La desconfianza interminable: elecciones presidenciales en Honduras
Maldito País
julio 7, 2025
Cada proceso electoral en Honduras renueva las esperanzas de cambio, pero también reactiva la desconfianza ciudadana profundamente arraigada. Desde 1981, el país ha celebrado 11 elecciones generales bajo estructuras y normativas que, lejos de garantizar procesos justos y creíbles, han demostrado ser insuficientes.
Aunque la celebración continua de elecciones podría interpretarse como un signo de madurez democrática, en realidad refleja la capacidad del sistema político para perpetuarse sin reformas profundas. El diseño institucional ha favorecido la conservación del poder por parte de los partidos, sin exigirles rendición de cuentas, y ha obstaculizado la participación ciudadana y la transparencia.
La irrupción del partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013 marcó una ruptura con el histórico bipartidismo Nacional-Liberal. Sin embargo, el surgimiento de un tercer actor no ha fortalecido la institucionalidad ni mejorado la gobernabilidad. Por el contrario, el tripartidismo ha fragmentado aún más el escenario político y ha dificultado los consensos necesarios para avanzar en reformas electorales, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de sociedad civil.
El analista político Elvin Hernández afirma a Hora Cero que los procesos electorales en Honduras han sido históricamente fraudulentos y opacos. “Los candidatos no siempre son elegidos por la población, sino por acuerdos entre líderes partidarios”, señala, apuntando a una democracia estructuralmente débil.
Según Hernández, el actual proceso electoral repite los vicios del pasado: “Se votará bajo leyes que han favorecido a las cúpulas partidarias. El partido en el poder usará los fondos públicos como plataforma electoral. No existe un control efectivo sobre el financiamiento de campañas, lo que permite el ingreso de fondos de origen ilícito o desconocido”.
Para Hernández, aunque la alta participación en las elecciones de 2021 se interpretó como un signo de revitalización democrática, las acciones posteriores de los actores políticos profundizaron el escepticismo. Ha quedado claro que el voto, por sí solo, no transforma un sistema cuyas reglas permanecen inalteradas.
La percepción de manipulación, corrupción y abuso de poder ha erosionado gravemente la legitimidad del sistema electoral. Según el Índice de Democracia 2023 de The Economist, Honduras es clasificado como un régimen híbrido, con una calificación de 4.98 sobre 10. A esto se suma el dato del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC-SJ, que revela que más del 80% de la población no confía ni en los partidos políticos, ni en el Congreso Nacional, ni en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aún así, ocho de cada diez personas encuestadas manifestaron su intención de votar en las próximas elecciones.
Aunque se asignaron más de 2 mil millones de lempiras para las elecciones primarias y ahora más de mil 700 millones para las generales con el objetivo de modernizar el proceso electoral con tecnología biométrica y sistemas de transmisión de resultados, las reformas estructurales más urgentes no se abordaron. Ni la implementación de una segunda vuelta, ni la separación de elecciones presidenciales y legislativas, ni un control real del financiamiento figuran en la agenda de quienes toman decisiones.
Hernández advierte que el problema no es solo del sistema electoral, sino también del comportamiento de los partidos, las instituciones y la ciudadanía. “Estamos ante un proceso donde el caudillismo y el bipartidismo han deformado la participación ciudadana, que ahora ve el proceso como una oportunidad para recibir favores, no para elegir líderes comprometidos con la democracia”.
Para él, la baja calidad institucional socava la legitimidad electoral. “Este deterioro no es atribuible a un solo actor. Tiene que ver con la conducta de los partidos, la debilidad de las instituciones y la poca conciencia ciudadana”.
Según el analista, las elecciones han sido utilizadas como herramienta de las élites para mantener el control en tiempos de crisis. “Son el mecanismo que las élites usan para blindar sus intereses y asegurar que las políticas públicas que las benefician no se toquen”.
Consejo Nacional Electoral: un organismo partidario
La Constitución de la República de Honduras establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) forma parte de la función electoral, junto al Registro Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral. Estos tres organismos están constitucionalmente delegados para organizar los procesos electorales y aplicar mecanismos de democracia directa, como las consultas populares.
El CNE está integrado por tres consejeros propietarios, quienes deben ser elegidos con el voto favorable de al menos 86 diputados del Congreso Nacional. Al tratarse de una decisión parlamentaria, es inevitable su carga política. Históricamente, la integración de este organismo, antes conocido como Tribunal Supremo Electoral, ha sido una repartición de cuotas entre los partidos con mayor caudal electoral.
La ley establece que los tres consejeros propietarios deben alternarse la presidencia del CNE cada año. También existen dos suplentes, quienes solo se integran si hay ausencia de un propietario. Es importante recordar que el CNE es un órgano colegiado: sus decisiones se toman en sesiones plenarias por mayoría simple (2 a 1) o unanimidad (3 a 0). Ningún consejero puede negarse a participar en las sesiones, y si vota en contra de una decisión, tiene derecho a razonar su voto por escrito, conforme a lo que establece la Ley Electoral vigente. En teoría, esta es la forma ideal de funcionamiento.
Sin embargo, en la práctica, el CNE está compuesto por representantes de los tres principales partidos políticos: Liberal, Nacional y Libre, lo que lo convierte en una institución altamente politizada. Este reparto partidario afecta directamente la confianza ciudadana en la administración electoral.
“Un campo de batalla”
Antes de las elecciones primarias, el CNE parecía actuar con cierta unanimidad. Sin embargo, tras las irregularidades suscitadas en esos comicios, como la entrega tardía, hasta de 18 horas, del material electoral en los centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la institución ha mostrado señales claras de polarización y conflicto interno.
“Es evidente que el CNE se ha convertido en un campo de batalla”, señala Denis Gómez, exmagistrado del ente electoral. El conflicto radica en el comportamiento de quienes lo integran: algunos actúan más como activistas políticos que como funcionarios técnicos. “Aunque acceden al cargo por decisión partidaria, deberían asumir con seriedad la responsabilidad técnica que implica administrar elecciones con legitimidad”.
En palabras del exconsejero, cuando Rixi Moncada -hoy candidata a la presidencia por el partido de Libre- fue consejera del CNE declaró: “El partido me mandó aquí para ganar las elecciones”, dejando en evidencia cómo los partidos envían al CNE a personas que consideran capaces de asegurarles el triunfo, más que de garantizar procesos limpios, que fortalezcan la institucionalidad y se respete la voluntad popular.
Actualmente, cada partido busca posicionarse estratégicamente dentro del Consejo, no necesariamente para cometer fraude, pero sí para proteger sus intereses en caso de errores o irregularidades. La desconfianza entre los actores políticos es tan profunda, que cualquier descuido puede generar conflictos sobre la asignación de votos o la interpretación de los resultados.
Desde el golpe de Estado de 2009, como lo documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la polarización se ha acentuado, y hoy se refleja con más fuerza que nunca en el seno del CNE. En lugar de ser un ente técnico, confiable al 300%, por representar a las tres principales fuerzas políticas, el Consejo ha quedado atrapado en luchas internas que le impiden cumplir eficazmente las funciones que la Constitución le asigna.
Para el exmagistrado Gómez, no basta con cumplir la continuidad de las elecciones de manera democrática. Lo crucial es que estas cumplan con los estándares de integridad electoral, que incluyen: “Capacidad administrativa del CNE, transparencia en la transmisión y divulgación de resultados, registro fiable de votantes y datos, y legitimidad en la selección de los ganadores”.
Los eventos ocurridos el 9 de marzo pasado pusieron en duda la capacidad técnica del CNE y afectaron su imagen ante la opinión pública. Hoy se observan niveles de politización nunca antes vistos. Áreas técnicas, como el Centro Logístico Electoral, también están bajo control partidario, lo que incrementa los riesgos de manipulación.
Las obligaciones institucionales deben anteponerse a los intereses partidarios
Según el exmagistrado Denis Gómez, esto sí es posible, pero la realidad actual sugiere lo contrario. El partido de gobierno ya ha iniciado denuncias públicas de fraude electoral, sin pruebas sólidas. Honduras es un país donde las denuncias rara vez pasan a acciones concretas. Esta práctica, lejos de fortalecer el proceso, debilita la confianza de las personas votantes.
Ante este panorama, el mejor escenario posible sería que los tres consejeros propietarios del CNE asuman plenamente su rol técnico y se aparten, al menos en el ejercicio de sus funciones, de las lógicas partidarias. Deben garantizar la integridad en todas las fases del proceso electoral: desde el registro de votantes, pasando por la transmisión de resultados, hasta la declaración final de los ganadores.
“Porque no basta con tener elecciones. Si no hay integridad, no hay democracia. Y si los resultados no son legítimos, pueden ser desconocidos tanto dentro como fuera del país” dijo apuntando que la situación es compleja, pero el clamor ciudadano debe ser claro: “Que gane quien tenga el respaldo popular, pero que lo haga de forma legítima y transparente”.
Según el exmagistrado Denis Gómez, esto sí es posible, pero la realidad actual sugiere lo contrario. El partido de gobierno ya ha iniciado denuncias públicas de fraude electoral, sin pruebas sólidas. Honduras es un país donde las denuncias rara vez pasan a acciones concretas. Esta práctica, lejos de fortalecer el proceso, debilita la confianza de las personas votantes.
Ante este panorama, el mejor escenario posible sería que los tres consejeros propietarios del CNE asuman plenamente su rol técnico y se aparten, al menos en el ejercicio de sus funciones, de las lógicas partidarias. Deben garantizar la integridad en todas las fases del proceso electoral: desde el registro de votantes, pasando por la transmisión de resultados, hasta la declaración final de los ganadores.
“Porque no basta con tener elecciones. Si no hay integridad, no hay democracia. Y si los resultados no son legítimos, pueden ser desconocidos tanto dentro como fuera del país” dijo apuntando que la situación es compleja, pero el clamor ciudadano debe ser claro: “Que gane quien tenga el respaldo popular, pero que lo haga de forma legítima y transparente”.
La esperanza ciudadana en medio del caos
Mientras Maritza Díaz termina de sacar el agua y el sedimento dejados por la reciente inundación causada por la crecida del río Ulúa en La Duarte, El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, hace una pausa, sonríe irónicamente y comenta: “Ya van a venir a dejarnos las bolsitas -se refiere a la comida- esos bandidos (políticos), para que les demos el voto”. Explica que cada año su comunidad se inunda incluso con la más mínima crecida del río, porque ni el gobierno central ni el local han reparado los bordos de contención, especialmente del canal de alivio a la altura de Campo Amapa, demostrando que nunca les ha importado que las familias pierdan, una y otra vez, sus medios de vida.
Tiene 52 años de edad, vive con sus tres hijos, una nuera y un nieto de 2 años. Cuenta que está cansada de las inundaciones, de tener que sacar lodo de su casa, y de seguir oyendo promesas políticas que nunca se concretan. Sin embargo, a pesar de todo, Díaz participó en las elecciones internas o primarias del pasado 09 de marzo, y asegura, con una sonrisa, que también votará en las generales de noviembre. Sin embargo, frente a la realidad que enfrenta, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo puede estar dispuesta a votar en esas condiciones?
Según el Sondeo de Opinión realizado por el Eric-sj, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas afirman que votarán en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, a pesar de la desconfianza hacia el proceso electoral y los partidos políticos. Aun así, siguen creyendo en la democracia participativa y en las elecciones como un pilar fundamental de esa democracia.
Al final, Maritza Díaz nos comentó que no pertenece a ningún partido político. Siempre vota por la persona que le parece más o menos decente, pero termina desilusionada, diciendo: «Todos son iguales de ladrones, solo cambia el color político». Ella está convencida de que, si no va a votar, las personas encargadas de las mesas electorales lo harán por ella. Con esta afirmación, alude a las múltiples denuncias que han surgido a lo largo de los procesos electorales, y, con ironía, acuña la conocida frase: «En Honduras, hasta los muertos votan». Se ríe y sigue sacando el agua y lodo de su casa con la esperanza de que algún día se saque de todo el país.
