Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Pablo Sibar tiene 69 años. En su voz se nota la experiencia, el trabajo y su caminar por la defensa de la tierra. Cansado por momentos, toma energía al hablar de Térraba, la tierra que jura defender junto a su pueblo Brörán y otras comunidades indígenas. Lleva a cuestas heridas profundas producto de su lucha: amenazas a su vida, arrestos, agresiones y la pérdida en años recientes de dos de sus compañeros, Jehry Rivera y Sergio Rojas. Sin embargo, su sentencia es clara: “Las tierras indígenas son de los indígenas”.
El pasado 10 de agosto enfrentó una nueva amenaza en su contra. Personas no indígenas invadieron su finca, 10 hectáreas dedicadas a la conservación ambiental y la gestión comunitaria del agua que posee legalmente desde hace 13 años. La policía se negó a desalojarlos debido a que las personas tenían un certificado emitido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba.
“Era una familia que estaba trabajando en mi parcela. Al final me entregaron un documento que les había dado la ADI donde les entrega esta parcela. Tuvimos un altercado, llegó la policía, los logramos sacar, pero luego llegaron las amenazas y empiezan a decir que soy un invasor de tierras. Yo he puesto dos denuncias en el Juzgado Agrario y en el Penal”.
Organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos y representantes de los pueblos indígenas consideran esta invasión como “un patrón de despojo, hostigamiento y violencia”, contra los territorios originarios y que amenaza la vida de Pablo Sibar.
Hasta la fecha, los asesinatos de Jehry Rivera y Sergio Rojas continúan en la impunidad, así nos comenta Elides Rivera, lideresa histórica del pueblo Brörán de Térraba y tía de Jhery. Ella y su familia son uno de los troncos más fuertes e históricos de la defensa del territorio.
Para entender el peligro de ser indígena en el país “más democrático y verde” de Centroamérica, hay que desgranar la historia de Pablo, Elides, Jehry y Sergio, de la lucha de los pueblos por recuperar sus territorios, y de las estrategias de quienes buscan poner las manos sobre ellos. Un conflicto que se arrastra desde la larga noche de los 500 años, pero que ha tomado diversos giros en la historia reciente.
En 1978, Costa Rica aprueba la Ley Indígena, que determina en el artículo 3 que las reservas indígenas son “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Además, indica que las personas no indígenas “no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas”, ya que los procesos de traspaso y negociación están reservados solo para indígenas.
Según el Censo poblacional de 2011, son 104 103 personas que se autodefinen como indígenas, constituyendo el 2.4% de la población total. Estas se encuentran en los 24 territorios indígenas, distribuidas en ocho pueblos originarios: Bribris,
Cabécares, Térrabas, Bruncas, Ngöbes, Malécu, Chorotegas y Huetares.
Un Decreto Ejecutivo de 1982 creó las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), quienes tienen la representación legal de las comunidades indígenas y actúan como gobierno local de éstas. Cada reserva indígena cuenta con una ADI que, según el decreto, tramitan “cualquier acción o proyecto de organismos o personas oficiales o privadas”
Con el tiempo, los pueblos originarios vieron el actuar de las ADI como “una traición”, ya que se emitieron certificados y documentos que entregaban territorios indígenas a personas no indígenas, como finqueros, ganaderos, terratenientes, empresas, agricultores, entre otros.
“Resulta que esta Asociación de Desarrollo entra en complicidad con todos los finqueros y les comienza a certificar y a dar derechos, pasando por encima de la Ley Indígena. Yo tengo fe que este proceso que estamos llevando en los juzgados logre demostrar que estas ADI están causando un enorme problema a la población, porque en lugar de defender las tierras, las entrega”, explicó Sibar.
Ante el evidente incumplimiento de la Ley Indígena, el Estado ha volteado la mirada. Jefrey López, director de la Asociación de Iniciativas Populares Dïtso, dice que hay una inacción clara ante la entrega de estos documentos que despojan de tierras a la población indígena.
“La recuperación de tierras es un imperativo del Estado, este tiene la obligación de recuperar las tierras y devolverlas a los y las hermanas indígenas en el marco de estos decretos ejecutivos de creación de los territorios. Hay una deuda porque el Estado no hace lo suficiente para la devolución de las tierras”.
Entonces los pueblos se organizaron. Sibar es miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo de Mayores del pueblo Brörán, instancias creadas por la población para la defensa de sus derechos. También es recuperador de tierras junto con otros hombres y mujeres de los territorios. Tierras que han sido “tomadas” por personas no indígenas.
“Se van a escuchar argumentos de que los indígenas están recuperando de hecho y que esas recuperaciones son ilegales. Al contrario, son legales porque se enmarcan en el derecho que les asiste a los pueblos indígenas. Esto genera una reacción muy fuerte de parte de grupos especialmente terratenientes y otros grupos vinculados a la economía criminal que han tenido en los territorios indígenas ocupados”, menciona López.
Dicha reacción ha sido violenta. Se han registrado amenazas, agresiones contra la población indígena. En estos contextos se dan los crímenes contra Sergio Rojas y Jehry Rivera. Pablo habla con dolor contenido de sus compañeros. A Sergio, un defensor histórico y fundador del FRENAPI, lo asesinaron de 15 disparos en su casa de habitación en el Salitre, al sur del país, el 18 de marzo de 2019. Tres sospechosos fueron capturados y luego sobreseídos por el Juzgado Penal de Buenos Aires, Puntarenas, en 2020.
Para Pablo, las investigaciones en el caso de Sergio “no se hicieron como deberían”. Sostienen que fue por encargo y que aún está pendiente encontrar a los autores intelectuales.
Por su parte, Jehry Rivera fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras que realizaban de una finca entre Térraba centro y el sector conocido Mano de Tigre, el 24 de febrero de 2020. Rivera fue provocado por varios propietarios ilegales de tierras. Ahí, recibió golpes y dos disparos que le provocaron la muerte.
En 2022, en un acto del gobierno central realizado en Buenos Aires, Juan Eduardo Varela confesó haber sido el autor de la muerte de Rivera. Todo quedó grabado en un video que transmitió en vivo el evento. “Yo fui el que lo maté”, dijo.
Varela fue capturado y condenado a 22 años de prisión por el hecho. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago lo absolvió del delito bajo el argumento de que las pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la parte querellante. El Tribunal dejó en firme la absolución en enero de este año.
Elides Rivera se involucró en la lucha desde muy joven, aprendiendo de Pablo y otras lideresas y líderes históricos. Pese a que su voz tiembla al recordar el asesinato de su sobrino Jehry, muestra fortaleza al pensar en la valentía de su hermana y de las mujeres que en ese momento enfrentaron ese duro golpe. “Por supuesto que es un hecho que a una la deja desbordada, destrozada. Pero lo que me sostuvo fue la fortaleza de mi hermana, la madre de Jehry, una de las lideresas más históricas de Costa Rica”.
“La recuerdo ese día. Cuando llegamos todas, ella estaba de pie, seguro nos esperaba. Estaba frente al caminito que va a dar a una cancha. Nos dijo: ‘no quiero que lloren, quiero que sean valientes. Sabíamos que esto podía pasar a cualquiera. Pasó con Jehry y lo que necesito es que todas me acompañen con mucha fuerza’”, relató.
Ella y su familia han presentado apelaciones ante el Tribunal para revertir la absolución de Varela y hacer justicia por el asesinato del líder. Afirma que buscan agotar todas las acciones judiciales para que se continúe el debido proceso. Sin embargo, aclara “yo sí sé que la justicia es otra cosa y que no está en un tribunal de blancos con poder”.
La historia de Elides es la historia de las mujeres del pueblo Brörán quienes, en medio de la lucha por los territorios, también reconocieron las desigualdades que enfrentaban: el despojo, la violencia de género dentro y fuera de la comunidad, el peso de ser madres solteras en un entorno hostil y el impacto diferenciado de las violencias y discriminación que ya vivían por ser indígenas.
“El peor enemigo es el miedo”, afirma con convicción. Por eso ellas han decidido enfrentarlo organizándose, aprendiendo sus derechos y tomando la palabra para defender no solo su territorio sino también la dignidad de las mujeres indígenas. Así crearon una organización de mujeres que tiene 30 años de trabajo.
“Mano de tigre es un petroglifo, una roca donde está la huella del jaguar. La piedra es grande y está en el territorio. Es a donde nuestro abuelo jaguar dejó sus últimas huellas. Entonces dijimos “bueno, aquí el mejor espíritu que nos puede acompañar, que nos puede representar, que nos puede guiar es el del jaguar. Y nos vamos a llamar: Mujeres Mano de Tigre’”.
Elides, junto a Mano de Tigre, ha impulsado una política de resistencia integral: reivindicar la identidad, proteger los recursos naturales y transformar las relaciones de poder, desde el hogar hasta las instituciones.
Costa Rica ratificó el Convenio 169 de la OIT el 2 de abril de 1993. Se comprometieron a respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la tierra, la cultura, y la consulta previa, libre e informada.
El país centroamericano ha sido conocido internacionalmente como “un país verde”, y es elogiado y colocado como ejemplo por sus acciones sostenibles, de protección a la biodiversidad y la naturaleza.
Sin embargo, las historias de Pablo, Jeffrey y Elides muestran que, hoy por hoy, este discurso contrasta con un futuro incierto en materia ambiental y en contradicciones “que dan vergüenza”, como la falta de reconocimiento al Acuerdo de Escazú, un tratado que reconoce la labor de las personas defensoras del territorio y compromete a los Estados a su protección.
“La imagen tiene que ver más con el turismo y el marketing que se logró colocar por gobiernos pasados. Pero la situación ambiental en Costa Rica está en grave riesgo. Hay un debilitamiento sistemático claro del compromiso ambiental, un desfinanciamiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y una corrupción descarada entre el gobierno y empresarios que hacen negocios con el ambiente”, afirma Jeffrey.
Pablo Sibar agrega que mientras su país “se mofa al decir que es un país verde”, no habla de que las áreas verdes están en territorios indígenas, “y que son territorios que están siendo asediados por muchas empresas, por muchos que quieren entrar a explorar o explotar los recursos que tenemos en estas tierras”, reitera Pablo.
Por su parte, Elides considera que pese a la imagen “bonita” de una Costa Rica democrática y verde, pesa que sus gobernantes “han perdido el horizonte” en este tema. Sin embargo, está convencida en la resistencia de su pueblo y la capacidad de cambiar el sistema de despojo en el que viven. “Mi fuerza está en la resiliencia, son las abuelas, abuelos y las mujeres actuales de mi pueblo”.
