El juego perverso del Gobierno de Guatemala
Maldito País
septiembre 16, 2022
Vuelvo a poner el tarro de cerveza sobre la mesa y esta vez pienso en Nanci Sinto. Solo escucho las risas pero dejo de poner atención a las conversaciones. Se ha vuelto costumbre pensar en Nanci y que desaparezca lo demás, excepto la sensación punzante e insistente en el cuerpo de no estar haciendo lo suficiente por ella, por todas y todos. Me pregunto en qué estará pensando a pocos días de tener que enfrentar nuevamente el sistema de justicia en Guatemala. Un sistema que cada vez más se ensaña injusta e impunemente con quienes se pronuncian y movilizan en contra del régimen autoritario y el statu quo. Un sistema capturado y protegido salvajemente por redes de políticos, narcos, abogados, empresarios y militares. Los mismos que salivan venganza y locura después de verse expuestos y amenazados por el juicio por genocidio en el 2013 y el punto álgido del trabajo de la CICIG entre 2015 y 2017.
Quisiera pensar que lo de Nanci es algo pasajero, que se trata de un error aislado y que pronto podrá dejar atrás todo esto. Sin embargo, gran parte de Centroamérica convulsiona. Lo hace entre gobiernos represores, exilio, violencia y miseria. Las figuras visibles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua –y sus aliados en las sombras– replican, adaptan e impulsan estrategias y tácticas para eliminar cualquier crítica, disidencia y oposición a sus agendas antidemocráticas de enriquecimiento ilícito y acumulación desmedida de poder.
Existen razones históricas, políticas, económicas y culturales que explican cómo y por qué llegamos hasta aquí y el rol que han tenido otros actores clave como las iglesias evangélicas y los mercenarios de los canales de televisión. Sin embargo, más allá de ese análisis, lo que no deja de sorprender en este nuevo ciclo de oscuridad para la región –en pleno siglo XXI– es la perversidad con que los gobiernos actúan y el silencio cómplice de muchos. Capturan el aparato estatal y lo utilizan con absoluta impunidad en contra de la población a la que están obligados a proteger y servir.
Mientras apuro la cerveza para poder pedir la cuenta y buscar, así, el silencio que viene con caminar por estas calles vacías y extranjeras, hago un repaso de lo que hemos vivido en los últimos dos años. Con triste facilidad, puedo nombrar decenas de casos en cada país contra jueces, fiscales, periodistas, activistas, académicos, organizaciones de base, liderazgos comunitarios y políticos, estudiantes universitarios, abogadas y organizaciones de sociedad civil. Personas que, de una manera u otra, han sentido el peso de la perversidad en su piel y la desesperación por la ausencia de contrapesos que permitan hacerle frente con contundencia a la represión y la injusticia en nuestros países. La persecución está acompañada de conservadurismo, soberanía, racismo y arrogancia para intentar hacer creer que el problema no son los gobiernos del crimen organizado a los que se deben, sino quienes alzan la voz y luchan por sociedades verdaderamente justas y democráticas.
El caso de Nanci evidencia, una vez más, cómo están operando los gobiernos centroamericanos –sin garantías, sin sustento legal, con violencia y perversidad– en contra de la población. En junio, una jueza la absolvía de enfrentar juicio por el supuesto delito de depredación de bienes culturales. Su gran “crimen” fue hacer una de las tantas pintas en la pared del Congreso, que fueron borradas sin problema un día después. Lo mismo sucedió con Dulce Archila, otra joven capturada por el mismo delito. No solo eso, la jueza ordenó también investigar el abuso de autoridad ejercido contra Nanci al ser golpeada por policías cuando participaba en la manifestación de noviembre del 2020 y por la que fue capturada un año después.
La valentía de la jueza, algo escaso en el Organismo Judicial de Guatemala, contrastó con las órdenes superiores del Ministerio Público y el Congreso de la República de apelar el fallo. El mandato es instaurar el miedo en la población para impedir que tomemos las calles y, evitar así, que ejerzamos derechos ciudadanos esenciales. Una sala de apelaciones, bajo el mandato de perversidad que ha caracterizado al gobierno de Alejandro Giammattei, revocó la sentencia absolutoria de la jueza y ordenó iniciar el juicio contra Nanci y otro contra Dulce, quienes ahora se enfrentan incluso a la posibilidad de ser enviadas a prisión preventiva.
Esta es la realidad de dos mujeres jóvenes en Guatemala que decidieron no quedarse calladas ante la corrupción y el despojo en el país. Ellas no están a salvo, por lo tanto, nadie está a salvo. Camino a casa con este sentido de urgencia en el pecho, como si el resultado final de este juego perverso estuviese solo en mis manos. Pienso otra vez en Nanci. La pienso aquí, conmigo, con nosotros. La oscuridad es casi absoluta. El silencio no ayuda y me recuerda que aún falta mucho para que amanezca.