Guatemala vuelve al momento antes de las protestas de 2015

Maldito País

enero 19, 2023

El último caso espurio contra las fiscales Thelma Aldana, Mayra Véliz, el exmiembro de la CICIG David Gaitán y el empresario Juan Pablo Carrasco, acusados de participar en el acuerdo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, demuestra cómo Guatemala ha retrocedido hasta los tiempos “pre 2015”, antes de las protestas contra la corrupción que fueron escuchadas en todo el mundo.

Ese año, además de que se manifestó durante cuatro meses, hubo elecciones generales. Se anticipaba que el ganador sería Manuel Baldizón, quien en su forma descarada de ver el mundo, anunció que “le tocaba” obtener la presidencia. Alejandro Sinibaldi, quien era ministro del presidente condenado Otto Pérez, se apuntalaba como su principal contendiente en una eventual segunda vuelta. Pero los casos de CICIG y las protestas provocaron un cisma que hizo que la población rechazara a este par pero, ante la falta de candidaturas transparentes, los votantes se decantaron por Jimmy Morales, un criminal disfrazado de comediante que le besaba el anillo a los militares y a los oligarcas.  

En las pruebas que se conocieron con posterioridad, se supo que Baldizón y Sinibaldi, quienes se vendían como enemigos entre sí, en realidad no lo eran, y se habían puesto de acuerdo para elegir cortes, aprobar leyes, controlar el congreso, hacer negocios corruptos con inversionistas extranjeros; incluso habrían pactado para que Baldizón ganara esa vez y luego sería Sinibaldi el vencedor, el primero vestido de rojo y el segundo de naranja pero ambos eran parte del mismo equipo de la mafia para esquilmar al país. Uno de los señalamientos en su contra fue haber obtenido sobornos con la empresa Odebrecht para aprobar desde el congreso las concesiones para la construcción de carreteras. 

Casi ocho años después de ese 2015, ahora van quitándose los casos, con ayuda de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, ambos sancionados por Estados Unidos por corrupción. Baldizón, tras purgar una pena en Estados Unidos por lavar dinero de narcotráfico, ya está libre. Sinibaldi, luego de estar prófugo en Italia, regresó al país escupiendo falsas rabietas contra empresarios contratistas y, gracias a que el caso está en reserva, ha ido secretamente pasito a pasito enredando el proceso hasta estar a punto de salir de prisión. 

De cara a las elecciones de junio de este año, los dos están casi sin cargos y pasaron a la ofensiva en el caso Odebrecht, donde ellos fueron los principales beneficiarios: lograron darle la vuelta para que el Ministerio Público de Consuelo Porras terminara persiguiendo a los fiscales y personal de la CICIG que los investigó.

Tuvieron paciencia y ocho años después continúan manipulando la justicia con las cortes que ellos nombraron en 2014, que siguen en sus puestos de forma ilegal a pesar de que debieron haber cambiado hace más de tres años. Este caso, además, explotó un conflicto internacional ya que el fiscal Curruchiche anunció un caso contra el excomisionado Iván Velásquez, quien según el convenio de la ONU con Guatemala goza de inmunidad incluso después de haberse disuelto la comisión. Velásquez es actual ministro de defensa de Colombia y el presidente Gustavo Petro salió a defenderlo y llamó a consultas a su embajador en Guatemala, ya que se conoce lo espurio de las acusaciones. Decenas de pronunciamientos internacionales, desde Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, entre otros, han mostrado su preocupación por que se continúe persiguiendo fiscales y expersonal de la CICIG con el afán de vengar a quienes investigaron la corrupción. 

Guatemala vive un oscuro estadio y los países democráticos del continente deben respaldar las críticas y sanciones hacia el gobierno de Alejandro Giammattei, quien ha desatado una cacería sin precedentes contra actores clave, incluyendo fiscales, jueces, periodistas, activistas, para eliminar las voces opositoras que promovieron transformaciones en los últimos años. La idea de todas estas acciones es regresar al momento antes de las masivas protestas y revertir todo el legado de la CICIG para afianzar así un Estado criminal e injusto.