La violencia, el control, el despojo y la negación se desplegaron con especial fuerza contra las comunidades mestizas e indígenas durante el levantamiento de 2018, en una intersección entre clase y raza, cuando la violencia estatal se extendió a los centros urbanos de todo el país. Necropolítica es un término utilizado por Achille Mbembe (2011) que caracteriza el poder soberano del Estado para controlar, regular y legitimar la mortalidad en estados de excepción sin ninguna responsabilidad ni justicia¹³. Tal como lo presentan los testimonios de las familias de las víctimas recopilados en AMA y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad¹⁴, el actual Estado nicaragüense gobierna a través de masacres, por la disposición de los cuerpos de las víctimas, y por la deshumanización a través del discurso, así como por la circulación de imágenes de sus muertes en nombre de la “paz, tranquilidad y circulación de mercancías”¹⁵ (Chávez, 2018). 

Parte de las estrategias necropolíticas en contra de las familias de las víctimas incluye la negación del derecho al duelo y la guerra a sus memorias. Sus vidas se volvieron irreconocibles, devaluadas y, por lo tanto, “indignas de duelo”¹⁶ (Butler, 2006). La violencia en la vida de las víctimas se extendió hasta la muerte, despojando a sus familias de los necesarios rituales de duelo. En la actualidad en Nicaragua existe una violenta disputa por los espacios públicos que impide la construcción de espacios de memoria o memoriales. Durante las protestas, espontáneamente, la población plantó cruces con flores en las rotondas como lugares de duelo y memoria. Posteriormente, las fuerzas gubernamentales los arrancaron y les echaron aceite¹⁷  (Moncada, 2018). 

Además, las familias de las víctimas hemos sido sometidas a diversas formas de intimidación (exilio, encarcelamiento, vigilancia y hostigamiento) destinadas a silenciar su demanda de justicia y sus esfuerzos por construir espacios de recuerdo.  Entre los testimonios del museo se encuentran instancias de cómo las familias y madres recibieron la noticia de los asesinatos de sus hijos a través de Facebook por fotografías subidas por los paramilitares. Cuando aquellos estaban heridos les fue negada la atención médica; las madres fueron chantajeadas a cambio de apoyos económicos, o para entregarles los cuerpos de sus hijos debían firmar documentos que acreditaran “que no iban a denunciar lo ocurrido”. A pesar de la insistencia de las madres para que la Fiscalía investigara, “los casos han sido engavetados”. Amnistía Internacional descubrió que el Ministerio Público no ha llevado a cabo ninguna investigación. En cambio, encontraron ocultación y obstrucción del debido proceso¹⁸ (Amnistía Internacional, 2018:30-31). 

Ante todas estas injusticias, en septiembre de 2018 el colectivo de familiares de víctimas adoptó por consenso el nombre de Asociación Madres de Abril (AMA) y definió su finalidad: “La unión y representación de las madres y familiares de las personas asesinadas por la represión estatal en Nicaragua”, y hemos nombrado la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición como pilares en nuestro manifiesto (Asociación Madres de Abril, 2018). 

AMA forma parte de una genealogía de activismo en Latinoamérica y otros países, de madres cuyos hijos han sido asesinados y han intentado buscar públicamente justicia, como las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa en México y familiares de víctimas del crimen organizado en este mismo país. Estos tres grupos han demostrado solidaridad con AMA en diferentes ocasiones. Incluyo la experiencia de los padres y madres de víctimas de la brutalidad policial racializada, parte del movimiento por las vidas negras, Black Lives Matter en Estados Unidos¹⁹²⁰ (Crenshaw y Ritchie, 2015; Rankine, 2017). 

Como activistas “maternales” entramos al espacio público desde el espacio privado para defender la vida y la memoria, con un repertorio de prácticas activistas transnacionales, como utilizar las fotos sobre nuestros cuerpos y crear comunidades y espacios de memoria (Yang et al., s/f). Agrego a nuestras prácticas de memorialización físicas y digitales lo que llamo prácticas de memorias transmediales que buscan transformar la historia de cada víctima en una experiencia colectiva²¹ (Yang, 2021:312).

Entre las reflexiones desde AMA en cuanto a la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, hemos trabajado en la denuncia colectiva, la transformación del dolor, la sanación, y en dar espacio a otros miembros de las familias para llevar a cabo un diálogo intergeneracional con los más jóvenes e involucrar a los padres y demás personas a ser parte de una comunidad emocional de memoria más amplia con un compromiso político. 

En diferentes partes he dicho que en la asociación nos hemos preguntado “¿Qué podemos hacer con todo este dolor? Y hemos respondido, podemos colectivizar el dolor, el amor, la esperanza, la memoria y el anhelo de justicia” (Museo de la Memoria, 2019). Este cuestionamiento surge desde la necesidad de reivindicar nuestros derechos, de una politización desde la experiencia encarnada y de querer involucrar a más personas en este proyecto de cambio de paradigma que rompe con los ciclos de impunidad y re-victimización a las víctimas de violencia política. 

A través de las representaciones del museo y de las múltiples expresiones de dolor y duelo hemos tratado de cuestionar la narrativa de sacrificio, martirio y militarismo que ha sido inscrita por la historia revolucionaria del país y los procesos históricos de violencia, y en cambio hemos enfatizado la ausencia de las víctimas y su lucha contra el autoritarismo y cómo sus familias seguimos defendiendo su derecho a la vida, la justicia, la verdad y la memoria. Considero que hemos articulado “la memoria como un camino colectivo para la resistencia, la sanación y el cuido de la vida”²² (Yang, 2020).