A pesar de la persistencia del fenómeno, no existe una definición universalmente aceptada de quién es un/una presa/o político^[1] Al no existir una definición o reconocimiento universal resulta difícil la coordinación o acuerdo entre distintos gobiernos para condenar la multiplicidad de casos existentes. Obviamente, la principal barrera para que gobiernos de la región se pronuncien o trabajen por la liberación de personas detenidas por motivos políticos es, precisamente, política. Dependiendo de las alianzas, los intereses y los momentos en los que se encuentren las relaciones políticas entre diversos gobiernos, la condena por la existencia de la prisión política varía.  Lo que no varía, lamentablemente, es el sufrimiento de las personas que han perdido su libertad y la de los familiares que son también víctimas directas de estas injusticias. 

En el caso de mujeres privadas de libertad el impacto es distinto. Estudios sobre mujeres en prisión (no sólo prisión política) informan que sus familias sufren “un impacto desproporcional a lo que sucede cuando un hombre es privado de su libertad. Esto porque, en el caso de los hombres privados de libertad, las mujeres se quedan a cargo de la familia e intentan sostenerla. En el caso de las mujeres privadas de libertad es mucho más probable que sus hijos/as estén en la cárcel con ella, vayan a vivir con otros familiares (a veces separando a hermanas/os), sean institucionalizados/as de alguna manera, o terminen sin hogar”. A lo anterior hay que agregar la diversidad en las necesidades específicas de mujeres, incluyendo en materia de salud sexual y reproductiva, necesidades ignoradas en sistemas penitenciarios que muy probablemente fueron diseñados para hombres. 

La prisión política preocupa siempre y en todas partes. Los impactos diferenciados en el caso de las mujeres, no obstante, deben ser siempre analizados a la hora de documentar sus historias y las de sus familias. Casos de mujeres presas políticas en Cuba, Guatemala, Venezuela, y Nicaragua ilustran este patrón alarmante. Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron reprimidas mediante una ola de detenciones masivas por parte del gobierno cubano. Según datos de la ONG Justicia 11J, al menos 758 personas continúan presas.  Una de ellas es Lizandra Góngora Espinosa, quien fue condenada a 14 años de prisión en abril de este año por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, según informó la ONG Cubalex en sus redes sociales. La familia de Lizandra denunció que, antes de ser trasladada a la cárcel, fue internada y que se le intentó medicar a la fuerza. Lizandra es madre de 5 menores de edad. 

En los últimos años, las autoridades de Guatemala han aumentado la persecución política, especialmente a través del hostigamiento y criminalización de operadores de justicia independientes, incluyendo antiguos empleados de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). En los últimos años al menos 25 operadores de justica han tenido que exiliarse.  Virginia Laparra, fiscal superior anticorrupción, fue detenida en Febrero por “abuso de autoridad” en lo que se considera una represalia por su trabajo contra la corrupción imperante en el país. Diversas organizaciones han denunciado las condiciones deplorables de su reclusión en “una celda de aislamiento de aproximadamente 15 metros cuadrados, con baño interno, sin ventanas y con una reja de entrada de aire. La puerta de acceso a su celda permanece cerrada 23 horas al día, solo le es permitida una hora de luz solar y las visitas carcelarias se realizan en la misma celda”.  Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia y ha lanzado una campaña global exigiendo su liberación. El caso es ilustrativo del costo que pagan quienes se enfrentan al gobierno y a las elites empresariales en Guatemala.