El 1 de noviembre, en el marco de una crisis política que mantiene al Congreso Nacional dividido en dos, 9 diputados y diputadas eligieron al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto de Honduras de manera interina. El nombramiento se avala en el artículo 207 de la Constitución de la República que contempla la creación de una Comisión Permanente para poder realizar sesiones extraordinarias una vez termine el período ordinario (31 de octubre). Sin embargo, esta Comisión que responde al oficialismo es cuestionada debido a la conformación de un Congreso paralelo, el cual de cierta manera también avala la Constitución. 

Esta fractura en el Congreso Nacional, que se origina desde el cambio de gobierno en enero en 2022, se agudizó en el mes de agosto, días antes de que se venciera el plazo Constitucional para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, 31 de agosto, con el reordenamiento de las fuerzas políticas a lo interno del hemiciclo. Tres meses después, la oposición respaldada en el artículo 191 de la Carta Magna, sesionó el 31 de octubre a horas de la noche para extender el periodo ordinario de sesiones, lo que en teoría impide la conformación de la Comisión Permanente. 

A raíz de esta disputa por el control del Congreso Nacional de Honduras, el nombramiento de Johel Zelaya, fiscal general, y de Mario Morazán, fiscal adjunto, será de manera interina hasta que se alcancen los consensos para una elección con 86 votos, tal cual determina la Constitución de la República. Por su parte, la toma de posesión de las nuevas autoridades del Ministerio Público se ha visto envuelta en violencia y la incertidumbre de que el interinato se extienda más allá del actual periodo de gobierno que termina en 2026.

El proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto inició en el mes de junio, con la conformación de la Junta Proponente para la selección de los candidatos y candidatas a los altos mandos del Ministerio Público. Y, tras un par de meses de esfuerzo, el 1 de agosto se presentó la nómina con los cinco candidatos al Congreso Nacional, entre ellos Johel Zelaya y Mario Morazán. 

Durante el mes de agosto, en el Congreso Nacional, una comisión especial conformada por diputados de los distintos partidos políticos representados y presidida por Luz Smith del oficialismo, evaluó de manera independiente a los cinco candidatos y determinó que los mejores calificados eran Johel Zelaya y Mario Morazán, los ahora interinos. 

Una vez presentada la evaluación de la Comisión Especial, se procedió al primer intento para la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Por su parte, el Partido Libertad y Refundación, el oficialismo, presentó una nómina conformada por los abogados Johel Zelaya y Marcio Cabañas, mientras que la oposición presentó una nómina conformada por Marcio Cabañas y Jenny Almendares, la única mujer y la mejor calificada por la Junta Proponente. 

Sin embargo, tras un quinto intento a unas pocas horas del vencimiento del plazo constitucional, ninguna de las nóminas alcanzó los 86 votos requeridos por la Constitución. Al vencerse el plazo constitucional, el ex fiscal general Oscar Chinchilla abandonó su cargo, y de una vez el país, pero el fiscal adjunto, Daniel Sibrián asumió la responsabilidad pero presentó una renuncia condicionada en la que dictamina que no dejará el cargo hasta que el Congreso Nacional elija a las nuevas autoridades. 

Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, el Congreso Nacional se paralizó totalmente, bajo el argumento que los diputados no volverían a sesionar hasta alcanzar un acuerdo para elegir un nuevo fiscal general y adjunto. Sin embargo, el periodo ordinario de sesiones culmina el 31 de octubre según la Constitución de la República por lo que los diputados que conforman el Bloque de Oposición Ciudandana (Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras y Partido Liberal) convocaron a sesión extraordinaria para ese día. Acción que la Carta Magna permite. 

Sin embargo, la iniciativa del BOC fue considerada como un “intento de golpe de Estado” al Poder Legislativo y los opositores encontraron un Congreso Nacional resguardado por agentes de la Policía Nacional, quienes los congresistas consideran los secuestraron a lo interno del hemiciclo para evitar que realizaran su sesión. En esa misma noche, en un enfrentamiento en los bajos del hemiciclo entre los diputados de oposición y los “colectivos de Libre” resultaron heridos tres congresistas, entre ellos Antonio Rivera del Partido Nacional, implicado en el caso de corrupción presentado por la MACCIH, “Pacto de Impunidad”. 

Pero, pese a los obstáculos, 71 diputados de la oposición, desarrollaron una sesión extraordinaria para extender el periodo ordinario de sesiones hasta el 24 de enero de 2024. De manera simultánea, el presidente de este Poder del Estado, Luis Redondo, conformó la Comisión Permanente, que según el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, señala que “Una vez terminada las sesiones del Congreso Nacional, la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la última sesión”, ocasionando un limbo jurídico sobre la legitimidad y legalidad de ambas acciones. 

Una vez instalada la Comisión Permanente, no perdieron tiempo para sesionar y al margen del numeral 11 del artículo 208 de la Constitución, eligieron de manera arbitraria a los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán para asumir el interinato. Este nombramiento ha sido cuestionado, más allá de lo jurídico, por suponer un Ministerio Público a la medida del partido de gobierno, debido a que Zelaya ha sido el candidato nominado por los diputados oficialistas.