Hora Cero
junio 16, 2025
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Por muy extraño y contradictorio que parezca, la presidenta Laura Fernández Delgado sostiene un discurso de mano dura contra la criminalidad, hace de los policías héroes sacrificados por el amor a la patria pero, niega el aumento de homicidios y la sostenida crisis de seguridad en el país. Crisis que resultó evidente cuando la cifra de homicidios alcanzó su pico más alto en 2023 con 907 personas asesinadas. Hecho que aconteció durante el mandato de Rodrigo Chaves Robles -antecesor de Fernández, actual Ministro de Presidencia y Hacienda-. A estos discursos se suman los numerosos señalamientos contra el Poder Judicial pues, según la mandataria existe “una crisis de administración de justicia”.
Luego de asistir a funerales y llorar sobre ataúdes de oficiales fallecidos, Fernández presentó un paquete de seis reformas para luchar contra el crimen organizado, entre los que resalta un proyecto de ley que aumenta las facultades de los oficiales a la vez que endurece las penas de quienes “obstruyan la labor policial”. La tensión aumenta sobre el hecho de que dichas reformas de ley se dan en un contexto de aumento de la criminalización y judicialización de la protesta, lo que podría abrir el abanico de acciones por parte de la policía y con ello, atentar contra la integridad de defensoras (es) de derechos humanos, organizaciones políticas y movimientos sociales.
La criminalización de la protesta tiene que ver con una serie de mecanismos políticos, legales, mediáticos y discursivos que convierten a las personas protestantes/organizadas en criminales. Estas estrategias atentan directamente contra distintos derechos humanos y colectivos como el derecho a disentir, a la libertad de expresión e información, la libertad de pensamiento, a adherirse a un movimiento o corriente política, hasta el simple derecho a exigir una mejora en las condiciones de vida.
El escenario de la judicialización corresponde al siguiente paso de la criminalización: someter a procesos judiciales a personas organizadas, activistas y/o defensoras de derechos humanos. El escenario de la judicialización, en ese sentido, es más grave que la criminalización en tanto puede implicar consecuencias penales. En contextos autoritarios la criminalización y la judicialización de las protestas aumentan, como garantía de control de la población; en tanto que no existe espacio para el disenso, la diferencia y la crítica. Además con la mano dura se pretende construir hegemonía y contener el descontento.
En el caso de Centroamérica, las Fuerzas Armadas y policiales han sido cruciales para el mantenimiento del status quo de las élites tradicionales y la supuesta estabilidad política. Ello se debe a que las oligarquías y las clases altas de la región nunca lograron consolidar su control sin el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales. Esta situación fue profundizada durante la guerra contrainsurgente (de los 60 al 90) y se sostuvo durante la imposición del neoliberalismo con la llegada de los Programas de Ajuste Estructural (PAES). Dichos fenómenos en lugar de ir disminuyendo han ido aumentado a la par de los gobiernos autoritarios que se consolidan en la región.
El 9 de septiembre del 2023 fue convocada una manifestación en el centro de San José, la capital costarricense, para denunciar el abuso de poder y la violencia policial. La marcha fue convocada luego de que una mujer joven denunciara violencia extrema por parte de la Fuerza Pública cuando ella y uno de sus amigos fueron abordados para ser requisados en las afueras de un establecimiento en Alajuela. El video dura una hora, fue compartido en redes sociales, la mujer denunciaba y mostraba golpes en su cuerpo, cabeza y cuero cabelludo. En repetidas ocasiones indicó que temió por su vida, que fue amenazada de ser violada y que estuvo mucho tiempo recluida en una especie de galerón rodeada por al menos 15 policías. Esto, luego de pasar horas en una patrulla en movilidad por diferentes puntos (nunca supo exactamente dónde). La acción que provocó estas acciones por parte de la policía fue que la joven intentó decirle a un policía que no debía tratar mal a ella y a su amigo durante la requisa. Es decir, el accionar de la Fuerza Pública fue profundamente desmedido y completamente innecesario.
El video se hizo viral a las pocas horas y poco tiempo después fue convocada la marcha por parte del Frente Amplio (FA), el Partido de la Clase Trabajadora (PT) y otras organizaciones que acuerparon la convocatoria. La marcha inició a las 10:30 a.m. en el Parque Central y se dirigió a la Asamblea Legislativa. Fue en este último lugar donde la tensión aumentó contra los policías presentes que evitaron que se colgaran mantas en el recinto y explotó cuando fue detenido un manifestante presuntamente por intentar rayar una de las paredes. Ante la detención, la manifestación respondió y siguió a los oficiales hasta trasladarse a las inmediaciones del Parque Nacional y los edificios antiguos del recinto legislativo, donde se encontraban las patrullas que se llevarían a la persona detenida.
En ese momento, el cuerpo de antimotines se hizo presente en el lugar y estableció una hilera entre la manifestación y las patrullas. Cuando la manifestación se estaba replegando hacia el Parque Nacional, una oficial desde las espaldas tomó por el pelo a una activista y comunicadora, logrando someterla. Ante la agresión, distintas personas se acercaron para evitar que una segunda persona fuera detenida, provocando una trifulca. Dicha trifulca se detuvo cuando un policía se lanzó (literalmente) sobre las personas que se encontraban forcejeando, provocando que todas se cayeran al piso y en ese momento, con la dispersión de la trifulca, resultaron detenides tres personas: Mar Fournier Pereira (activista trans masculino y profesor universitario), Carolina Marín Duran (activista por el Movimiento de Liberación Animal y estudiante universitaria) y Valerie Salas Solís (estudiante universitaria). Las tres personas fueron denunciadas por resistencia agravada y agresiones contra la mujer policía que sometió a la activista por el pelo.
Desde el día de la detención se fueron acumulando faltas al debido proceso, las tres personas detenidas fueron liberadas a las 12 a.m. del 10 de septiembre y desde entonces enfrentaron el proceso en libertad. Les imputades debieron buscar defensa legal privada porque la labor de la Defensa Pública está saturada y lo único que ofrecía es que las imputadas se atribuyeran un delito que no cometieron. Esta situación elevó los costos, lo que hizo necesario realizar campañas de solidaridad para recibir fondos económicos. Gracias a la solidaridad de múltiples activistas y organizaciones de todo el país, se logró el objetivo de apoyo.
Es importante recalcar que el Ejecutivo, desde Chaves, ha impulsado recortes presupuestarios al Poder Judicial, lo que agrava el panorama para el acceso a la justicia. Dicha situación empeoraría la labor de la Defensa Pública, por ejemplo.
En febrero de 2026 les imputades asistieron a una audiencia preliminar en la que la acción civil resarcitoria solicitada por la oficial Yessenia Porras Carballo fue negada debido a fallas en el procedimiento. Además la defensa demostró que muy posiblemente la oficial Porras Carballo incurrió en el delito de falso testimonio al denunciar a les tres activistas. A pesar de ello, el caso fue elevado a juicio porque “(…) decidimos no conciliar, porque consideramos importante marcar un precedente que hable de que la policía también puede mentir en las denuncias. Es importante que haya un precedente de que cuando los policías mienten, tienen que haber consecuencias”, declaró Carolina para Hora Cero.
El juicio se llevó a cabo el 24 y 25 de junio, en el que Mar y Valeri fueron absueltes con certeza, mientras que Carolina por duda debido a un ademán de sus manos que se observa en los videos pero que no confirma que efectivamente cometió una agresión contra la oficial. La jueza, Lorena Blanco Jimenez, indicó que la mayor injusticia fue llevada contra Valeri pues su detención fue completamente injusta. Además, Blanco Jiménez ordenó la investigación de la oficial Carballo por el presunto delito de denuncia calumniosa contra Mar y Valeri.
Tanto la detención arbitraria como el juicio contra les tres detenides se dan en el contexto de los gobiernos autoritarios encabezados por Rodrigo Chaves y posteriormente por Laura Fernández. Esta última administración no ha cumplido dos meses y ya cuenta con al menos cuatro personas activistas con procesos judiciales abiertos. Tres de estas personas -dos estudiantes- fueron detenidas por desplegar una bandera de Palestina durante la toma de mando de Fernández, y otro estudiante fue detenido durante la vigilia en defensa del sistema eléctrico nacional.
El 20 de junio se llevó a cabo el juicio contra Cosima, la activista detenida por colgar una manta que denunciaba el genocidio contra el pueblo palestino. También el 25 de junio se desarrolló el juicio contra el activista ecologista Juan Bautista Alfaro, demandado por presuntamente difamar a la empresa Enjoy Hotels. Ambos resultaron absueltos. Así, en una semana se llevaron tres juicios distintos por criminalización y judicialización de la protesta en Costa Rica.
Carolina amplía al respecto: “Se instrumentalizan situaciones particulares para afectar al movimiento social, todo lo que sea oposición en este gobierno se va a sentir como un ataque directo. Cualquier muestra de libertad de expresión se ve como una confrontación directa al poder y es completamente cuestionable todo lo que estamos viviendo”. Como si el contexto no fuera en sí mismo preocupante, Fernández entregó un paquete de seis proyectos de ley que buscan “atender la crisis de administración de justicia” en palabras de la mandataria.
En términos generales los proyectos se enfocan en la protección de los oficiales a través de la ampliación de su margen de acción, aumentan penas de los delitos cometidos en su contra y endurece penas ya normadas en la legislación. Tal es el caso de la Ley Gerson Rosales Cascante -nombrada en honor al policía asesinado en Limón el pasado 13 de mayo- que pretende: 1. Que la respuesta armada de un oficial sea presumida como “legítima defensa”; 2. Aumenta las causales en las que puedan acogerse a legítima defensa como la defensa del cónyugue, convivencia civil, etc; 3. Crea el delito específico de amenazas contra policías; 4. Amplía las causales de prisión preventiva para incluir cuando la persona imputada oponga resistencia o agreda a un policía durante su detención; 5. Prohíbe el arresto domiciliario si la persona condenada puso resistencia a su arresto o agredió a los oficiales; 6. Baja el umbral de 4 a 3 años de pena para que las personas puedan acogerse al arresto domiciliario y; 7. Amplía de 6 a 12 horas el plazo para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda constatar la identidad de una persona e interrogarla. Estas medidas incluirían también a policías municipales y privados.
Dichas reformas aumentaron las alertas de activistas y organizaciones políticas. De acuerdo a Carolina: “Está aumentando la represión pero a niveles exponenciales, (…) estamos viviendo un momento bastante crítico. Creo que estamos en alerta. En general no hay persona de movimiento social o cercana que no hable de lo alerta que tenemos que estar por lo que se viene, ya estamos viendo pues, empezando a ver, las situaciones de primera mano”. Distintos expertos y ex jerarcas judiciales -como Marco Feoli, ex ministro de Jusiticia- han declarado en medios que los proyectos de ley de Fernández son inconstitucionales. Sin embargo, siguen presentes en la agenda legislativa por discutir.
Continúa Carolina, “por eso igualmente recalco la importancia de este juicio, porque este juicio podría enmarcar un precedente para eventualmente hasta ponerlo de ejemplo deque los policías también mienten, de que los testimonios o lo que se dice en los juicios también puede ser mentira. De que también hay uso de fuerza excesiva, de que se manipulan y que se abusa de ese poder que tienen”. Todo ello apunta a que Costa Rica está lejos del imaginario construido alrededor de la supuesta y muy fallida Suiza centroamericana. Todo lo contrario, Costa Rica está sumergida en la ola de extrema derecha que no deja de crecer en la región y se suma a la creciente escalada de violencia policial.
