Por aquellos días había comenzado a recibir amenazas de fanáticos del gobierno y de troles por opinar en mi cuenta de Tik Tok sobre el deterioro de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Tengo 20 años de trabajar en estos temas y pensé que era importante abrir el debate en esta red. El acoso venía de cuentas que hacían referencia de manera explícita al proceso judicial iniciado contra mi padre, a mi trayectoria laboral o a mi participación en algunas organizaciones de la sociedad civil.  

No siento confianza en el sistema judicial salvadoreño. Sé perfectamente que la lucha contra la corrupción de la que habla Bukele sólo es un bulo que tiene un claro objetivo político comunicacional. Cada vez que quiera subir su popularidad o distraer la atención intentará manipular a la opinión pública con el tema de la corrupción. ¿Cómo creerle a quien manipuló y sometió un sistema de instituciones públicas de control para que ocultaran toda la información relacionada a sus propias declaraciones de probidad? Desde el minuto cero tras su llegada a la presidencia en 2019, Bukele doblegó la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para controlar, entre otros temas, el acceso a información sobre su patrimonio. 

El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa sólo ejecutan órdenes. Conozco cómo opera el régimen y sabía el curso que iba a tomar el proceso hacia mi padre y su esposa. Los exfuncionarios acusados y sus familias enfrentan un sistema con pocas garantías de defensa. Sin contar con que también se enfrentan a una muerte política, civil y penal. Es una condena, incluso, de la opinión pública mucho antes de que comience el juicio. Así funcionan las dictaduras. 

No soy la primera ni seré la última persona expuesta políticamente en experimentar temor ante el avance y consolidación de un régimen autoritario. El deterioro del espacio cívico en El Salvador es, de hecho, una realidad creciente. “Ver, Oir y Callar” es el título de un informe publicado por la organización de derechos humanos Cristosal. En el documento se explica cómo la censura y autocensura es una práctica creciente entre las personas que trabajan en diferentes organizaciones sociales. Coincido con Zaira Navas, representante de esta organización, cuando explica e insiste en la necesidad que tenemos como sociedad salvadoreña “de comprender que la autocensura funciona como un derecho de protección”. 

Sentí paz en el momento en que abandoné el territorio salvadoreño. Salí el 2 de noviembre de 2023 por el mismo aeropuerto  internacional de Comalapa, hoy Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, por el que ingresé a mi país en agosto de 1992 tras años de vivir como una niña refugiada en otro país. La Firma de los Acuerdos de Paz, ese mismo año, posibilitó el rencuentro de muchas familias, como la mía, que habían sido separadas por la guerra civil de El Salvador.