Hora Cero
junio 16, 2025
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
Maldecir es parte de imaginar que las cosas pueden y deben ser de otra manera
La respuesta que recibí de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) a mi solicitud de información fue una denegación de información. Pedí datos públicos sobre candidatos que van a las elecciones generales y que incumplieron con la presentación de informes financieros, la respuesta oficial fue que los documentos estaban “en elaboración” y que serían publicados más adelante. Esa evasiva plasmada en el memorando SG-UFTF-209-2025 1 , es la evidencia de cómo la opacidad se normaliza en una institucionalidad que en teoría debe ser la más transparente con el financiamiento político.
La política cuesta dinero. Los partidos lo necesitan para organizar eventos, movilizar votantes, contratar encuestas, imprimir materiales y aparecer en televisión. Lo que activa el flujo de recursos provenientes de intereses privados, y aún menos deseado de fondos del Estado, narcotráfico y crimen organizado. En un escenario ideal, los aportes deberían regirse por reglas claras y ser objeto de escrutinio ciudadano.
Sin embargo, en Honduras los ejemplos de preocupación abundan. En el Partido Nacional, los juicios en Estados Unidos revelaron que el expresidente Juan Orlando Hernández recibió fondos del narcotráfico, incluido un millón de dólares entregado por “El Chapo” Guzmán a través de su hermano Tony, condenado por narcotráfico en Nueva York 2 . En el Partido Liberal, el caso de Yani Rosenthal expuso cómo se usaron recursos del crimen organizado para financiar actividades políticas. Rosenthal fue condenado en EE. UU. por lavar dinero para el cartel de Los Cachiros, mostrando cómo estas redes criminales permeaban las estructuras partidarias 3 . En el Partido Libertad y Refundación (Libre), el llamado “narco-video” de 2013 mostró al diputado Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la actual presidenta, reunido con presuntos narcotraficantes para negociar un financiamiento de millones de lempiras a la campaña 4. A estos casos se suman otros similares en modus operandi como Pandora (2013)5 y El Checazo de Sedesol 6(2025), que documentan cómo se desvían fondos de las arcas públicas, para financiar ilegalmente campañas.
Estos episodios ilustran un patrón de los tres partidos mayoritarios y su vínculo con el uso de fondos del narcotráfico, del crimen organizado o del Estado. El dinero se convierte en un factor determinante no solo para competir, sino para captar voluntades. Como advierten los autores Grossman y Helpman, estos aportes desvían las posiciones de los partidos y sesgan los resultados, alejándolos del interés público.
El marco legal hondureño establece techos de gasto electoral, con límites diferenciados para cargos de elección popular. Sobre el papel, esa regulación pretende equilibrar la competencia. En la práctica, sin embargo, los controles son ficticios. Los informes financieros no se presentan, o no se publican, y los partidos actúan como si el cumplimiento fuera optativo. En las elecciones primarias más recientes, el 47% de los aspirantes ni siquiera abrió una cuenta bancaria para canalizar recursos 7, a pesar de que es un requisito básico. Cuando tres de cada seis candidatos incumplen de manera abierta, los topes legales quedan reducidos a papel.
Este incumplimiento tiene raíces en lo que podríamos llamar la arquitectura de la opacidad. El Acuerdo de reserva de información 001-2018 (sobre el cual el Centro de Estudios de la Democracia presentó recurso de inconstitucionalidad y que ya fue aceptado), solicitado por la UFTF y validado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), blindó datos clave sobre financiamiento: nombres de donantes, montos, auditorías 8. La reserva sigue vigente, consolidando la captura partidaria de la entidad que debería garantizar la transparencia. A eso se suman decisiones del Congreso, como el Decreto 94-2021 y sus prórrogas, que relajaron el régimen sancionatorio y redujeron el alcance de las multas, dejando como mensaje que no hay consecuencias reales para quien incumpla.
Los hechos recientes confirman esa tendencia. La propia UFTF reconoció que 85 precandidatos electos no presentaron sus informes financieros y anunció que enviaría los expedientes a la Procuraduría General de la República para el cobro de sanciones. Sin embargo, cuando la ciudadanía solicita conocer quiénes son esos omisos, qué partidos concentran más incumplimientos y cuál es el estado de los expedientes, la respuesta es negativa tácita con expresiones genéricas basando su argumento en que los informes “están en elaboración”. Esto no solo carece de sustento legal (la Ley de Transparencia obliga a responder en un máximo de diez días hábiles, con una sola prórroga justificada) sino que normaliza el secreto donde debe prevalecer la rendición de cuentas.
Sin información verificable, los techos de gasto y la fiscalización pierden eficacia. La competencia electoral no se decide en igualdad de condiciones, sino bajo la sombra del dinero opaco. La democracia se convierte en un mercado de influencias, donde los recursos privados o ilícitos definen candidaturas y agendas, mientras la ciudadanía queda sin opciones reales de elegir a quien represente realmente sus intereses.
Honduras se encuentra en un proceso electoral decisivo, arrastrando esta herencia de reservas, evasivas y sanciones debilitadas. Seguir tolerando esta opacidad equivale a aceptar que la representación política puede comprarse y que la confianza democrática seguirá erosionándose. No basta con señalar que hubo 85 precandidatos electos que incumplieron con la presentación de sus informes; se requiere que los nombres, partidos y cargos sean publicados en formatos abiertos, que los expedientes sean accesibles en versiones públicas y que el régimen sancionatorio sea realmente efectivo.
La salida no es compleja pasa por una voluntad de la UPL de levantar la reserva del Acuerdo 001-2018, publicar datos en tiempo y forma, cumplir los plazos que fija la Ley de Transparencia, y activar sanciones efectivas para quienes incumplen la normativa. Son pasos mínimos para que la ciudadanía pueda vigilar lo que ocurre con el dinero en política.
La prensa, la academia y la sociedad civil deben exigir que se cumpla la Ley de Transparencia sin excepciones. La rendición de cuentas financiera no es solo un trámite administrativo, es una condición esencial para que las elecciones reflejen la voluntad popular y no la capacidad de compra de unos pocos. Mientras la información siga oculta, la democracia hondureña estará condenada a ser rehén de intereses que se imponen con dinero y se ocultan con silencio institucional.
file:///Users/opayes/Downloads/MEMORANDO%20No.%20SG-UFTF-209-2025.pdf
