Expresidente de Honduras condenado a 45 años de prisión por narcotráfico: así fue el juicio contra JOH

Maldito País

junio 28, 2024

El miércoles 26 de junio el expresidente hondureño fue condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos. Aquí te contamos los detalles

En un hecho histórico para Centroamérica, durante la mañana del 26 de junio, se sentenció al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una corte del Distrito Sur de Nueva York: 45 años de prisión con 5 años de libertad vigilada y una multa de $8 millones por sus delitos de narcotráfico. 

En marzo, el expresidente fue condenado por el Tribunal Federal de Manhattan por 3 delitos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de armamento durante la conspiración de narcotráfico.

La defensa del expresidente solicitaba una pena máxima de 40 años, considerando que Hernández tiene 55 años y eso sería prácticamente una cadena perpetua. Por su parte, la fiscalía demandaba cadena perpetua y el decomiso de 15 millones de dólares, además de una multa de 10 millones de dólares. 

De acuerdo al departamento de Estado de EEUU, Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para gestionar el país como un Estado narcotraficante donde se permitía a narcotraficantes violentos operar prácticamente con impunidad, y la población de Honduras y Estados Unidos se veía obligada a sufrir las consecuencias.”

Pero, ¿qué hay detrás de la sentencia al hombre que, en su momento, concentró tanto poder político en Honduras que removió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y se reeligió fraudulentamente mientras operaba una red de narcotráfico transnacional?

De congresista a primer presidente extraditado de Honduras

Hernández, quién proviene de un pueblo en el occidente de Honduras, comenzó su carrera política en 1990, cuando luego de terminar su licenciatura en Ciencias Jurídicas laboró como asistente ejecutivo de su hermano, quien en ese momento era secretario del Congreso Nacional. Ocho años después, en 1998, Juan Orlando inició su carrera como congresista y para el 2002 asumió un cargo en la Junta Directiva, como secretario. 

Posterior al golpe de Estado del 2009, JOH se convirtió en presidente del Poder Legislativo de Honduras, nombramiento que le permitió destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, un acto clave para sus próximos pasos políticos. En el 2014, Hernández Alvarado dejó el Legislativo para convertirse en Presidente de Honduras, cargo que ostentó hasta 2022, tras un proceso electoral fraudulento y en contra de lo establecido en la Carta Magna. 

Sin embargo, la carrera política de JOH no estuvo exenta de polémicas, pues sus ocho años de gobierno fueron vinculados a criminalidad organizada y a redes de macrocorrupción público-privadas. Además, a nivel personal, en ese periodo se reportó la sentencia por narcotráfico a su hermano menor Juan Antonio, alias Tony Hernández, y  la muerte de su hermana y ex miembro de su gabinete Hilda Hernández. 

En febrero de 2022, a menos de un mes de haber dejado el poder, se conoció que se había emitido una orden de extradición en contra de Hernández por crímenes vinculados al narcotráfico, misma que fue ejecutada a tan solo unas horas el Estado de Honduras lo entregó a los EEUU para que enfrentara la justicia en el país norteamericano.

Un proceso judicial que quedó debiendo

Si bien el juicio en contra del expresidente Hernández develó múltiples aspectos clave de cómo el Estado de Honduras fue utilizado para beneficiar estructuras internacionales de crimen organizado y narcotráfico, al igual que para esclarecer situaciones que estaban pendientes de respuesta -como el fraude electoral de 2017-, el que JOH haya recibido una sentencia menor que la de su hermano Tony provocó un sentimiento de insatisfacción en las y los hondureños. 

Para el caso es importante aclarar que la cooptación del Estado por parte de Juan Orlando y sus redes de criminalidad, evitó que en Honduras se iniciaran procesos penales en contra del expresidente, por lo que solo cumple condena por los delitos que afectaron a Estados Unidos. Sin embargo, los 45 años de cárcel, los 5 de libertad limitada y la multa de 8 millones de dólares que deberá pagar Hernández Alvarado, deben ser un recordatorio constante a toda la clase política centroamericana que aspira a utilizar su cargos públicos para el beneficio de redes de criminalidad organizada y narcotráfico. 

De acuerdo a declaraciones brindadas por Hernández luego de  recibir su sentencia y que fueron compartidas por su esposa, Ana García, en una comparecencia de prensa con presencia de sus hijas y suegra, el proceso penal continuará pues “darán inicio al proceso de apelación y otros mecanismos para probar la inocencia [de JOH]”.

El legado de JOH

Pese a que el juicio finalizó y el proceso penal avanza a las últimas instancias que permite la ley, la historia de Juan Orlando Hernández y su familia continúa vigente. La estructura que en su momento consolidó el expresidente sigue operando en el país con figuras como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que atenta directamente contra la división de Poderes en Honduras y un sistema de justicia que es incapaz de desmontar las redes de corrupción y criminalidad que operan en el país. 

Pero, pese a los daños ocasionados a la institucionalidad hondureña, la familia de Hernández continúa aspirando a regresar al poder a través de Ana García, quien hace unos meses anunció sus intenciones de llegar a la presidencia de Honduras y actualmente es precandidata del Partido Nacional, estructura en la que JOH militó y coordinó. Institución que tras la condena emitió un comunicado donde declaró que lamentaban la situación de la familia Hernández, pero que cada persona es responsable de sus propios actos. 

Sin duda que la sentencia que recibió Hernández es un duro golpe a su partido, su gobierno y, sobre todo, para la historia de Honduras. Sin embargo, es también un llamado de atención a las actuales autoridades, para avanzar hacia la justicia, fomentar la democracia y fortalecer el Estado de derecho que por tantos años ha sido vulnerado para el beneficio de unos pocos.