Hora Cero
junio 16, 2025
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Tres acontecimientos recientes impiden que el Estado guatemalteco siga justificando su falta de acción: la audiencia sobre el exilio forzado en Centroamérica celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el reconocimiento del propio Ministerio Público ante la CIDH de que, durante los últimos ocho años, la institución fue utilizada para garantizar impunidad y criminalizar a jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas y otras voces disidentes frente al poder corrupto; y la presentación, este 14 de agosto, del informe La verdad del exilio: ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025).
La verdad ha sido relatada por quienes fueron obligados a abandonar el país, documentada por organizaciones nacionales e internacionales y reconocida por una de las instituciones que desempeñó un papel central en la criminalización: el Ministerio Público. La pregunta inevitable ya no es qué ocurrió, sino qué hará el Estado después de conocerlo.
El informe no debe convertirse en el cierre simbólico de una etapa ni quedar reducido a un acto público de escucha y solidaridad. Su presentación debe marcar el inicio de una respuesta estatal concreta. Reconocer lo ocurrido sin transformar las condiciones que lo hicieron posible significaría aceptar la verdad mientras se permite que sus consecuencias continúen.
El exilio guatemalteco no está compuesto por historias aisladas ni es resultado de decisiones migratorias voluntarias. Es la consecuencia de un patrón de persecución que utilizó el sistema penal y otras instituciones para apartar, silenciar y castigar a quienes investigaron la corrupción, defendieron los derechos humanos, ejercieron el periodismo, impartieron justicia con independencia, defendieron sus territorios o cuestionaron el abuso del poder.
Las personas criminalizadas no salieron de Guatemala buscando mejores oportunidades. Salieron para proteger su libertad, su integridad y, en algunos casos, su vida. El exilio comenzó antes de cruzar la frontera: con el temor a una captura arbitraria, los cambios de residencia y de rutina, las amenazas anónimas contra sus familias, la pérdida del trabajo y la imposibilidad de ejercer una defensa adecuada. Abandonar el país fue solamente la expresión más visible de un proceso de expulsión que ya estaba en marcha.
Por ello, conocer la verdad es un paso importante, pero insuficiente. Mientras continúen vigentes órdenes de aprehensión e investigaciones infundadas, persistan la estigmatización y la inseguridad jurídica, y no existan condiciones para un retorno digno y seguro, el exilio seguirá produciendo daños y constituyendo una violación continuada de derechos humanos.
La primera respuesta debe ser el reconocimiento público de la responsabilidad estatal. El Gobierno debe reconocer oficialmente que en Guatemala existe un fenómeno de exilio forzado provocado por la criminalización, la instrumentalización del sistema de justicia y el debilitamiento de la democracia. Nombrar lo ocurrido no es una concesión política: es una garantía del derecho a la verdad y el primer paso para recuperar la confianza en las instituciones.
Ese reconocimiento debe conducir a una política pública integral para las personas exiliadas. Guatemala necesita una instancia con competencias claras, presupuesto suficiente y participación efectiva de las víctimas, que documente los casos, atienda sus consecuencias económicas, familiares y psicosociales, facilite el acceso a documentos y servicios consulares e impulse medidas de reparación.
Esta política debe atender tanto a quienes desean regresar como a quienes decidan permanecer fuera del país por razones de seguridad o porque han reconstruido su vida en otro lugar. El retorno no puede presentarse como la única forma de reparación: debe ser voluntario, informado, digno y seguro. Nadie debería regresar mientras persistan las condiciones que provocaron su salida.
La segunda respuesta corresponde al sistema de justicia. El reconocimiento efectuado por el Ministerio Público debe traducirse en decisiones institucionales. No basta con admitir que la institución fue utilizada para criminalizar si las investigaciones, órdenes de aprehensión y medidas patrimoniales derivadas de esas actuaciones continúan produciendo efectos.
Respetando el debido proceso y la independencia institucional, el Ministerio Público debe establecer un mecanismo objetivo, transparente e independiente para revisar los casos que presenten patrones o indicios de criminalización. Esto no significa garantizar impunidad ni cancelar procesos por decisión política. Significa determinar si el derecho penal fue utilizado sin fundamentos suficientes, si se construyeron expedientes con fines de represalia, si determinados procesos buscaron proteger de la justicia a quienes participaron en graves actos de corrupción o si fueron promovidos para neutralizar a personas por el trabajo que realizaban. También debe investigar y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos actos ilícitos.
El Organismo Judicial, por su parte, debe garantizar el acceso efectivo a la defensa e investigar por qué numerosos casos de criminalización han sido conocidos reiteradamente por los mismos jueces, pese a la existencia de un sistema aleatorio de asignación de expedientes. También debe revisar las medidas de coerción desproporcionadas y evitar que el proceso penal continúe funcionando como una forma anticipada de castigo. Ninguna persona debería permanecer indefinidamente bajo amenaza de captura ni sometida a procedimientos que no avanzan, pero condicionan su libertad, afectan su patrimonio y destruyen su proyecto de vida.
La tercera respuesta debe ser la reparación integral. El exilio separa familias, interrumpe carreras profesionales, destruye redes comunitarias, provoca pérdidas económicas y patrimoniales y obliga a comenzar de nuevo en condiciones de enorme vulnerabilidad. A estos daños se suman el desarraigo, el duelo, el temor por quienes permanecen en Guatemala y la imposibilidad de planificar el futuro.
Reparar exige restituir derechos, atender las afectaciones psicosociales, dignificar públicamente a quienes fueron estigmatizados, preservar sus testimonios y establecer garantías de no repetición. También implica incorporar esta historia en los procesos educativos y en la construcción de la memoria democrática del país.
Guatemala ha acumulado suficientes testimonios, informes y pronunciamientos internacionales. Lo que falta no es información, sino voluntad para transformar las estructuras que hicieron posible la persecución. Las declaraciones de solidaridad y los reconocimientos públicos tienen valor, pero se convierten en gestos vacíos cuando las órdenes de aprehensión continúan vigentes, los expedientes construidos para criminalizar permanecen abiertos y sus responsables no rinden cuentas.
El 14 de agosto no debería convertirse en otra fecha para escuchar a las víctimas, lamentar lo ocurrido y pasar después a la siguiente coyuntura. El verdadero alcance del informe se medirá por las decisiones que provoque: los casos que sean revisados, las responsabilidades que se investiguen, las medidas de reparación que se adopten y las garantías que se construyan para que el retorno sea una posibilidad real y no una invitación a volver al mismo peligro.
Quienes vivimos en el exilio no hemos renunciado a Guatemala. Desde fuera seguimos defendiendo los derechos humanos y contribuyendo a la construcción democrática. Nuestra ausencia no fue voluntaria: es la evidencia de una democracia que expulsó a muchas de las personas que trabajaron por defenderla. El desafío no consiste simplemente en invitarnos a regresar, sino en transformar las condiciones que nos obligaron a salir. Solo cuando defender la justicia deje de significar persecución y regresar no implique arriesgar nuevamente la libertad, la integridad o la vida, Guatemala podrá afirmar que ha comenzado a saldar su deuda con el exilio.
