El 03 de enero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó desmantelar el Monumento a la Reconciliación, una escultura que conmemoraba el fin del conflicto armado, la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y el proceso de democracia y reconciliación que iniciaba el país después de 12 años de guerra civil. Bukele dijo públicamente que el monumento simbolizaba el pacto entre quienes se dedicaron a “asesinar al pueblo”. También mencionó que en su lugar inaugurará un espacio de entretenimiento al aire libre para los salvadoreños.

Cuando Nayib Bukele tomó el poder en 2019 dijo: “Hemos pasado la página de la posguerra”, refiriéndose a que su gobierno había acabado con el bipartidismo de los últimos 30 años entre el FMLN y ARENA. Casi cinco años después, el desmantelamiento del monumento confirma sus declaraciones, pero deja  ver que sus intenciones van mucho más allá de poner fin al bipartidismo histórico. Sus acciones pretenden enterrar el pasado y silenciar la búsqueda de justicia que las víctimas y sus familiares han llevado durante décadas. Son cientos de personas que durante años han exigido reconocimiento, reparación, verdad y justicia por parte del Estado salvadoreño. Hasta la fecha sigue siendo una enorme deuda pendiente. 

Se calcula que la guerra civil dejó en El Salvador un saldo de entre 70 000 y 75 000 víctimas mortales y al menos 9 000 desaparecidos, en este último grupo se desprenden los casos de 888 infantes, de los que se ha podido ubicar el paradero de 370. Posterior al fin del conflicto se instaló en el país una Comisión de la Verdad que tuvo como tarea esclarecer las violaciones a derechos humanos, su papel no fue judicial, sino que brindó recomendaciones que ayudarían a reconciliar a la sociedad salvadoreña. Durante sus ocho meses de trabajo, la comisión recopiló 22 000 denuncias de hechos violentos y 20 masacres. El 85% de los casos fueron atribuidos a las Fuerzas Armadas y un 5% a los integrantes del Frente Farabundo Martí.

Pese a estos esfuerzos, los procesos de pacificación se centraron en los victimarios, dejando de lado el resarcimiento de las víctimas¹ . En los acuerdos firmados por ambas partes no se habló de una reparación integral. En el año 2010 se creó una Comisión Nacional de Reparación a las Víctimas de Violaciones a los DDHH, pero el eje principal de esta comisión fueron las indemnizaciones económicas donde la obtención de justicia siguió siendo omitida. 

En el año 2016 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, abriendo así una oportunidad para la obtención de justicia, pero desde entonces a la fecha, muy poco se ha avanzado. El gobierno se ha negado a poner a disposición de los jueces los archivos sobre el conflicto armado que están en poder del ejército. Al igual que los gobiernos anteriores, Bukele ha respaldado la negativa de las fuerzas armadas para abrir los archivos de la Masacre de El Mozote, una matanza en la que los militares asesinaron a 978 personas, de las cuales 533 eran niñas y niños. 

Además del derecho a la verdad y la justicia, la memoria ha sido otro de los derechos negados a las víctimas del conflicto. Las Naciones Unidas reconocen el proceso de memorialización como el quinto pilar de la justicia transicional. En su informe de 2020, el Relator Especial de la ONU, Fabian Salvioli, señaló la obligación de llevar procesos de memoria en situaciones de transición y conflicto además de incluir recomendaciones dirigidas a los Estados sobre estos temas. Dentro de las recomendaciones del informe se menciona que “la política pública de memoria debe ser multidimensional e incluir medidas en espacios públicos (monumentos conmemorativos, parques, plazas, etc.)²”.

Pese a que el Monumento a la Reconciliación fue un intento del gobierno del FMLN por hacer un reconocimiento a las víctimas, la realidad es que dicha iniciativa no estuvo exenta de polémicas por la forma en que fue realizado. Me interesa describir dos monumentos valiosos para comprender las disputas sobre la memoria que siguen presentes en El Salvador: primero el Monumento a la Reconciliación. Luego  el Monumento a la Memoria y la Verdad. Ambas propuestas ejemplifican cómo el gobierno ha hecho muy poco para intentar sanar el pasado y cómo las víctimas siguen en la búsqueda de reconocimiento.