Parálisis Legislativa en Honduras por falta de consensos en elección de Fiscalía General

Maldito País

septiembre 14, 2023

René Estrada

En las últimas semanas, el Poder Legislativo de Honduras ha estado paralizado debido a la falta de consensos entre las fuerzas políticas. Si bien las disputas a lo interno del Congreso Nacional hondureño iniciaron desde el cambio de Gobierno en enero de 2022, la actual crisis legislativa es la consecuencia de la falta de cuotas de poder en las instituciones públicas y el reordenamiento de la bancada oficialista y de la oposición, que buscan consolidar su poder en el país centroamericano. 

De acuerdo con la Constitución de la República, el Congreso Nacional tuvo que haber electo la nueva fiscalía general y fiscalía adjunta de Honduras antes del 1 de septiembre, sin embargo, debido a la falta de consensos, la agenda legislativa se ha retrasado considerablemente. La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público no es la única deuda de este Poder del Estado con la ciudadanía, pues aún está pendiente la ratificación de la derogación de la Ley ZEDEs y el cumplimiento de la agenda anticorrupción, por mencionar algunos. 

De acuerdo con algunos congresistas, el trabajo del Poder Legislativo no se reanudará hasta alcanzar consensos para la elección de la o el fiscal general y fiscal general adjunto, pero, esto parece estar lejos de lograrse, debido a la fuerza que el bloque de oposición ha consolidado, al punto de superar a la bancada oficialista por más de 20 votos.

¿Cómo está dividido el Poder Legislativo en Honduras?

La Constitución de la República establece que el Congreso Nacional de Honduras está conformado por 128 personas, en representación de los 18 departamentos del país, cada uno con una cantidad establecida de curules. Por ejemplo, el departamento de Francisco Morazán, donde se ubica la capital Tegucigalpa, cuenta con 23 diputados y diputadas, mientras que el departamento de Gracias a Dios cuenta con apenas 1. 

En el Congreso actual (2022-2026), hay representación de 6 de los 14 partidos políticos que participaron en las elecciones generales de noviembre de 2021, los cuales de acuerdo a los resultados, obtuvieron la siguiente cantidad de curules cada uno: el Partido Libertad y Refundación (Libre), oficialista, logró 50 congresistas, el Partido Nacional, la principal oposición, 44, el Partido Liberal obtuvo 22, el Partido Salvador de Honduras 10, el Partido Anticorrupción 1 y el Partido Democracia Cristiana también 1. 

De acuerdo con los resultados electorales, ninguna de las bancadas alcanza mayoría simple, 65 votos, la cual es necesaria para la aprobación de leyes secundarias y decretos ordinarios, ni mayoría calificada, 86 votos, la cual es requerida para reformas constitucionales y elección de altos funcionarios, como de la o el fiscal general y fiscal adjunto, por lo que los consensos entre bancadas son vitales para la aprobación de cualquier proyecto Legislativo. 

Sin embargo, el Partido Libre, que ganó las elecciones a través de una alianza con el Partido Salvador de Honduras, alcanzaba los votos necesarios para la mayoría simple al inicio de su gestión, con la suma de los votos de ambas bancadas y el apoyo de algunos congresistas de otros partidos. Pero, esta racha legislativa empezó a ir en picada tras la ruptura de la alianza y la negación del Partido Liberal de establecer un co-gobierno con el oficialismo. 

Como resultado de la incapacidad del Partido Libre de mantener relaciones con otros partidos, las fuerzas de oposición conformaron una bancada por su parte, la cual denominaron el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).

El BOC, el oficialismo y el inicio de la parálisis legislativa

El Bloque de Oposición Ciudadana, conformado por el Partido Salvador de Honduras, el Partido Nacional y otros actores políticos influyentes con ideología conservadora y de derecha, se consolidó luego de una reunión convocada por Salvador Nasralla, designado presidencial y presidente fundador del PSH, para “demandar soluciones a favor del pueblo ante los abusos del actual gobierno”. 

De acuerdo con las declaraciones del designado presidencial y otros integrantes del BOC, los acuerdos alcanzados incluyen vigilancia sobre las iniciativas de ley en el Congreso Nacional, la condenación de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo, sesiones permanentes y cuantas movilizaciones pacíficas estimen necesarias. 

En consonancia con sus declaraciones, el BOC convocó a su primera marcha pacífica días después de su conformación, en la cual, según Nasralla, acudieron más de 20 mil personas para exigir el diálogo ciudadano y demostrar la inconformidad del “pueblo hondureño” con la gestión de la presidenta Xiomara Castro. 

Simultáneamente con la conformación del BOC, en el Congreso Nacional se reordenaron las bancadas, debido a que el Partido Salvador de Honduras, que en un principio tenía una fuerte alianza con el partido oficialista, ahora sumó 8 de sus 10 votos a la oposición, debido a que la congresista Ligia Ramos decidió no formar parte del Bloque y el presidente del Legislativo, Luis Redondo, pese a ser del PSH, mantiene su apoyo al oficialismo. 

Con estos cambios, el oficialismo alcanza entre 50 y 54 votos dependiendo la moción, mientras que la oposición alcanza entre 70 y 74 votos según la iniciativa. Por lo que, para la bancada del Partido Libre y quienes lo apoyan, alcanzar mayorías para la aprobación de sus decretos, ahora exige negociaciones más profundas. 

Cabe destacar que este reordenamiento legislativo ocurre en el marco del proceso de elección de la o el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto de la República y, que se necesitan 86 votos, mayoría calificada, para elegir a estas autoridades.

Elección de la fiscalía general y las demostraciones de fuerza del oficialismo

Consciente de la demostración de fuerza por parte de la oposición, el oficialismo comenzó su propia campaña de presión para la elección. Por su parte, la presidenta Xiomara Castro, convocó a sus simpatizantes a una movilización pacífica el 29 de agosto, dos días antes de que culminara el mandato del fiscal general Oscar Chinchilla. Inició frente a Casa Presidencial y culminó en los bajos del Congreso Nacional, para presionar a las y los diputados.

Ese mismo día, el presidente del Legislativo, en consonancia con la movilización del Partido Libre, convocó a sesión para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, debido a la falta de consensos, no se alcanzaron los votos necesarios, por lo que la sesión fue suspendida. 

Motivado por la presión de elegir la nueva fiscalía general y fiscalía adjunta dentro del tiempo que establece la Constitución, el presidente Redondo convocó a tres sesiones legislativas más, pero, todas sin lograr el cometido. Tras cuatro intentos de elección, la bancada oficialista alcanzó un máximo de 52 votos, mientras que la oposición, logró 74 votos a favor. 

Han pasado ya más de diez días desde la última sesión legislativa, y de acuerdo con declaraciones de algunos congresistas en redes sociales, los acuerdos están lejos de lograrse. Si bien, en una democracia los disensos son naturales, la falta de consensos a lo interno del Poder Legislativo y la parálisis que ha ocasionado, vulneran cualquier intento de avance que pueda lograrse a favor de la ciudadanía, el Estado de derecho y la institucionalidad nacional, por lo que, es urgente que las fuerzas políticas prioricen al país por sobre sus intereses particulares.

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René Estrada

Periodista hondureño orientado a la comunicación política estratégica y la incidencia con experiencia en la lucha anticorrupción de su país y en la defensa de los derechos humanos.