No pienso en los discursos vacíos ni en las ceremonias protocolarias. Pienso en Stuardo Campo, encarcelado arbitrariamente por cumplir con su deber de investigar la corrupción. Pienso en Virginia Laparra, privada de libertad por atreverse a aplicar la ley con independencia.
Pienso en Thelma Aldana, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Leily Santizo, Siomara Sosa y en todos mis valientes colegas de la antigua FECI que hoy viven en el exilio, lejos de su tierra y de su gente, únicamente por defender los ideales de justicia y democracia.
Pienso también en Claudia González, quien a pesar de permanecer en Guatemala, enfrenta con valentía la persecución y el hostigamiento por haber asumido la defensa de quienes fueron criminalizados por luchar contra la corrupción.
A ellos pertenece este día. Porque han demostrado que ser abogado en Guatemala no es un simple ejercicio profesional, sino un acto de resistencia y de dignidad. Porque con sus vidas, no solo con sus palabras, nos recuerdan que la abogacía debe estar al servicio del bien común y nunca al de la corrupción.
Pero también debo decirlo con claridad: no todos merecieron felicitación. Guatemala ha visto cómo ciertos abogados han usado su intelecto, su conocimiento y su astucia no para proteger a los más vulnerables, sino para blindar estructuras criminales, manipular procesos y garantizar la impunidad de quienes han saqueado al país.
En muchos de estos casos, su actuación no solo obedece a la falta de ética, sino también a deficiencias en su formación jurídica. La enseñanza del Derecho en Guatemala sigue arrastrando vacíos que se traducen en profesionales sin compromiso social, con un conocimiento limitado y una visión reducida de la abogacía como un negocio o como un trampolín de poder. Esa precariedad académica y moral termina siendo cómplice de la impunidad.
El Día del Abogado no fue, para mí, una celebración vacía. Fue un momento para honrar a quienes hoy pagan un alto precio por mantenerse fieles a la justicia. También para reafirmar mi repudio a quienes, desde la comodidad del poder o de la conveniencia, han puesto su conocimiento, muchas veces insuficiente y mal encaminado, al servicio de la impunidad.
En medio de tanto dolor y persecución, me aferro a la certeza de que aún existen abogados y abogadas que luchan con dignidad, que no renuncian a sus principios, aunque ello implique cárcel, persecución o destierro. Ellos son la verdadera esperanza de un país distinto.
Que el Día del Abogado en Guatemala no sea solo una efeméride, sino un recordatorio: el Derecho no puede ser neutral frente a la corrupción ni frente a la injusticia. O se pone al servicio de la dignidad, o se convierte en cómplice de la impunidad.
Por eso, celebro y abrazo a mis colegas que resisten, que desde la prisión o el exilio siguen honrando la profesión. Y, al mismo tiempo, alzo mi voz para denunciar a quienes traicionaron su juramento, convirtieron la abogacía en instrumento de corrupción y exhiben, además, las graves carencias de un sistema de formación jurídica que necesita transformarse con urgencia.
Porque en Guatemala, más que nunca, ser abogado significa elegir entre la dignidad y la impunidad. Y para que más opten por la primera, debemos garantizar una formación profesional que esté a la altura de la justicia que nuestro país reclama.
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