El jueves 19 de junio Nicaragua despertó con una noticia aterradora, habían asesinado con ocho disparos a Roberto Samcam, ex militar nicaragüense exiliado en Costa Rica. Hasta la fecha, los testimonios de los familiares y reportes policiales indican que varias personas estuvieron involucradas en el crimen. Lo que es aún peor, el nivel de precisión con que fue cometido el asesinato alimenta la teoría de que en Costa Rica operan células de vigilancia del Frente Sandinista dedicadas a amenazar y asesinar opositores. Lo que alguna vez sonó como un rumor ahora se nos muestra como una realidad y surge la pregunta de qué hará el gobierno de Costa Rica para proteger a cientos de exiliados que han buscado refugio en su país. La administración de Rodrigo Chaves se ha mostrado renuente a hablar del tema, llegó incluso a decir en enero de 2024 que en el país tales células no existen pero después de lo que pasó con el ex militar, es difícil ocultar la evidencia. 

En el que fuera el país más seguro de Centroamérica, la criminalidad ha ido en aumento en los últimos años de una forma abrupta y alarmante. El 2023 fue el año en que Costa Rica alcanzó su cifra histórica de homicidios con 905 asesinatos, para 2024 la cifra descendió a 880. Detrás de estos datos se encuentra el crimen organizado, el narcotráfico y las disputas entre capos locales para quienes es sencillo contratar un sicario. El aparato de persecución del Frente Sandinista lo sabe y han sido muy hábiles en tercerizar sus crímenes. 

Desde 2018 a la fecha se registran al menos cuatro asesinatos contra opositores en Costa Rica, en todos los casos se sospecha de motivos políticos. Por desgracia, el caso emblemático fue el de Joao Maldonado a quien intentaron asesinar dos veces y como si se tratase de una película de acción, ha sobrevivido para poder nombrar a uno de sus asesinos: Danilo Aguirre, quien transita libremente por Nicaragua pese a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica lo ha llamado a declarar en múltiples ocasiones. La misma OIJ ha declarado la poca disposición para colaborar por parte de la policía de Nicaragua cuando se trata de asesinatos de opositores políticos, este silencio deliberado es otra evidencia del proyecto deliberado de asesinar a figuras de la oposición de forma sistemática.