Disputa entre sectores empresariales y Gobierno de Honduras: ¿Se avecina la justicia tributaria?
Maldito País
mayo 26, 2023
Durante los últimos meses uno de los puntos centrales en el debate político y económico de Honduras ha sido la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el Poder Ejecutivo a través del director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa.
Entre los objetivos del Gobierno de la República para promover una ley de esta índole se encuentra la necesidad de fomentar la recaudación fiscal para promover el gasto público en el país, una medida para la disminución de las desigualdades. Según datos del Banco Mundial, al menos el 52% de la población hondureña vive bajo el índice de pobreza y un 13.3% en pobreza extrema, mientras que el índice de Gini se situó en el 47.5% para el año 2022.
Actualmente, la propuesta de ley ya fue enviada al Congreso Nacional donde necesitará una mayoría simple, 65 votos, para ser aprobada. Ante esto es importante preguntarse, ¿qué busca en realidad la Ley de Justicia Tributaria y qué tan probable es que se apruebe en Honduras?
¿En qué consiste la propuesta?
La propuesta de Ley de Justicia Tributaria, de acuerdo a lo estipulado en el documento de más de 70 páginas publicado en el mes de marzo, tiene 10 puntos centrales, entre ellos: el reconocimiento a nivel constitucional de la fiscalidad progresiva para asegurar que quienes más tienen sean los que más paguen, limitar el tiempo de las exoneraciones, controlar los abusos por parte de las grandes empresas y crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales, por mencionar algunos.
Otro aspecto importante de esta ley es que busca cambiar el principio de renta de territorial a mundial, con el propósito de evitar que las ganancias de las empresas sean desviadas al extranjero, como fue demostrado por la investigación internacional “Pandora Papers”. De acuerdo a la presidenta Xiomara Castro, una de las razones por las que urge la aprobación de esta ley es efectivamente eso, evitar que el país se convierta oficialmente en un paraíso fiscal.
En ese sentido, se entiende que más allá de promover un nuevo sistema fiscal que sea justo para todas y todos, la propuesta se basa en la eliminación de los regímenes de exoneración fiscal que han operado históricamente en el país y que se intensificaron en los años posteriores al golpe de Estado del 2009.
Para buscar la aprobación a esta propuesta de ley, el Gobierno de Honduras se ha basado en algunas estadísticas, tales como, que de cada 100 empleos en el país solo 6 son generados por empresas exoneradas y que los impuestos a los ricos solo representan 3 de cada 10 lempiras recaudados. En esa lógica, no es de extrañarse que el debate alrededor de esta reforma se haya limitado a una disputa permanente entre los sectores empresariales y el Gobierno de la República.
Al Congreso Nacional con fuerte oposición
El pasado 25 de abril, en Consejo de Ministros, la presidenta Xiomara Castro dió el visto bueno a la propuesta de Ley de Justicia Tributaria y la remitió al Congreso Nacional donde debe ser aprobada con 65 votos previo a que entre en vigencia. Sin embargo, el camino para la aprobación se ve lleno de obstáculos.
De los 128 congresistas, el partido de Gobierno cuenta únicamente con 50, lo que le obliga a depender de otros partidos políticos para la aprobación de esta ley. Hasta el momento cuenta con los 43 votos en contra del Partido Nacional, principal opositor al Gobierno y partido político del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico a inicios del 2022. Además de esa oposición, el Partido Salvador de Honduras, con quien el partido Libre hizo alianzas para llegar al poder, declaró que tras la ruptura de relaciones difícilmente apoyarían proyectos de ley impulsados desde el Ejecutivo, lo que les resta 9 votos más.
Entonces, si el Gobierno quiere que esta ley sea aprobada en el Poder Legislativo necesitará votos del Partido Liberal, institución política a la que pertenecía el esposo de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya, previo al golpe de Estado en el 2009, y que hace unos meses reiteró que no tienen intenciones de hacer un cogobierno con Libre.
Sin embargo, no todo está perdido. Desde que la propuesta a llegó al Congreso Nacional se han realizado una serie de audiencias de socialización con representantes de sectores sociales, económicos y políticos del país que en su mayoría han concluído con apoyo a la iniciativa. Si bien hasta el momento el proyecto de ley sigue sin ser dictaminado, las negociaciones continúan.
Una propuesta progresista en un país altamente conservador
Desde que la propuesta de ley fue publicada en redes sociales por el Gobierno, las cúpulas empresariales y otros sectores de la élite hondureña han hecho uso de todos sus recursos para provocar una fuerte campaña de desinformación, que ha traído consigo una serie de mitos respecto al alcance y efectos que esta reforma podría tener en las y los hondureños.
Entre los bulos que más preocupación han infundido en la población hondureña es que esta ley gravará con impuestos las remesas, en un país donde tan solo en el 2022 se reportó el ingreso de más de 8 mil millones de lempiras en remesas, aproximadamente un 20% del producto interno bruto. Pese a que el Gobierno ha desmitificado estos argumentos, la inquietud se mantiene.
Asimismo, la desinformación provocada por los grandes empresarios y las élites del país se ha basado en otros aspectos cotidianos de la vida de las y los hondureños, por ejemplo, la insinuación de aumento de precios de los productos de la canasta básica, la pérdida masiva de empleos y el incremento en la migración debido al aumento general del coste de la vida; argumentos que repetidamente han sido desmentidos.
Esta iniciativa, ha demostrado la incapacidad de los sectores económicamente dominantes para dar paso a normativas que tengan como propósito disminuir las desigualdades sistemáticas en el país.
Si bien, en el centro de esta propuesta de la Ley de Justicia Tributaria está buscar un mayor financiamiento para el gasto público del Estado y la inversión social, preocupa que los fondos que puedan ser recaudados a través de estas reformas sean cooptados por la corrupción y que no lleguen a las poblaciones más vulnerables de Honduras.
Sin duda, la propuesta de la Ley de Justicia se plantea como uno de los posibles logros de este Gobierno, sin embargo, todavía falta mucho camino legislativo por recorrer que seguramente necesitará de negociaciones con actores de alto nivel para poder avanzar hacia un nuevo régimen tributario.