Delphine Lacombe: Un primer gran momento es cómo dentro del mismo proceso revolucionario hay mujeres que deciden problematizar el maltrato conyugal y la violación. Hay una experiencia pionera en Nicaragua que fue la creación de la Oficina Legal de la Mujer en 1983. La oficina buscó profundizar la revolución y esta experiencia precursora también estuvo bajo el aval del Ministro de Interior de Tomás Borge.  En un inicio no se trataba de luchar contra el maltrato conyugal, sino más bien buscaban cómo arreglar problemas de pareja, y cuando se dan cuenta que no se pueden hacer mediaciones, reconocen que la violencia es un obstáculo a la convivencia familiar, ahí cambian de paradigma y quieren luchar contra el maltrato y redactan un informe sobre la situación del maltrato durante la revolución. También se dan procesos paralelos como la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Hay luchas jurídicas también a la par, luchas para legalizar el divorcio por decisión unilateral, lo cual va a ser aceptado y votado años más tarde. Esta experiencia precursora de la Oficina de Legal de la Mujer es importante porque plantea que la violencia contra la mujer es tan política como la violencia entre enemigos armados. Entonces empiezan a hacer avanzar un lema: lo privado es político. 

Hay una segunda gran secuencia que corresponde a un cambio de régimen político, que es después de las elecciones de 1990. Ahí inicia un proceso denso donde se trata de penalizar mejor las violencias sexuales y después entre 1992- 1996 la violencia intrafamiliar. Ese momento es un ensayo de instauración democrática donde la idea es reformar las leyes y se creo la Ley 150, que significa una ruptura, porque hasta 1992 en Nicaragua se penalizaba la violencia sexual en función del estatuto de las mujeres. Lo que importaba era saber si eran casadas o vírgenes, de buena fama o de mala fama. Las feministas que vienen del Frente Sandinista consiguen penalizar y calificar la violencia sexual no en función del estatuto de las mujeres al linaje patriarcal, sino en función de la ofensa misma hacia las personas. En 1996 también todos esos procesos de lucha de las feministas desembocaron en el reconocimiento de la violencia intrafamiliar en la ley penal, con el reconocimiento de la violencia psicológica.

La tercera parte se pregunta qué pasa a partir de los pactos de poder. Lo que analizo de manera detallada en el libro es que no se pueden comprender estos pactos sin comprender su dimensión de género, que es un resorte fundamental, ejemplificado por la manera con la cual Daniel Ortega logra consolidar su impunidad después de la denuncia de su hija adoptiva Zoilamérica, a través de un pacto con Arnoldo Alemán. Esta parte del libro analiza cómo el tratamiento institucional de la violencia de género queda atrapado en este juego de competidores por el poder dominado por figuras tutelares masculinas, es así como se puede comprender la prohibición total del aborto en Nicaragua, el desmantemiento de las leyes que habían sido aprobadas, incluso la ley más reciente sobre feminicidios, todo eso forma parte de los pactos de poder. Entonces, por eso afirmó que el género es una categoría de análisis fundamental para comprender este regreso paulatino al autoritarismo que lleva también a la crisis que conocimos del 2018.