a la elección de la Junta Directiva, la parálisis legislativa que provocó la elección del fiscal general y fiscal adjunto de la República y la suspensión constante de sesiones cuando se cuestionan decisiones unilaterales del actual presidente del ente legislativo. Estas dinámicas no solo han debilitado la institucionalidad, sino que también han profundizado la percepción ciudadana de que el Congreso actúa de espaldas a los intereses colectivos.
Una de las posibles explicaciones de las crisis en el poder legislativo es la cultura tradicional del reparto de cuotas entre los partidos que integran el sistema político que caracterizó al bipartidismo (partido Nacional y Liberal), y que ahora, con prácticas similares se suma el partido LIBRE, lo que imposibilita cada vez más una cultura de consensos. Esta situación se complica aún más en el hecho de que ninguna fuerza política dentro del Congreso Nacional por sí solo puede asegurar ni mayoría simple ni mayoría calificada en las votaciones del pleno del legislativo.
A la par, la opacidad en el manejo de fondos públicos ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de esta institución. Un ejercicio periodístico de Radio Progreso ha revelado que, en lugar de priorizar la inversión en programas que atiendan las necesidades sociales más urgentes, se han destinado más de 600 millones de lempiras en subvenciones cuya rendición de cuentas es difusa o inexistente, sumado a eso el blindaje a la información sobre este fondo alimenta la desconfianza en un órgano que, según encuestas de percepción, figura entre los menos confiables del país.
La ausencia de diálogo real y la escasa productividad legislativa refuerzan la sensación de estancamiento. Proyectos de ley de alto impacto para la población permanecen engavetados, como la Ley de Justicia Tributaria que se encuentra en un callejón sin salida por la falta de consensos. En este contexto, el Congreso Nacional no logra posicionarse como un espacio plural y democrático de deliberación, sino como una arena de disputas partidarias que limita la posibilidad de avanzar hacia transformaciones estructurales que demanda la ciudadanía.
Con los sueños y las esperanzas intactas
A sus 42 años, Fátima Mena sigue aferrada a la esperanza de un país distinto. Imagina una Honduras donde la corrupción deje de ser ese “saco roto” que impide avanzar, y donde la democracia no se limite al voto, sino que garantice oportunidades reales para todos y todas.
“No me da más miedo alzar la voz que quedarme callada. Ese silencio sí sería imperdonable”, asegura. Es esa convicción la que la mantiene de pie, pese a las amenazas, la frustración y las traiciones políticas.
La historia de Fátima Mena es la de una mujer que convirtió la adversidad en fuerza. Desde el exilio en su adolescencia hasta las tensiones en el hemiciclo legislativo, ha aprendido que la justicia se defiende con valentía, aunque duela, aunque incomode. “Yo sigo soñando con un país donde nadie tenga que elegir entre callar o arriesgar la vida para buscar justicia”, expresó.
