Hasta el momento, desde que Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, la única comunicación respecto al tema de la presidenta Xiomara Castro ha sido una felicitación y un llamado al diálogo. Sin embargo, esta es una postura bastante diferente de la que la mandataria asumió en su mensaje el 1 de enero. En su primera comunicación a la ciudadanía hondureña del año, Castro aseveró que “si Trump realiza una deportación masiva de hondureños, la base militar de EEUU en Honduras no tendría razón de existir”. 

Si bien, la postura de la presidenta tiene un sentido nacionalista y soberano, especialmente por la historia de la base militar, es dudoso creer que proteger a la diáspora que vive ilegalmente en Estados Unidos sea el único motivo. 

Para contexto, la base Base Aérea estadounidense Soto Cano, también conocida como base Palmerola, se encuentra en Honduras desde 1982 y laboran 500 militares estadounidenses y 500 civiles hondureños y estadounidenses, según la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, la unidad militar estadounidense que opera en la base. Pero durante sus primeros díez años, fue un centro logístico del país del norte para poder enfrentar los movimientos revolucionarios antiimperialistas en Centroamérica, especialmente el de Nicaragua. Pero, desde la década del noventa hasta la actualidad, es utilizada por militares para operaciones contra el crimen organizado transnacional, incluido el narcotráfico, además de brindar asistencia humanitaria y apoyo en desastres naturales. 

Lo que nos lleva a concluir que, sumado con otras acciones como la denuncia del Tratado de Extradición, el gobierno está proyectando una imagen de que Honduras puede ser un refugio para narcotraficantes. Por eso, además de la declaración de emergencia en la Frontera Sur, preocupa la nueva categorización que Trump planea realizar de los carteles de la droga ya que, si Honduras está proyectando esta idea al mundo, aunque no es comprobado, es probable que las relaciones entre ambos países sufran tensiones. 

En ese sentido, se vuelve urgente que el gobierno de Castro logré una buena relación con el gobierno de Trump, lo que podría iniciar con extender el Tratado de Extradición entre ambos países. Además, será importante que las y los funcionarios del gobierno de Honduras mantengan una postura abierta al diálogo, con énfasis en proteger a las y los hondureños en Estados Unidos pero que también se logre trabajar en frenar las causas de la migración.