En Colombia, el movimiento anti extractivo y por los bienes comunes se ha mantenido activo, con las mismas posturas de los otros pares en la región. Su situación, a pesar de los tratados de paz, no ha mejorado, siguen enfrentándose a la violencia paramilitar y del Estado, muchas veces para defender su territorio o recuperarlo, porque muchas de las comunidades fueron desarraigadas por la guerra, lo que fue muchas veces promovido por las élites colombianas y las empresas transnacionales para apropiarse de los territorios. Con las protestas del 2021 el Estado colombiano ha vuelto a mostrar  su rostro represivo, que lleva años ejerciendo en el interior del país, en esas regiones afectadas por el extractivismo.

​En Argentina, los proyectos de monocultivo y extractivismo, funcionan como en el resto de la región. Buena parte de la dinámica está basada en los agronegocios, destacándose desde la década de los noventa, el cultivo de soja transgénica, pero que fueron agregándose el trigo y el maíz, también transgénico (del Corro, 2020), basados en técnicas de producción agresivas con la naturaleza, donde están involucradas grandes transnacionales de los agronegocios como Mosanto, Vicentín, Cargill, COFCO. Junto a estos, se implementan proyectos petroleros, con prácticas de fracking, de la mano de Chevrón e YPF, así como proyectos mineros.

Este modelo extractivo ha expulsado de sus tierras, pueblos originarios, como de otros pueblos que han generado movilización como en la provincia argentina de Mendoza, en contra de la minería y en defensa del agua, que es bastante escasa, denunciando el uso de cianuro en esta actividad por la empresa minera canadiense Barrick Gold. A ello, se han enfrentado con cortes carretera y otras formas de protesta.

​Hay que destacar de esta experiencia, los lemas que fueron determinantes, «El cianuro no resuelve el hambre», «El agua vale más que el oro» (Centenera, 2019), porque significan un discurso contrapropuesto a los del gobierno de Fernández, como de otros presidentes de la región, que ofrecen una serie de promesa basada en las necesidades de empleo de la población, para que acepten estos proyectos, poniendo como contrapuestos y como disyuntivas, estas necesidades prácticas frente a la conservación del agua, la naturaleza, al sentido de pertenencia al territorio.

​En Chile, los pueblos mapuches llevan años defendiendo su territorio, tratando de recuperar lo  que les ha sido arrebatado. Y aquí vemos otra característica de los movimientos por la defensa de los bienes comunes y el territorio, su persistencia en el tiempo, inscritos en una poderosa memoria histórica, que conecta generaciones en lucha. Lo que suele pasar desapercibido, porque muchas veces no se presta la atención mediática necesaria.

​Zibechi nos habla, citando a Paricán y a Pineda, del complejo sistema de organización arraigado en el tejido social de estos: La “movilización” mapuche gira en torno a la tierra, para ocuparla, resistir el desalojo y volverla a ocupar cuando sea posible y necesario. Se trata de convertir la tierra en territorio o, re-territorializarse como pueblo. Un largo proceso que comienza en el fogón (kutral) comunitario, donde las decisiones toman fuerza colectiva, y se hacen visibles en la ocupación de los fundo. El repertorio de acción pública mapuche gira en torno a la reconstitución del territorio: recuperación de fundos, ataques a camiones de las empresas forestales e incendios de plantaciones de pinos. Hacen alguna manifestación, pero en modo alguno son el eje de su accionar. (2021, pág. 253). Con esto, el pueblo mapuche, recuperó 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990.

​Este modelo de organización y movilización, que Zibechi, denomina “Un viraje hacia adentro” se repite en: el zapatistas y nasa; la Minga Social y Comunitaria de El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia; el movimiento campesino de la ruta canalera, antiminero en Rancho Grande y los pueblos originarios del Caribe, en Nicaragua.