Para el BRP, la reelección ha sido el último golpe a la democracia. Bukele ha soltado varios de estos a un incipiente sistema que nació hace 32 años, entre ellos la invasión al Órgano Legislativo con militares, el 9 de febrero de 2020, para exigir a las y los parlamentarios la aprobación de un préstamo para el Plan Control Territorial.

Asimismo, la “nueva” Asamblea Legislativa, conformada en su mayoría por la bancada de Nuevas Ideas, destituyó de forma arbitraria y dejando de lado los reglamentos establecidos, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, para realizar una elección exprés de dichos funcionarios. La Sala impuesta es la que aprobó la resolución que permite la reelección presidencial. 

Recientemente, el congreso también aprobó un acuerdo de reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, para eliminar los límites establecidos y contrapesos que evita la modificación de  esta ley suprema. Juristas y organizaciones civiles afirman que esta reforma a la Constitución es un peligro para los derechos fundamentales. 

Otra de las medidas controversiales es el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y prorrogado 26 veces por el congreso. Si bien la medida ha reducido considerablemente el número de hechos de violencia y ha controlado el actuar de grupos criminales, el gobierno ha utilizado a las fuerzas de seguridad para implementar una política contra la violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la población más pobre; agravando con ello la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que atraviesa el país.

Bajo el régimen de excepción han sido capturadas 80 200 personas, una cifra que fue actualizada el pasado 29 de mayo por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una entrevista televisiva. Villatoro aseguró que aún faltan más capturas y, con ello, justificó el recién colocado cerco de seguridad en el distrito de Apopa, departamento de San Salvador. 

“Si hay alguien que está incómodo con el régimen de excepción es porque comulga con esos terroristas o porque es un terrorista”, afirmó Villatoro, reforzando un discurso que ha servido de justificante para deslegitimar las demandas de organizaciones de derechos humanos. 

Algunas de estas, como Cristosal, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Socorro Jurídico Humanitario han denunciado 6 305 casos de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen, más una lista de violaciones a derechos dentro de centros penales, como la falta de acceso a medicamentos y atención en salud, torturas, malos tratos, desnutrición, enfermedades y 300 muertes de personas bajo custodia del Estado. 

Sobre esto, el representante del MOVIR, Samuel Ramírez, lamentó que el Estado guarde silencio ante las muertes de personas en custodia de Centros Penales y de otras violaciones a derechos humanos y, sobre todo, al derecho a un juicio justo y transparente. “Si bien es cierto que ha mejorado la seguridad, pero a un costo muy elevado, con violaciones de derechos humanos y con el costo de muchas vidas de personas que no debían de estar en la cárcel”, dijo.

“La única obra visible en los cinco años de Bukele es el CECOT. No existen las sedes de la Universidad nacional que prometió, no están los hospitales, dijo que iba a mejorar la salud, la educación, pero lo que tenemos es la mejor cárcel de América Latina, es lo único que le ofrecen a la juventud. Los vendedores del centro son amenazados con el régimen. ¡Ya basta, señor presidente Nayib Bukele, de tanto desprecio a la vida y a los derechos humanos!” expresó Samuel Ramírez.

El régimen de excepción ha dejado también más de mil menores de 18 años privados de libertad, hasta febrero de este año. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado 327 denuncias de desaparición forzada, las cuales habrían sido cometidas desde el inicio del estado de excepción, el 27 de marzo de 2022.

Una de las demandas de la sociedad civil en este periodo es la constante persecución y ataques a personas defensoras, periodistas y cualquiera que muestre una postura crítica frente al gobierno. las organizaciones han identificado barreras al ejercicio pleno de sus derechos dentro del espacio cívico, tales como la supresión de espacios de diálogo, la obstrucción de la labor periodística, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de personas defensoras de derechos humanos y la progresiva obstaculización para la legalización de organizaciones de la sociedad civil.  Así lo afirmaron en un comunicado esta semana. 

La Plataforma de Monitoreo de Agresiones a las Libertades Cívicas, un esfuerzo de organizaciones de derechos humanos y periodistas, registra que de enero a abril de este año, el derecho a la libre expresión constituye el 61.3% de las vulneraciones, la libertad de asociación con el 22.6% y el derecho de reunión pacífica con el 16.1% . Por su parte, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, en su “Informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas”, expresó que, pese a que no existen datos oficiales de las vulneraciones a personas defensoras, el recuento de las organizaciones sociales podría llegar a 600 casos en los últimos 3 años.