El 14 de abril, tras varios días de recibir advertencias sobre el uso indebido de mi imagen, decidí denunciar la cuenta a los administradores de la red. Argumenté que se trataba de una suplantación de identidad con fines políticos y entregué pruebas. Inicialmente, X respondió afirmando que la cuenta violaba sus políticas de autenticidad y que sería eliminada. Sin embargo, poco tiempo después, la cuenta volvió a estar activa.

Aunque en su biografía ahora aclara que es “una parodia” y que “NO es el de la foto”, esto no impide que siga difamando y promoviendo el mismo tipo de acoso político. La advertencia legal apenas disimula la intención real del contenido, que continúa circulando con impunidad.

Como mujer migrante salvadoreña que ha participado en procesos institucionales —incluida mi candidatura al Instituto de Acceso a la Información Pública (2018-2019)— reconozco que esta forma de violencia no es nueva, ni exclusiva de El Salvador. Lo que cambia es el canal. Pero el propósito sigue siendo el mismo: intimidar, silenciar y castigar a quienes cuestionamos el actual poder.

Es importante señalar que estas agresiones no ocurren en el vacío. Ocurren en un contexto donde el régimen ha utilizado el aparato judicial para criminalizar disidencias, como lo evidencian las recientes capturas realizadas en mayo. El mensaje es claro: nadie está a salvo, ni siquiera quienes hoy se sienten protegidos por su cercanía al poder.

Me preocupa, profundamente, el uso de mi imagen para fomentar desinformación y contribuir a un clima de miedo entre quienes aún se atreven a expresarse libremente. También me preocupa la pasividad de las plataformas, que al permitir que estas cuentas resurjan se convierten en cómplices de la violencia digital. 

Desde el exilio, reflexiono sobre cómo el espacio virtual se ha vuelto un campo de batalla por la verdad y la dignidad. Las redes no sustituyen el debate presencial, pero lo amplifican. Lo que me ocurre a mí les ocurre a muchas otras mujeres, periodistas, defensoras y activistas en El Salvador y en el mundo. Lo que está en juego no es solo mi imagen o mi voz, sino el derecho colectivo a disentir sin miedo.

No podemos normalizar la violencia digital. Denunciarla, nombrarla y visibilizarla es parte de nuestra resistencia. Y mientras existan espacios para contar nuestras historias, seguiremos haciéndolo. Porque cada palabra dicha con libertad es una victoria frente al miedo. Es necesario romper el silencio y reclamar, también, este espacio.