Hora Cero
junio 16, 2025
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
El 17 de mayo no será simplemente el día en que cambie el liderazgo en el Ministerio Público. Para muchos guatemaltecos, esta fecha representa mucho más que un relevo administrativo. Será el cierre de un periodo caracterizado por el temor, el debilitamiento institucional, el exilio forzado y la percepción de que la justicia, en demasiadas ocasiones, dejó de responder a los intereses ciudadanos para transformarse en un instrumento de presión y sanción.
Con el tiempo, el Ministerio Público fue perdiendo un elemento fundamental: la confianza de la sociedad. Se multiplicaron las medidas de restricción, se cerraron puertas, la reserva se hizo costumbre y el silencio se impuso en el entorno institucional. Muchos empleados optaron por guardar silencio para proteger sus empleos; otros fueron desplazados, algunos enfrentaron procesos legales o se vieron obligados a abandonar el país. Gradualmente, se instaló el temor de que investigar ciertas temáticas podía resultar riesgoso y que cuestionar internamente podía acarrear consecuencias personales.
Quienes han experimentado el exilio saben que hay vivencias que nunca quedan reflejadas en documentos oficiales ni discursos. El exilio se vive en los cumpleaños a los que ya no se llega, en llamadas para tranquilizar a quienes permanecen en casa, en la incertidumbre diaria y en esa sensación compleja de haber dejado atrás fragmentos de vida por la convicción de que luchar contra la corrupción y defender la legalidad valía la pena. Por eso, este cambio no puede analizarse solo en términos políticos: posee una dimensión humana que por años fue ignorada.
Por supuesto, el relevo en la Fiscalía General no resolverá de inmediato los problemas acumulados durante los últimos ocho años. Creerlo sería ingenuo. Persisten estructuras, miedos y prácticas que se han arraigado en la institución. Habrá resistencias y quienes busquen adaptarse rápidamente al nuevo panorama por supervivencia. Es probable también que algunos prefieran que nada cambie en el fondo.
A pesar de ello, se percibe un ambiente diferente. Quizá porque Guatemala ha llegado a un punto de hartazgo en el que muchos ya reconocen el daño causado por el uso de la justicia como mecanismo de persecución, de protección de intereses o de administración del miedo. El país necesita recuperar la confianza en sus instituciones y el Ministerio Público tiene hoy la oportunidad de comenzar a restituir aquello que parecía perdido.
El nuevo fiscal general recibirá una institución debilitada, con deficiencias técnicas y sometida a constante escrutinio. Sin embargo, también encontrará fiscales honestos, investigadores comprometidos y trabajadores que, pese a las adversidades, se empeñaron en cumplir con su labor. Guatemala todavía cuenta con personas dispuestas a reconstruir la institución si existe una verdadera voluntad de restaurar su independencia y dignidad.
El desafío será considerable. No bastará con modificar discursos o cambiar figuras visibles; se requerirán transformaciones reales. Será necesario revisar dinámicas de criminalización, fortalecer capacidades técnicas, restituir certeza a la carrera fiscal y asumir que la justicia no puede operar bajo el miedo ni la obediencia absoluta. La ciudadanía debe volver a confiar en que el Ministerio Público investiga delitos y protege derechos, no que intimida a quienes disienten.
Además, es esencial comprender que reconstruir no supone perseguir a quienes ocuparon cargos previamente. Guatemala conoce bien los ciclos de venganza y la manipulación política de las instituciones. Lo que el país necesita es mucho más complejo: recuperar la legalidad, la transparencia y la confianza.
Muchos seguimos este proceso desde la distancia: algunos desde el exilio, otros desde la decepción que dejaron los años recientes. Pero también con una esperanza cautelosa que hacía tiempo no se sentía. No es una esperanza ingenua ni triunfalista, sino la esperanza modesta de que, si existe voluntad genuina, las cosas pueden empezar a cambiar.
El 17 de mayo concluirá una etapa difícil para el Ministerio Público y para Guatemala. Lo relevante será lo que suceda después. Porque el país no requiere propaganda ni relatos heroicos: necesita instituciones que, de nuevo, se acerquen a la justicia.
