Hora Cero
junio 16, 2025
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
En gran parte de las Américas, la justicia se ha convertido con demasiada frecuencia en una promesa aplazada. Para miles de personas perseguidas, censuradas, encarceladas, desplazadas o castigadas por defender derechos humanos, esperar no es una posición neutral: puede significar perder la libertad, la seguridad, el sustento e incluso la vida.
Nos encontramos en una etapa peligrosa donde se está perfilando un nuevo orden mundial: los Estados poderosos, multinacionales y movimientos antiderechos atacan abiertamente el multilateralismo, el derecho internacional y los sistemas de cooperación.
La represión no siempre llega con tanques. A veces llega con leyes, registros, auditorías, amenazas, campañas de desprestigio y burocracias diseñadas para asfixiar. Este sistema desprecia la solidaridad internacional, usa la fuerza como lenguaje político y trata a la sociedad civil que pone a los derechos humanos en el centro como enemiga.
En América Latina, ese mensaje ya tiene efectos visibles. Países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela han adoptado o reformado marcos legales que imponen controles desproporcionados a organizaciones de la sociedad civil, limitando su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender derechos humanos. El informe “Rompiendo el Tejido Social”, de Amnistía Internacional, muestra cómo estas disposiciones amenazan la libertad de asociación, debilitan la autonomía de las organizaciones y deterioran las redes de confianza y solidaridad que sostienen a las comunidades.
Estados Unidos ha patrocinado orgullosamente esta crisis, instalando una narrativa deshumanizante y discriminatoria, debilitando mecanismos internacionales de rendición de cuentas, endureciendo políticas migratorias crueles y alimentando respuestas militarizadas.
Esta tendencia resulta preocupante, ya que ha favorecido el aumento de las prácticas autoritarias y la vulneración directa de los derechos humanos en el continente. Las políticas de Estados Unidos han tenido repercusiones en diversos países de la región, influyendo en procesos electorales como en Perú, Colombia, Honduras y Chile; fortaleciendo la militarización mediante la cooperación en materia de seguridad con países como El Salvador y Ecuador; manteniendo una política de presión e intervención sobre Venezuela, motivada en gran parte por el control de recursos naturales como el petróleo; y ejerciendo amenazas o presiones sobre muchos otros países para que se alineen con sus intereses.
La región también se cierra contra quienes informan. Se registraron acosos, censura y agresiones contra periodistas en diversos países, algunos con consecuencias letales como Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú. Cuando se ataca y silencia a periodistas, se ataca también nuestro derecho a estar informados sobre lo que pasa en nuestro país.
Lo que está en juego, por tanto, no es solamente la libertad de expresión. También está en juego la posibilidad de saber si una persona perseguida contará con protección; si una comunidad podrá denunciar un abuso sin sufrir represalias; si una familia podrá conocer la verdad sobre un ser querido desaparecido; o si los derechos humanos podrán protegernos frente al ejercicio arbitrario del poder.
En este contexto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tuvo su 56ª Asamblea General en la Ciudad de Panamá, centrada en la defensa del multilateralismo y la democracia en el continente americano, con la particular agenda de Estados Unidos centrada en fortalecer la seguridad y la economía y dejando de lado la situación de los derechos humanos.
La coincidencia no pudo ser más significativa. Mientras la región enfrenta un avance de prácticas autoritarias, una de las principales instancias políticas del sistema interamericano debía responder una pregunta fundamental: ¿puede el multilateralismo seguir siendo una herramienta efectiva para proteger a las personas?
A pesar de las tensiones, la Asamblea aprobó cuatro declaraciones y 14 resoluciones, entre las que destaca la declaración de Panamá en defensa del multilateralismo, y las resoluciones sobre la situación en Nicaragua y Haití.
La resolución sobre Haití pide reforzar el apoyo internacional al país para recuperar la seguridad, combatir a las bandas armadas, avanzar hacia elecciones democráticas y atender la crisis humanitaria, todo bajo liderazgo haitiano y con respeto a los derechos humanos y la soberanía del país. En este sentido, Amnistía Internacional organizó un evento paralelo en el que se discutió el seguimiento a la Hoja de Ruta para la Estabilidad y la Paz de la OEA con enfoque de derechos humanos, poniendo en el centro que la protección de la niñez debe estar en el centro de cualquier respuesta nacional, regional e internacional a la crisis de Haití.
Por otro lado, la resolución de Nicaragua condena las violaciones a los derechos humanos en el país, con casos que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad. Durante la asamblea, organizaciones de la sociedad civil aprovecharon este espacio para continuar denunciando el caso de Brooklyn Rivera y su reciente fallecimiento que necesita esclarecer el Estado, así como la desaparición de sus familiares y la situación de todas las demás personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Nicaragua.
En países con el espacio cívico tan cerrado, donde la represión, las desapariciones y la tortura son parte de la cotidianidad, debe haber una constancia de verdad, una memoria histórica, una preservación de pruebas y de documentación que velen por la justicia, aun cuando la posibilidad de alcanzarla llegue en un futuro, cuando los cambios en las estructuras y los espacios de poder sean una realidad.
En los días de la Asamblea también se habló sobre Venezuela. En diversos eventos se enfatizó en la importancia de la misión de determinación de los hechos en Venezuela, así como la necesidad de hacer una visita in loco para verificar los estándares interamericanos de derechos humanos, y escuchar y respaldar a las víctimas. No es momento de detener el proceso, ahora más que nunca es tiempo de empujar reparaciones estructurales. La Asamblea ocurrió en los días previos a los terremotos del 24 de junio, donde con lo que la crisis social y humanitaria se ha visto agudizada por los terremotos del 24 de junio.
Para lograr justicia en los diferentes contextos de los países mencionados, resulta sumamente importante documentar mientras los hechos son todavía recientes contar con la participación de las víctimas y pensar en reparaciones integrales que permitan reconstruir la vida de cada una de las personas que han sido agraviadas, y también del tejido social de una región lastimada por la impunidad y la indiferencia.
Escuchar a las víctimas no es un gesto protocolario. La OEA es un espacio valioso no sólo para tomar decisiones, sino para recibir información y escuchar, especialmente a la sociedad civil organizada y a quienes defienden los derechos humanos. Por ello llama la atención (y preocupa) el descontento generalizado que expresaron las organizaciones de la sociedad civil frente a esta última Asamblea. Tanto en la organización previa como durante el evento, hubo momentos de tensión, desencuentro y obstáculos a la participación efectiva de la sociedad civil y el diálogo con los estados.
Laura Gil, Secretaria adjunta de la OEA, declaró que “en este momento en donde el multilateralismo está tan cuestionado, las ciudadanías están viviendo una crisis de confianza en sus propias instituciones y en las multilaterales. Yo creo que la importancia del multilateralismo no sólo debemos declararla sino demostrarla”.
Es fundamental que la OEA cuente con perfiles adecuados y con la experiencia, sensibilidad y apertura necesaria para poder abordar la complejidad de la región de manera proactiva, teniendo siempre en el centro la promoción y defensa de derechos humanos.
Esta disputa por el espacio y la participación no ocurre solo a nivel macro. Sucede en cada lugar, en cada país, donde los derechos humanos están en riesgo. Por eso la propia OEA también necesita defenderse y posicionarse, como lo que debería ser: un aliado fundamental para la defensa de derechos humanos y contra las prácticas autoritarias que se extienden, cada vez más, por todo el continente.
Pero existe otro peligroso frente, incómodo pero real: incluso dentro de la sociedad civil existen grupos que defienden agendas antiderechos, que se opone a la diversidad, a la libertad y a la justicia, y que, desafortunadamente, cuenta con el respaldo de numerosos Estados en toda la región.
Excluir a quienes defienden derechos humanos no es solo una práctica doméstica. Se está trasladando al espacio interamericano. Y frente a este riesgo es tarea de la OEA y de su División de Participación de Sociedad Civil garantizar la participación de toda la sociedad civil en los espacios políticos y de mecanismos de protección.
Los gobiernos de las Américas deben entender algo con urgencia: los derechos humanos no son una concesión. Son una obligación. Los Estados deben proteger a periodistas, defensoras, comunidades indígenas, liderazgos sociales y familiares de personas desaparecidas; terminar con las políticas migratorias crueles, racistas y deshumanizantes; y garantizar nuestro derecho a la nacionalidad, a la protesta, a la verdad, a la libertad de expresión, a la justicia, a la reparación y a vivir sin miedo.
En las Américas sobran las promesas. Faltan la verdad, la justicia y la protección. Sobran los Estados represores y falta que rindan cuentas. Nuestra dignidad no puede seguir esperando.
