El día 18 de abril de 2018 marca un acontecimiento histórico en nuestro país Nicaragua, ya que se originó el espíritu de una revolución cívica inicialmente en contra de las reformas de Seguridad Social, que tomaría en el curso una argumentación contundente contra del régimen por su respuesta de reprimir y asesinar a los primeros manifestantes los días 19 y 20 de abril. A medida que fueron transcurriendo los días, la lista de personas asesinadas por el Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue incrementando, desde las cifras oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a través de su informe denominado “Graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”¹ donde  documentaron 328 personas asesinadas en el periodo del 18 de abril al 05 de octubre de 2018, cifras que contrastan la narrativa oficial del presidente  Daniel Ortega de 195 personas asesinadas.  Dicho  informe se difundió  a través de una entrevista realizada el día 30 de julio al medio Euronews (2) . Sin embargo, más allá de las cifras oficiales y de la CIDH,  para nosotros,  el pueblo, conocemos que el número de personas asesinadas es mayor , pues nosotros como familiares, amigos y compañeras; los enterramos. Y en el proceso de dolor, la rabia, el malestar generalizado, logramos como nicaragüenses que la revolución cívica se transformara en una revolución popular buscando de alguna manera otras formas de vida, exigiendo en una misma voz la verdad, justicia y democracia. 

A lo largo de estos 30 meses de lucha, resistencia y de crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua, hemos venido experimentando distintas fases de represión propias de un Estado en crisis,  entre ellas la Represión Jurídica que se enmarca dentro de reformas y creación de nuevos artículos y leyes que se inclinan por proteger al Estado a cualquier costo, dicha acción represiva, es propia de cualquier Estado que se siente vulnerado o en peligro, y nos recuerda aquellas leyes que otros Estados han implementado cuando se encuentran en crisis, por ejemplo; La Ley de Seguridad Interior en México (LSI), Ley de Seguridad del Estado- Ley antiterrorista con todas sus reformas en el Estado Chileno en pleno auge de la revuelta del 2019, las distintas leyes y reformas que ocurren en la sublevación de los llamados “chalecos amarillos” en Francia. Todas estas leyes creadas y sus reformas adecuadas al contexto y bienestar del Estado tienen la finalidad de impedir la organización, la resistencia, y castigar a quienes los gobernantes y  legisladores consideren disidentes, alteradores del orden y la “paz social” impuesta. 

Esta represión jurídica se aplica en todo momento y en cualquier Estado, tanto de izquierda, centro o como de derecha cuando se sienten amenazados y de esto nos llenamos de ejemplos, desde los Estados más “democráticos” hasta los más autoritarios. Las diferentes leyes creadas a partir del año 2018 y sus consecuencias como leyes punitivas son una muestra clara que los derechos de los y las nicaragüenses están conculcados. Estas leyes están hechas para impedir el acceso real a la justicia, la verdad y la memoria para nuestros familiares asesinados y todas las víctimas de la represión estatal, además de criminalizar  la libertad de expresión de los nicaragüenses, impedir , restringir las distintas formas de organización; movilización, resistencia, bloquear toda posibilidad de lograr una alternativa opositora unificada, elecciones competitivas y transparentes en 2021 y que para nosotras y nosotros como asociación Madres de Abril AMA,  colectivo específico  de familiares de personas asesinadas por el Estado de Nicaragua, consideramos que nuestros intereses trascienden al proceso de elecciones presidenciales 2021, valoramos que será un proceso importante pero no imprescindible en nuestra lucha porque los gobiernos cambian pero el Estado permanece aún. 

Las tácticas de la dictadura son al mejor estilo estalinista³ porque pretenden imponer sus narrativas silenciando y eliminando toda oposición, utilizando todos los órganos de las instituciones judiciales y el aparato legislativo que a como todos los Poderes del Estado le obedecen únicamente a la pareja gobernante para reprimir al pueblo y garantizar su continuidad. Una muestra de esto es como el presidente Ortega desde el Poder Ejecutivo ordenó a la Corte Suprema de Justicia -máximo órgano de justicia del Poder Judicial- trabajar una propuesta para reformar el código penal, la Constitución Política y proponer una ley de cadena perpetua, en una flagrante violación a la separación de poderes.