La violencia se traduce en injusticias climáticas, sociales y políticas, injusticias que tienen un carácter espacial, es decir territorial. Actualmente estamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo de violencia extractiva, que está siendo legitimada por traer un discurso de solución al cambio climático.  Este ciclo extractivo está siendo empujado por la nueva demanda de minerales de transición, una transición que lejos de transitar hacia un modelo energético que busque encontrar un nuevo equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, busca extraer y despojar los bienes naturales de territorios que históricamente han sido resguardados por pueblos indígenas,que constituyen la base material y simbólica para las culturas de los mismos.  

Un estudio que analizó la cercanía y/o traslape de  territorios indígenas de más de 5,000 proyectos mineros que buscan minerales de transición  descubrió que el 54% están dentro de territorios de pueblos indígenas (Owen, J. R., et al., 2023).  La Agencia Internacional de Energía (IEA) enlistó 29 minerales de transición, de estos actualmente en la región centroamericana se explota níquel, zinc, plata, cobre, plomo,  y molibdeno. Dentro del análisis de los más de 5,000 proyectos mineros, 40 están ubicados en Centroamérica, de los cuales 25 traslapan con territorios indígenas.  Estos solo son proyectos activos, este estudio no toma en cuenta los proyectos que están en trámite, que reflejan los intereses de extracción a futuro. Desde el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) hemos analizado cómo esta demanda por minerales para transición se está transformando en presión sobre los territorios indígenas, más de 180 licencias de exploración y explotación de  níquel han sido ingresadas al Ministerio de Energía y Minas en los últimos años, que abarcan alrededor de 500,000 hectáreas. Este pasado mes de junio en Nicaragua se autorizaron más de 15,000 hectáreas para la explotación de oro y plata, afectando territorio indígena Miskitu y Mayanga, uno de los espacios concesionados es el Cerro Miramar el cual es la principal fuente de agua potable de la comunidad indígena Sasha.  En Panamá la explotación de cobre afecta a la comarca de Ngöbe Buglé, en donde más 59,000 hectáreas fueron concesionadas a pesar de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado el contrato como inconstitucional, la empresa tiene  200 incumplimientos ambientales y además fue otorgada en un área protegida de gran importancia para el corredor biológico mesoamericano. 

Estos solo son algunos ejemplos que ilustran, cómo el extractivismo afecta de manera desproporcionada a los territorios indígenas, que si lo vemos con ojos de justicia climática y social, la extracción de estos metales solo está generando más injusticias y degradando sistemáticamente la vida colectiva. Porque a pesar de que es imperante dejar los combustibles fósiles, el reemplazarlos con tecnologías que requieren la extracción a gran velocidad y gran volumen de recursos  solo generará la destrucción de espacios naturales y sociales que no han contribuido al cambio climático. La transición se está construyendo en base a presiones territoriales, las soluciones están basadas en el aumento del extractivismo y lo que está detrás de la explotación es deforestación y pérdida de fuentes de agua. Este nuevo ciclo de extracción como alternativa energética está dejando de lado lo verdaderamente importante de proteger, el agua,  el bien común más crítico para todas y todos, humanos  y no humanos. 

El entrelazamiento de violencias asociadas a los extractivismos mineros en Centroamérica refleja una trama compleja de opresión económica, cultural y ambiental. Estas violencias no sólo buscan imponer un modelo económico, sino también una cosmovisión que despoja a las comunidades indígenas de su territorio, identidad y sustento. La historia colonial y la persistente violencia estructural han exacerbado el sufrimiento de los pueblos indígenas..

En este contexto, la nueva ola de extracción de minerales de transición, en apariencia destinada a abordar el cambio climático, revela una paradoja perturbadora. La búsqueda de alternativas energéticas parece perpetuar patrones de opresión al ser utilizada como pretexto para la explotación acelerada de recursos en territorios indígenas. Esta transición, basada en la aceleración extractiva, está erosionando ecosistemas, agotando fuentes de agua y socavando la base misma de la vida colectiva.

Los ejemplos de proyectos mineros que se superponen con territorios indígenas en la región subrayan la urgente necesidad de abordar la injusticia climática y social en un marco de respeto a los derechos de las comunidades y la protección de los ecosistemas cruciales. La extracción masiva de minerales, incluso para fines aparentemente nobles, no debe ser la base de una transición sostenible. Es hora de repensar el enfoque en la energía y buscar soluciones que honren y preserven los valores culturales, los recursos naturales y el agua, que son fundamentales para el bienestar de todas las formas de vida en la Tierra. De lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia y degradación en lugar de avanzar hacia un futuro equitativo y armonioso para todos.