“En casos emblemáticos como el Mozote y Monseñor Romero, se han escondido archivos militares, se ha negado el acceso a las inspecciones por parte de los jueces en los recintos militares y en el tema de memoria y reparación también se ha retrocedido”, afirmó Alejandro Díaz, abogado querellante en el caso del asesinato de Monseñor Romero y miembro de Tutela Legal. 

Tutela Legal solicitó la apertura del caso en marzo de 2017, este se reabrió por el Juzgado Cuarto de Instrucción en mayo del mismo año. La organización pide que se investigue lo plasmado en diferentes informes, donde se mencionan los nombres de los autores del crímen, entre ellos los ex capitanes Alvaro Saravia y Eduardo Ávila, el motorista Amado Garay, quien condujo el vehículo hasta el lugar del asesinato, y Roberto D’Abuisson, líder del grupo paramilitar “Escuadrones de la Muerte”, como la persona que ordenó asesinar al sacerdote. 

En abril del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por el magnicidio de Monseñor Romero y recomendó realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el presente informe, sin perjuicio de la amnistía decretada. Además, pidió reparar todas las consecuencias de las violaciones a derechos humanos y adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. De estas tres recomendaciones, afirman organizaciones como Tutela Legal, solo se ha cumplido la última, ya que la Ley de Amnistía fue derogada en julio de 2016.

Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), lamenta que en medio de estas conmemoraciones, la narrativa del gobierno actual denomine como “una farsa” a los Acuerdos de Paz, al conflicto armado y a la labor de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto. “Lo que este gobierno ha hecho es burlarse de las víctimas. Ha querido borrar todo del pasado. No queremos esa impunidad que se está viviendo en el presente, con esos casos de personas que están siendo capturadas, torturadas y que han muerto en cárceles. Eso se llama impunidad. Este es un peligro latente por no haberse fortalecido el sistema de justicia”, expresó. 

El caso de Romero es parte de los casos plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la esperanza”, de 1993. Tanto el informe como la resolución de la Comisión IDH, insisten en que el Estado debe facilitar la información a las víctimas para conocer la verdad de este y otros hechos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, además de brindar reparación y garantías de no repetición, a través de leyes y políticas de Estado en las que participen los familiares y víctimas para su construcción. Hasta la fecha, la familia de Romero y las miles de víctimas del conflicto y organizaciones de derechos humanos, siguen caminando cada 24 de marzo, denunciando y alzando la voz, un año más, hasta ser escuchadas por las autoridades y estas cumplan con sus demandas.