Este lunes 28 de noviembre arrancó el juicio oral contra la exfiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Virginia Laparra. Omar Barrios y Lesther Castellanos la acusan de obstruir la justicia y de colusión. Barrios ha sido asesor de los últimos dos presidentes y es funcionario del gobierno ya que dirige la portuaria en la costa sur del país, uno de los puertos con mayor contrabando en Centro América. Castellanos, por su parte, fue juez con muy poca experiencia y, como premio por denunciar a Laparra, el presidente Giammattei dio la orden para que su partido y sus aliados lo colocaran -risiblemente- como relator contra la tortura. Decimos risiblemente porque él ha insistido en que Laparra continúe en prisión -una bartolina donde puede salir al sol una hora al día- y se le niegue la prisión domiciliar por delitos menores. 

La intención del caso es sentar precedentes y confeccionar una falsa narrativa jurídica en la que puedan “comprobar” que el personal de la CICIG cometió delitos. El “gran” delito por el que acusan a Laparra es haber presentado denuncias administrativas contra el juez Castellanos por filtrar información a Barrios. Las denuncias finalmente se desestimaron, pero ellos se ensañaron -con el apoyo del oficialismo y los poderes militares y criminales- para convertirse en “justicieros” de las causas de las élites del país que quieren ver tras las rejas a alguien de la CICIG para decirse a sí mismos y al “mundo” que la actuación de la Comisión fue ilegal e injusta. Recordemos que en más de 10 años, la CICIG persiguió alrededor de 100 estructuras criminales de alto nivel, incluyendo presidentes, diputados, jueces y empresarios. Los intocables del país ahora buscan vengar a quienes se atrevieron a investigar los crímenes que por mucho tiempo fueron tolerados. 

Además de estos dos personajes “justicieros”, la Fundación Contra el Terrorismo también acusa a Laparra. Esta Fundación ha sido sancionada por Estados Unidos por corrupción y por entorpecer casos penales por violaciones a los derechos humanos. El líder, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés es hijo de un militar -ya fallecido, ex ministro del dictador Efraín Ríos Montt- que fue señalado de dirigir desapariciones forzadas contra más de 500 personas cuyas osamentas fueron halladas en la base militar que él comandó. Méndez Ruiz fue candidato a alcalde con el partido del expresidente Alfonso Portillo, condenado en Estados Unidos por usar el sistema bancario de ese país para lavar dinero, y durante ese gobierno se hizo de fondos usando sus influencias políticas -por los amigos de su papá- para realizar importaciones de pollo y azúcar. Se dice empresario pero nadie sabe qué negocios tiene y solo se le conoce esta Fundación como forma de subsistencia; su estilo de vida ha subido vertiginosamente los últimos años pues recibe donaciones de los más ricos del país que se vieron afectados por los casos de la CICIG. Moisés Galindo, también sancionado, quien estuvo preso por corrupción y abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, admitió: “…aquí están escondidos todos los oligarcas, todos los azucareros”