El derecho a la verdad: condena al exviceministro Inocente Montano
septiembre 23, 2020
10 min
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil, miembros del Batallón Atlacatl entraron al campus de la Universidad Centroamericana en El Salvador y asesinaron con un tiro en la cabeza a seis jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno y Amando López. También descargaron sus AK-47 contra una trabajadora y su hija, Elba y Celina Ramos. Un poco más de dos años después, el 16 de enero de 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México y dejaban atrás 12 años de guerra civil, más de 75 000 muertos, más de 10 000 desaparecidos, miles de familias desplazadas tanto dentro como fuera del territorio nacional y cientos de crímenes, masacres, desapariciones y torturas que peligrosamente podrían quedar impunes dado el contexto sociopolítico en el que estaba el país.
Dentro de los Acuerdos de Paz, se exigía implementar una comisión que investigara todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados en los 12 años del conflicto armado. Esta comisión, liderada por la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de meses de intenso trabajo recibiendo el testimonio de más de 2 000 víctimas publicó el informe: De la Locura a la Esperanza: 12 años de Guerra en El Salvador. Dicho informe, presentado el 15 de marzo de 1993, contenía con datos detallados los presuntos culpables de los crímenes más atroces en el período del conflicto armado. Con mayor detalle, entre otros, estaba el magnicidio de Monseñor Romero en 1980, la masacre de El Mozote en 1981, la masacre de El Calabozo en 1982 y el asesinato de los padres jesuitas junto con Elba y Celina Ramos en 1989.
El informe señalaba al Alto Mando Militar que no solo tenía conocimiento, sino que había sido partícipe en la decisión de asesinar al “grupo de cerebros satánicos conducidos por Ellacuría”. A partir del informe y después de un juicio maliciosamente manipulado se logró condenar a dos militares como autores materiales en el asesinato de los jesuitas, una trabajadora y su hija. Sin embargo, ningún militar del Alto Mando, que según el Informe de la Comisión de la Verdad fueron los autores intelectuales del crimen, fue procesado.
La justicia salvadoreña protege a los militares
Un año después de que el coronel Carlos Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueran condenados a 30 años de cárcel, fueron puestos en libertad por la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993 que dejaba impune todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. En el año 2008 se abre un juicio en España liderado por los familiares de los cinco jesuitas españoles asesinados, el juicio avanza y en el 2011 ocurre algo impensado: por primera vez son imputados 20 militares acusados por la masacre y son exigidos por la justicia española. En este contexto, la justicia salvadoreña no solo no colabora con la extradición de los imputados, sino que los protege y prohíbe su extradición. El único militar que fue extraditado a España (desde Estados Unidos) fue Inocente Montano, exviceministro de seguridad de la época y unos de los autores intelectuales de la masacre.
El viernes 11 de septiembre del 2020 sucedió un acontecimiento histórico y un punto de inflexión para la historia de El Salvador y para la búsqueda de la justicia y la verdad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado: Inocente Montano es declarado culpable y condenado a 130 años por el delito de actos terroristas en contra de 5 ciudadanos españoles. La condena al exviceministro de seguridad en España nos hace también reflexionar sobre la débil institucionalidad del país y la poca importancia que la justicia salvadoreña confiere al esclarecimiento de la verdad en favor de las víctimas del conflicto armado. En El Salvador, a pesar de que el 16 de julio de 2016 la Ley de Amnistía de 1993 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, no ha habido aún condena alguna contra ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
Dificultades para alcanzar la verdad
Tuvo que ser la justicia española la que aportara un poco de luz al tortuoso camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. La UCA fue clara en su pronunciamiento sobre la sentencia de Inocente Montano: aunque la condena es un importante paso hacia la verdad y la reparación ya que es una muestra fehaciente de que la fuerza armada funcionó como una institución represiva y violadora de derechos humanos, es estrictamente necesario que sea la justicia salvadoreña la que dé pasos reales en favor de la verdad y la justicia.
Un elemento que va de la mano con la condena jurídica de la masacre de los jesuitas, y que definitivamente no se puede pasar por alto, es el efecto psicosocial que tiene en las víctimas no solo haber sido tomadas en cuenta como testigos en el juicio, sino que también su relato, que por décadas fue negado y minimizado por las autoridades salvadoreñas y estadounidenses, por fin fuera validado y tomado en cuenta para ejercer justicia. Ese relato fue por el que dos testigos del caso jesuitas fueron llevados engañados hacia Estados Unidos pocos días después de la masacre. En el tiempo que permanecieron “protegidos” por las autoridades estadounidenses fueron víctimas de acoso verbal y psicológico mientras hacían su declaratoria; quienes los protegían les hicieron creer que su relato no era cierto y que ellos eran, básicamente, unos mentirosos. Así como las víctimas y testigos del caso jesuitas, existen miles más que vivieron o presenciaron masacres, torturas y desapariciones cuyos relatos y verdades han sido negadas sistemáticamente por décadas. Es por ellos y ellas que sigue y seguirá siendo fundamental trabajar incansablemente por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de uno de los períodos más tristes de la historia de El Salvador.
