¿Ruptura o continuidad en el BCIE?: Nuevas estrategias en el “banco de los dictadores centroamericanos”
Maldito País
mayo 23, 2024
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se encuentra en la mira desde hace algunos meses debido a diferentes investigaciones que cuestionan su apoyo a proyectos que han potenciado la corrupción en diferentes países centroamericanos, sobre todo en aquellos que mantienen regímenes autoritarios y trastocan con sus acciones el Estado de Derecho y la democracia, como El Salvador y Nicaragua. Su nueva presidenta, Gisela Sánchez, ha declarado que se apegará a la rigurosidad técnica para tener un mayor control de los proyectos que financian. Con estas nuevas estrategias ¿cambiará la relación con El Salvador y Nicaragua?
Para entender las condiciones y las relaciones entre los Estados Centroamericanos y el BCIE, es importante conocer cómo funciona y quiénes toman las decisiones, asegura el economista José Luis Magaña. El BCIE surge con los tratados de integración centroamericana en los años 60. Desde entonces, busca ser un apoyo financiero para el desarrollo de la región y ha contado con la dirección de personas designadas por los mismos Estados. Magaña considera que, si bien existen criterios técnicos para el otorgamiento de fondos, es importante entender que la estructura de funcionamiento del banco también tiene un componente político.
“Al final de cuentas, quienes toman las decisiones la estructura de gobernanza del BCIE está propuesta y está puesta directamente por los mismos gobiernos de los países. La Asamblea de Gobernadores, que es la máxima autoridad del Banco Centroamericano, son los ministros o las ministras de Hacienda de los países que son parte del banco. Tenés que la máxima autoridad son las mismas personas que luego van a pedirle financiamiento al banco. Desde ahí vas a ver todo un componente político en la toma de decisiones”, expresó.
El especialista cree que esto es determinante para entender por qué el BCIE ha sido el principal financista en proyectos que, de acuerdo a investigaciones periodísticas, han dado pie a actos de corrupción en diferentes países. Un banco que ha dejado pasar de largo algunas acciones de los mismos Estados que generan daños en el sistema democratico en algunos países, pese a que se rige por, precisamente, principios democráticos plasmados en el Acuerdo de Tegucigalpa.
“Imagínate decir que soy un banco Centroamericano que se rija por criterios totalmente democráticos y que, por lo tanto, no le va a dar créditos a regímenes que tengan características no democráticas, ¿qué va a pasar con esos países que tienen esas características no democráticas si son parte de la toma de decisiones del banco? Va a empezar todo un tema de pelea política, no de disputa política al interior del banco por el tema de los fondos” agregó.
Es decir que los países que tienen las características no democráticas también tienen decisiones de a quien se le dan los fondos y también los solicitan. Recientemente, una investigación de OCRRP, una alianza de diferentes medios de comunicación centroamericanos, develó en 2023 que el BCIE otorgó millones de dólares a regímenes autoritarios, como El Salvador con Nayib Bukele, Nicaragua de Ortega – Murillo y una Honduras de Juan Orlando Hernández. La investigación apunta a que se financiaron proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente y otros que se desviaron para prácticas corruptas, como por ejemplo: su vinculación con los sobornos en el caso Odebrecht y la financiación de proyectos hidroeléctricos en Honduras, que han concluído en el asesinato de personas defensoras del territorio, entre ellos Berta Cáceres.
Según el análisis de dicha investigación, el último presidente del BCIE, Dante Mossi, mostró más cercanía con los regímenes de Nicaragua y El Salvador. Una cercanía expresada en $4,717 millones de dólares para ambos países, versus los $3,700 millones que recibieron los otros tres países fundadores del BCIE en Centroamérica. En los cinco años de presidencia de Mossi, El Salvador recibió el 31.48% de desembolsos, Nicaragua se encuentra en segundo lugar con el 24.57%; le sigue Honduras con 21.46%; Costa Rica, con 16.65%, y Guatemala, que recibe apenas 5.84%.
Mossi inició una línea de préstamos “basados en políticas”, que tenía pocas condiciones para los países que la solicitaran. Uno de los mayores desembolsos que se hizo sobre este tipo de financiamiento fue para El Salvador: 600 millones de dólares para ayudar a pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia por COVID-19, que fueron entregados en 2021. Al final, este préstamo se desvió para financiar la conversión de bitcoin en moneda local. Un proyecto fracasado y rechazado ampliamente por la población, según diferentes encuestas.
Otro de los préstamos “controversiales”, como los califica el economista José Luis Magaña, fue el de 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial de Bukele, destinado a combatir la violencia en las calles. La falta de apoyo en el congreso para aprobar dicho préstamo fue la excusa para que Bukele ingresara con la Fuerza Armada a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020. Ese día, Bukele, luego de orar en el corazón del Órgano Legislativo para preguntarle a Dios qué hacer, hizo un llamado a la insurrección a la población que le acompañaba en las calles, en su mayoría, afines a su partido Nuevas Ideas. Luego, llamó a la calma en una ciudad rodeada de fusiles.
“A pesar de ese ejercicio totalmente antidemocrático por esos préstamos, siguieron en pie este y otros que se están dando, en infraestructura, por ejemplo, el préstamo para el viaducto de Los Chorros y también algunos préstamos para construcción de escuelas, también se está dando a través del BCIE. El banco se hace el del ojo pacho de diferentes circunstancias en los países que se saltan los Acuerdos de Tegucigalpa, porque esos mismos países están tomando las decisiones sobre el funcionamiento del banco”, expresó Magaña.
La nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez, fue nombrada en noviembre de 2023. Es la primera mujer presidenta de dicha institución y que, según expertos, recibe un banco de desarrollo en una situación crítica. En una de sus primeras entrevistas, luego de las diferentes investigaciones que indican el involucramiento de la institución en casos de corrupción, Sánchez dijo que es consciente que existe un mayor nivel de concentración de la cartera en El Salvador y Nicaragua, y afirmó que su objetivo es buscar una cartera más diversificada. Agregó que ha iniciado una investigación sobre el manejo de fondos del BCIE en los últimos 10 años.
“Mi objetivo es proteger los límites de exposición por país, diversificar la cartera, hacer más eficientes los gastos del banco y poder trasladar por ende los beneficios a los países que servimos. (…) Tenemos un plan de acción para retomar esos límites y asegurarnos la diversificación de la cartera. Queremos seguir sirviendo a todos los países, pero queremos tener la responsabilidad de servirlos de una forma más balanceada de lo que se venía haciendo. No somos una institución política, somos una institución financiera, un brazo para ofrecer el capital que la región necesita para poder desarrollarse económica, social y ambientalmente”, dijo en su entrevista con Redacción Regional.
Magaña afirma: “Lo que hace el BCIE es básicamente ir a buscar dinero afuera para canalizarlo hacia los países. Entonces le dicen enséñame tu balance, enséñame tu diversificación del riesgo, me estás prestando para saber con qué riesgo estoy teniendo y en caso de El Salvador, en particular, pues la percepción de riesgo que tiene el mercado financiero es bastante alta, de hecho es la más alta de la región centroamericana. Entonces, sí su cartera de préstamos está concentrada en El Salvador y El Salvador es el país con más alto riesgo, entonces también al propio Banco Centroamericano le va a costar encontrar financiamiento. Por eso debe diversificar”.
Sin embargo, Sánchez ha buscado matizar sus declaraciones y mantener sus relaciones con ambos países. Muestra de ello es su reciente encuentro con el presidente de El Salvador a finales de abril. Para Magaña, esto responde a que, como presidenta, debe dar cuentas ante una Asamblea de Gobernadores regida por los Estados de la región. Con ello, considera, las relaciones entre el BCIE y regímenes como El Salvador y Nicaragua no cambiarían de forma radical, como lo planteó la presidenta en su primera entrevista.
“En términos políticos no creo que cambien mucho. Al final de cuentas, El Salvador y Nicaragua son de los principales países que tienen voz y voto. Los cinco países fundadores del banco tienen la principal voz y voto en el en las decisiones que se toman. Donde tal vez podemos ir viendo algunos matices es en la obtención de créditos, por la misma lógica que está diciendo el banco, no esa lógica financiera de diversificación del riesgo, que muy probablemente puedan intentar darle más créditos a otros países para reducir la cuota que tiene El Salvador y bajar el peso en términos de riesgo crediticio”.