Preocupación en Honduras ante posible aprobación de ley licencias ambientales exprés

Maldito País

mayo 17, 2025

Este mega proyecto que contempla empresas mineras, una procesadora de óxido de hierro y otras más que explotan los recursos naturales de la zona, ha operado, de acuerdo a denuncias de organizaciones defensoras de los bienes comunes, sin licencia ambiental.

El 7 de mayo durante la sesión del Congreso Nacional, se presentó para primer debate la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, impulsada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo. Esta iniciativa que permitiría la emisión de licencias ambientales de forma inmediata, ha sido fuertemente cuestionada por la sociedad civil y el movimiento ambientalista de Honduras. 

De acuerdo a una alerta emitida por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), de ser aprobada, esta ley facultará a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), para emitir licencias ambientales expeditas a través de un “mecanismo especial, excepcional y simplificado”, priorizando proyectos en sectores como la infraestructura, energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, manufactura, vivienda social o zonas francas. 

Además, la aprobación de esta ley implicaría la renuncia del Estado de Honduras a la supervisión y a la autorización de los procesos asociados a la renovación de licencias, dejando solamente reservada la facultad de suspensión o revocación, entregando al sector privado la responsabilidad legal como titular y prestador de los servicios ambientales, prácticamente privatizando el proceso de renovación de las licencias ambientales y dejando el control exclusivamente al capital nacional y transnacional. 

A pesar de que múltiples organizaciones se han manifestado en contra de esta iniciativa de ley del presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y de que es opuesto a las promesas en materia ambiental del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el partido oficialista la sigue respaldando argumentando que generará empleo y que “no pertenece a las dinámicas neoliberales”. 

Los “motivos” detrás de esta iniciativa

Para la promoción de esta iniciativa de Ley, Redondo destacó la “urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico sostenible, la atracción de inversiones y la generación de empleo digno en todo el territorio nacional y la lentitud de los procesos administrativos relacionados con el licenciamiento ambiental”. Pero estos argumentos invisibilizan los riesgos de aprobar una normativa de este tipo. 

A raíz de esto, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), advirtió en una carta abierta al presidente del Congreso Nacional y a los líderes empresariales que este proyecto de ley no generará desarrollo sostenible ni empleo digno, que por el contrario, profundizará la conflictividad socioambiental y la desigualdad social. Además de que afectará a la imagen del país ante organismos financieros internacionales. 

Por otro lado, el tema de las licencias ambientales en Honduras ha sido bastante conflictivo pues realmente para mega proyectos extractivos han sido aprobadas fácilmente y sin el debido proceso y hasta hay casos en los que son innecesarias, como para el mega proyecto Pinares-Ecotek, ubicado en el sector de Guapinol en el norte de Honduras y que ha sido la responsable de asesinar, criminalizar y judicializar a la gente de la zona. 

Este mega proyecto que contempla empresas mineras, una procesadora de óxido de hierro y otras más que explotan los recursos naturales de la zona, ha operado, de acuerdo a denuncias de organizaciones defensoras de los bienes comunes, sin licencia ambiental

En ese sentido, el argumento del presidente del Congreso Nacional Luis Redondo carece de fundamento, debido a que el Estado de Honduras no ha sido capaz de regular los proyectos que tienen un alto impacto en el medio ambiente y que operan libremente sin la licencia ambiental. Por lo que, más allá de facilitar el proceso, la prioridad debería de ser el fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar una correcta fiscalización y sanción de las empresas en el territorio nacional. 

Un proyecto de Ley que no responde al contexto hondureño

De acuerdo a la organización Global Witness, en 2023, Honduras se convirtió en el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente y la tierra. Es decir, el más peligroso del mundo para defender los bienes comunes de la naturaleza y el medio ambiente. Gran parte de este título proviene de la cultura concesionaria de los gobiernos del país, que entregan los territorios sin realizar procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas. 

La aprobación de una ley como esta podría generar aún más violencia y conflictividad en los territorios pues prácticamente invisibiliza las demandas de las comunidades y facilita la instalación de proyectos sin pasar por el debido proceso. 

Por otro lado, Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático. De acuerdo al Índice de Riesgo Climático (IRC) publicado en febrero del 2025 por la organización alemana, Germanwatch e.V, Honduras es el tercer país más vulnerable del mundo ante fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tormentas intensas, inundaciones, olas de calor y sequías. 

Paralelamente, si bien esta ley no se limitaría únicamente a la entrega de licencias ambientales para proyectos de extractivos, en el país se estima que 7 de cada 10 municipios tiene un territorio concesionado, y de aprobarse este proyecto, la cifra podría aumentar y a su vez aumentar la vulnerabilidad al cambio climático. 

El oficialismo y su doble discurso

Si bien, de acuerdo a los argumentos del presidente del Congreso Nacional, esta ley estaría promoviendo el empleo digno garantizando la sostenibilidad ambiental, organizaciones ambientales y de sociedad civil concluyen que esto podría no cumplirse y que el riesgo es muy alto. Pero, otro de los factores que destaca, es el hecho de que este proyecto es totalmente opuesto a lo prometido por la presidenta Castro y el partido de gobierno. 

En un inicio, el actual gobierno parecía un aliado para los movimientos ambientales por acciones como la declaratoria de no minería a cielo abierto y los acercamientos con líderes y lideresas, y la derogación de la ley de las Zedes. Pero, de aprobarse esta Ley, estaría desmarcandose de la agenda de los movimientos sociales en el país y se estaría asimilando a los pasados gobiernos del país que entregaron el territorio a los capitales nacionales y transnacionales. 

Actualmente, este proyecto de ley se encuentra a la espera del tercer y último debate para ser aprobado. Por eso, es importante cuestionarnos si,  ¿realmente los argumentos del presidente del Congreso Nacional o si se están priorizando otro intereses sin tomar en cuenta el impacto que puede tener en la ciudadanía?