Nayib Bukele inicia su segundo mandato recetando “medicina amarga” para resolver crisis económica
Maldito País
junio 11, 2024
Sábado 1 de junio. Bajo el sol de las 8 de la mañana, en la Plaza Cívica -ubicada en el recientemente modificado y desalojado Centro Histórico de San Salvador-, Nayib Bukele se dirigió a la nación con motivo de su segundo mandato presidencial, esta vez, inconstitucional. Bukele dictó en su discurso, cuál médico especialista, su prescripción médica para los males del país centroamericano: Una dosis de “más medicina amarga”, con la que, afirma, curó el cáncer de la inseguridad en los últimos 5 años. Al paciente le hizo jurar lealtad a esta decisión y tomarla “sin quejarse”. Sin embargo, organizaciones sociales consideran que el costo de las decisiones gubernamentales han impactado de manera negativa a la población y que dicha receta, ya está caducada.
“El 4 de febrero, ustedes reafirmaron que este es el camino que ustedes quieren para El Salvador, para que salga adelante y cambie para siempre. Pero, a partir de ahora, primero de junio, tenemos una enorme tarea: la de proteger como un león nuestro legado”.
La investidura presidencial, cargada de simbolismos militares y alusiones imperiales, se llevó a cabo en medio de cuestionamientos a la reelección presidencial de Bukele, la cual está prohibida en al menos 7 artículos de la Constitución de la República de El Salvador. El discurso del presidente, por su parte, no abordó de forma concreta los desafíos que enfrenta el país, luego de su primer mandato. En su lugar, se convirtió en una plataforma para glorificar sus decisiones, mientras desacredita a quienes tienen una voz crítica y cuestionan su gestión, calificandolos de incompetentes, estafadores y enemigos del pueblo.
De hecho, un día antes de su investidura, el viernes 31 de mayo, el gobierno ejecutó la última arremetida de su primer mandato contra voces disidentes. En horas de la noche, fuerzas de seguridad capturaron a más de 7 veteranos de la Fuerza Armada y ex combatientes del FMLN -entre ellos el firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo-, a quienes acusaron de delitos de terrorismo y rebelión. La Policía Nacional Civil aseguró tener pruebas de la construcción de explosivos para ser utilizados el 1 de junio, entre ellos un audio publicado en la red social “X”, que no hace alusión de forma explícita al tema, y otros elementos encontrados en sus viviendas como sulfato de amonio, utilizado para la agricultura.
“Yo sí creo en Dios y le recuerdo lo que dice la Biblia: ‘Por sus frutos los conoceréis’. Valoren ustedes mismos quiénes fueron los que prometieron y no hicieron nada y quienes si logramos transformar este país, si logramos dar fruto buenos. La oposición es numéricamente insignificante, pero rabiosa”.
En su discurso, el presidente aseguró que su gobierno fue reconocido por el 100% de países del mundo, una afirmación difícil de verificar y altamente dudosa, dada la baja cantidad de mandatarios que asistieron (entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el rey de España, Felipe VI). El resto, se basó en metáforas divinas, agradecimientos a dios, a su esposa y anécdotas familiares.
“Por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre. La libertad es una de las cosas que más anhelamos los seres humanos y nuestro país, después de mucho tiempo, al fin tiene libertad. Logramos lo inimaginable y lo hemos hecho acá, pero no con nuestra fuerza ni con nuestra inteligencia, sino únicamente con la gloria de Dios”.
¿Libertad para quién?
Francisco Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, cuestiona la exaltación de la libertad en el discurso de Bukele, cuando el país se encuentra bajo un régimen de excepción como medida extraordinaria contra la violencia de las pandillas, con la cual han sido capturadas 80 200 personas. Sin embargo, alrededor de esta decisión existen 6 305 denuncias de violaciones a derechos humanos debido a esta medida, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
De los casos denunciados, el 94% corresponde a detenciones arbitrarias, el 87% han vivido violaciones al debido proceso, el 11% registra allanamientos de morada, un 5% reporta tratos crueles, inhumanos o degradantes y el 4.8% reporta hostigamiento. Además, es la PNC la más denunciada como agresores (75%), seguido de la Fuerza Armada (15%), lo que indica que la policía tuvo una participación en el 90% de las violaciones a derechos humanos. También, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), reportó 301 muertes de personas bajo custodia del Estado.
Para Francisco, dos de los impactos más graves que ha dejado esta medida son la estigmatización y criminalización de la pobreza, y el aumento de las brechas de desigualdad. Cuestiona que los cercos militares se han instalado en las zonas con altos niveles de pobreza, y no en las de alta plusvalía, llegando a los hogares con hostigamientos y abuso de poder.
“Imagínense, qué tipo de libertad es esa en donde los familiares ya tienen más de dos años de no saber de sus hijos y sus hijas, o sus seres queridos y sus seres queridas, nunca se metieron en temas de este tipo, no pertenecen al grupo delincuenciales, sino que los han arrestado por vivir ahí, en una zona empobrecida. Tienen dos años de no saber, qué angustia es esa es parte del castigo y de tortura psicológica que el gobierno hace”.
Una de las personas integrantes del Socorro Juríico Humanitario (quien pidió el anonimato por temor a represalias), expresó que con la actual alza de personas desaparecidas “puede ser también un indicador de la percepción de seguridad, y el evidente control que se tiene ahora sobre grupos delincuenciales, la inseguridad no ha desaparecido y este tema todavía está latente para ustedes, cómo podrían considerarlo, siguen activos grupos delincuenciales pese al discurso del presidente”, asegura.
Por otra parte, existe una narrativa que también estigmatiza el trabajo de la prensa y las personas defensoras de derechos humanos, durante el último quinquenio. De enero a abril de este año, el derecho a la libre expresión constituye el 61.3% de las vulneraciones, la libertad de asociación con el 22.6% y el derecho de reunión pacífica con el 16.1%
A esto se suma el deterioro de la democracia y un 62% de la población que teme expresar una opinión crítica del gobierno por temor a represalias, minando así el derecho a la libertad de expresión.
Más medicina amarga: ¿una receta caducada?
Al igual que en 2019, Bukele volvió a la metáfora del país “enfermo”, asegurando que “curó” al país de las pandillas con dosis de “medicina amarga” y que esta misma receta la aplicará a la crisis económica que vive el país. “El Salvador necesita tres cosas para curarse la economía: Uno, la guía de Dios; dos, el trabajo incansable del gobierno; y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Ya votaron por nosotros, masivamente, el 4 de febrero.
Pero no es suficiente con votar, es importante defender cada una de las decisiones que se tomen, sin titubeos. Así como lo hicimos con la inseguridad, vamos a hacer este país próspero, pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen”, dijo.
Este tipo de analogías simplificadas no reflejan la complejidad de los desafíos que enfrenta El Salvador ni ofrecen soluciones concretas para abordarlos, así lo expresó José Luís Magaña, economista de Panorama Económico. Magaña explica que en el último quinquenio, 1 de cada 3 hogares está en situación de pobreza y sin acceso a servicios básicos, 420 mil hogares que no tienen acceso a agua potable frente a 130 mil, en 2019.
El economista considera que en los pasados cinco años, el presidente ha logrado diversificar su apuesta estratégica, la cual incluye mega infraestructuras y turismo. Algunas de estas decisiones tienen que ver con Bitcoin City, el aeropuerto del Pacífico y el tren del Pacífico, proyectos que, si bien no han iniciado a construirse, ya comenzaron a generar procesos de desalojo de desplazamientos forzados a comunidades que están en esta zona. Ese desplazamiento, afirma, ha ido causando ya muchos malestares e incluso aumento de la conflictividad social en las localidades que están priorizadas.
“Estos cinco años han significado que los hogares tengan más problemas para lograr cubrir sus necesidades. En el 2019 había 83 mil hogares que no tenían los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica alimentaria. Al año pasado son más de 170 mil hogares que no logran cubrir esa canasta básica alimentaria, es decir, esto es es indicador de pobreza extrema, ha incrementado la pobreza general”.
Los desplazamientos por megaproyectos y la entrega masiva de permisos ambientales (solo en los últimos 5 años se entregaron más de 5 mil) los impactos también se dan en términos ambientales, como los conflictos a causa de estos: “está el proyecto Valle el Ángel; Sonsonate y Ahuachapán con el río Sensunapán; conflictos en la Cordillera del Bálsamo que está siendo depredada con impactos en los bosques y en las cuencas; En Huizucar se están talando 54 manzanas de bosques, que son parte de la cuenca del río Huiza que abastece a comunidades y al casco urbano”.
Magaña agregó que la implementación del Bitcoin como moneda nacional no generará mayores cambios más que las pérdidas del dinero que dio origen al proyecto. Además, explica las tres apuestas que tenía el gobierno con dicho proyecto y cómo fallaron cada una.
“Primero, el gobierno quería abaratar las remesas y que los familiares enviaran sin pasar por los procesos tradicionales. Solo el 1.3 y 1.7% del total de las remesas se han enviado vía billeteras digitales. Segundo, era sobre la inclusión financiera, que a través de esto se podían acceder a productos financieros, sin embargo, cerca de la mitad de la gente sí descargó la billetera para hacer uso de los $30 de bono y solo cerca del 7% de estas personas la ha seguido usando. Tercero, la atracción de inversiones. Los flujos de inversión extranjera tampoco se han impulsado. De hecho, meses después de implementado, los flujos de inversión fueron negativos.
Ante la falta de información y de acciones concretas que se podrían implementar en este segundo mandato, José Luis intuye cuáles podrían ser las decisiones económicas que tomaría el gobierno y que significarán una dosis de medicina amarga para la población. La primera, sería un recorte de gastos y ajustes en programas sociales, algo que inició de forma radical en 2019.
“El programa de erradicación de la pobreza tiene aprobados 500 mil dólares, menos de medio millón. Medicina amarga ha sido también el recorte del FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social), porque ahora ya las comunidades no tienen acceso a esos fondos. Las alcaldías usaban estos recursos para inversión social, becas o para las unidades de la Mujer o Unidad de Medio Ambiente, pues esos recursos ya no los tiene la Municipalidad”.
También señala una tendencia a recortes en los hospitales y el sistema de salud en general. Solamente en 2023, los recortes sumaron $50 millones, con recortes importantes para el Hospital de Niños Benjamín Bloom, al que se le recortaron $7 millones. Por otra parte, considera que uno de los planes para aumentar los ingresos al fisco son la implementación de nuevos impuestos o un posible aumento al IVA, algo que está en la mesa de discusión con el Fondo Monetario Internacional.
Magaña finaliza considerando que el discurso del 1 de junio dejó más preguntas que respuestas, ante la falta de sustancia, coherencia y empatía hacia los verdaderos problemas y preocupaciones de la población. En su lugar, El Salvador escuchó la misma retórica de 2019 en la que el país recibió el trato de un paciente al que, en lugar de escuchar sus síntomas, se le pide ver, oír y rezar.
“Un buen doctor o doctora no te va a decir que te tomes esa una pastilla sin preguntarte cuál es la enfermedad que tenés, sin hablar con el paciente para ver si tiene efectos secundarios.Un buen doctor o doctora, le sabe explicar a los pacientes exactamente cada uno de los pasos del tratamiento que van a seguir y un buen doctor o doctora, está abierto a todas las preguntas y a todos los cuestionamientos que el paciente le hace. A mí, mi papás me enseñaron que si alguien me da una pastilla y me dice tomatela y no me preguntes, que me aleje de esa persona, porque seguramente doctor no es”, finalizó.