Hoy 11 de octubre de 2023 se lleva a cabo la audiencia del caso Pérez Lucas y otros vs. Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que realiza las audiencias del 162 Periodo Ordinario de Sesiones en Bogotá, Colombia. Este es un caso emblemático de desaparición forzada que tuvo lugar en Guatemala en abril de 1989, durante el gobierno civil de Vinicio Cerezo. Durante este gobierno también ocurrió el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, en 1990, cuyos responsables, miembros de las fuerzas armadas, fueron condenados en tribunales nacionales y el caso cuenta con sentencia de la Corte Interamericana. 

En la audiencia del 11 de octubre se presentarán peritajes, testimonios de familiares y diversa prueba que podrá ser escuchada por la Corte Interamericana para que el caso avance y pueda posteriormente condenarse al Estado de Guatemala como responsable de diversas violaciones a los derechos humanos. Este caso toca un tema toral: el reclutamiento militar forzado que obligaba a personas, sobre todo mayas, a ser parte del Ejército y de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), a trabajar en jornadas inhumanas y los hacía parte de la maquinaria represiva en contra de su voluntad. Luego de que se presenten los hechos en esta audiencia, la Corte tiene seis meses para dictar sentencia. 

El 1 y el 7 de abril de 1989, los señores Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis fueron detenidos por fuerzas del Estado en una finca en el departamento de Suchitepéquez y jamás fueron vistos de nuevo. Los cuatro eran líderes del Consejo de Comunidades Étnicas Rujunel Junam (CERJ) “Todos iguales” en idioma quiché, una entidad fundada por el defensor de derechos humanos y exdiputado Amílcar Méndez, en el departamento de Quiché, que se dedicaba a la educación popular y de derechos humanos y a concientizar a la población con el fin de contar con herramientas para oponerse al reclutamiento forzoso de campesinos por parte del Ejército, una práctica común en Guatemala durante la guerra interna que duró de 1960 a 1996. 

El CERJ surgió informalmente en 1983 denunciando internacionalmente las violaciones a los derechos humanos hacia entidades como Amnistía Internacional y luego en 1988 se constituyó legalmente para afianzar un trabajo de educación bajo el liderazgo de Méndez, quien había ejercido el magisterio en varias comunidades. El conocimiento de derechos humanos y la organización popular se constituyó una amenaza para los intereses del Ejército pues creó pensamiento crítico y fueron vistos como amenazas en los planes contrainsurgentes. En esa época, el CERJ documentó más de 800 personas que fueron salvadas del reclutamiento militar forzado. Esta labor tuvo sus consecuencias ya que varias personas del CERJ sufrieron persecución, amenazas y asesinatos y fueron obligados al exilio. Para tratar de promover justicia y hallar a las personas desaparecidas, miembros del CERJ plantearon decenas de acciones legales e incluso se reunieron con dos presidentes, Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías, pero no obtuvieron respuesta. 

Por esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró en noviembre de 2022 que el Estado guatemalteco no investigó las desapariciones de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis de manera diligente ni en un plazo razonable por lo que el caso fue trasladado a la Corte Interamericana para que se pueda valorar la evidencia. La Comisión solicitó que se declare la responsabilidad internacional de Guatemala por la violación de una serie de derechos, incluyendo el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de asociación en defensa de los derechos humanos, las garantías judiciales y la protección judicial. 

El caso de la desaparición de los miembros del CERJ no es un hecho aislado en la historia de Guatemala sino un patrón sistemático parte de una política de Estado. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estableció que ocurrieron más de 45 mil desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Esta práctica dejó a miles de personas sin respuesta sobre el destino de sus seres queridos e implantó una cultura de impunidad y miedo que persiste en la actualidad.

Esta audiencia representa un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide a favor de las víctimas, enviaría un mensaje claro sobre la obligación de los Estados de investigar y sancionar adecuadamente las desapariciones forzadas. Además, destacaría la relevancia de las cortes internacionales en la búsqueda de justicia cuando los sistemas judiciales nacionales se niegan a llevar a cabo investigaciones contra miembros del Estado. 

Las implicaciones de este caso trascienden las fronteras de Guatemala. En toda América Latina las desapariciones forzadas fueron una táctica utilizada por los regímenes autoritarios durante el siglo XX. La lucha por la justicia por las desapariciones de los miembros del CERJ es un recordatorio de la importancia de reconocer el pasado y garantizar que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes. 

El caso Pérez Lucas y otros Vs. Guatemala representa la lucha de las víctimas y sus familias por la verdad, la justicia y la reparación. También, la importancia de la memoria histórica y la responsabilidad de los Estados de construir memoria y evitar las prácticas de negar la historia. Este caso no solo se trata de cuatro personas desaparecidas en 1989, sino de la búsqueda de justicia para todas las víctimas de desapariciones forzadas en todo el país.