Los procesos judiciales no deberían ser el foco de los análisis, sin embargo, en clave de ecología política nos podemos aproximar a un abordaje más integral para la comprensión del momento como punto de inflexión. 

1. El proceso judicial contra los ejecutivos de Los Pinares/Ecotek a raíz de las denuncias de los sectores sociales organizados evidencia el cuestionamiento a un modelo de desarrollo basado en la explotación indiscriminada de la naturaleza y  la alteración de las dinámicas alrededor de los ecosistemas. Este modelo, criticado en la literatura fundamental de la ecología política de Martínez Allier y Escobar, indica que se ve confrontado cuando el aparato judicial empieza a responsabilizar legalmente a quienes han operado al margen de la normativa ambiental, abriendo la posibilidad de la discusión sobre la normativa ambiental, la flexibilidad del marco actual en términos de contaminación y posibilidades de restauración, así como la demostración de los ineficientes controles institucionales.
2. El proceso, impulsado por las denuncias del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y el testimonio de comunidades afectadas, marca un momento de ampliación de la disputa política de las demandas sociales y territoriales. Esto es crucial en la ecología política, pues las demandas por acceso a tierra, defensa de los bienes comunes y resguardo de las dinámicas ecosistémicas constituyen una respuesta ante estructuras de poder hegemónicas y una forma de reivindicación de derechos históricamente marginados. La audiencia inicial se configura como un acto de reconocimiento institucional (bastante obligado) de estas reivindicaciones. Ésta última afirmación, porque este proceso surge justamente en días posteriores al asesinato de Juan López, que al final, podría ser solamente un mensaje de contención de la conflictividad. 
3. La responsabilidad legal que se está asumiendo en este proceso judicial subraya la compleja relación de poder entre grandes empresas extractivas, el Estado y los poderes locales. Es decir, las estructuras corruptas continúan operando sin ningún abordaje de justicia. La exigencia de rendición de cuentas y la apertura de investigaciones por actividades irregulares –como la deforestación masiva, la construcción de infraestructuras viales sin permiso y la intervención en zonas protegidas– evidencian cómo las élites económicas operan en Honduras en condiciones de impunidad. 
4. Algo importante, es que el dictamen forestal y los informes periciales que se presentaron en la audiencia inicial establecen un precedente clave para la justicia ambiental (también se han presentado en casos como el de la Cantera Sapadril ⁵ ). Al responsabilizar a las empresas involucradas y, especialmente, a altos ejecutivos que han violado las normativas ambientales, es dejar constancia de esas dinámicas para repensar las formas en que el Estado ha configurado la gestión ambiental, y más importante aún, la necesidad de penas más amplias para quienes dañen la naturaleza. Esto es fundamental para transformar las dinámicas de explotación y para que los daños causados a los ecosistemas y a las comunidades sean reconocidos y subsanados.

El proceso actual de audiencia no debe verse tampoco de forma aislada, se trata de comprender desde un entorno de violencia generalizada la indefensión de los defensores y defensoras territoriales, la corrupción y su vinculación con el crimen organizado, así como la relevancia de los derechos de la naturaleza. El Comité Municipal ha denunciado cómo es una estrategia jurídica separar las causas para no lograr la interpretación completa del caso. Ese es ahora el esfuerzo que se debe posicionar con mayor contundencia, precisamente porque no hay justicia para Juan López sin justicia para el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, ni habrá justicia para Juan López sin cárcel para la red criminal que le asesinó.