En el país del engaño, la dictadura celebra sus propias confiscaciones a opositores como reivindicaciones del pueblo cuando en realidad el dinero y el poder se concentra en una familia que gobierna desde El Carmen. La crisis que estalló en 2018 inició por la reforma al Seguro Social que pretendía aumentar las cotizaciones de los trabajadores y su edad de jubilación, pese a todo, la reforma continuó en pie en un país que después de 7 años se ha transformado de forma radical. La población en edad de trabajar, en su mayoría jóvenes, se enfrentan a una oleada migratoria sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. Es mucho más sencillo encontrar razones para marcharse que para quedarse y la falta de empleo y certidumbre laboral es una de las más importantes. Mientras tanto, el Seguro Social continúa sufriendo la presión de un régimen que ha sido muy poco transparente con respecto a su salud financiera. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha reparado en felicitar año con año a la dictadura de Ortega y Murillo por su buena gestión de las finanzas públicas, lo que hay detrás de sus mensajes laudatorios tiene que ver con la capacidad del gobierno para ahorrar y recaudar. Cuando se gasta tan poco en programas sociales y en los menos favorecidos en una Nación donde buena parte vive en situación de pobreza, acaparar dinero no es una tarea difícil. Los trabajadores también sufren las consecuencias de los acuerdos financieros de la tiranía porque reprimir derechos siempre será una forma efectiva y rápida para recortar gastos.

Sin duda, las principales víctimas de la dictadura en materia de derechos laborales son los trabajadores del Estado quienes son obligados a guardar silencio y obedecer en aún en contra de sus principios. Para estas personas la cárcel pende sobre sus cabezas y las de sus familiares. Por mucho tiempo fueron obligados a manifestarse en cada acto de propaganda ideado por la pareja en el poder, pero en los últimos años el nivel de sometimiento ha escalado aún más, ahora muchos de estos trabajadores son obligados a posar frente a las cámaras como parte de cuerpos paramilitares que pretenden reprimir cualquier intento de rebelión sin otro argumento que la fuerza bruta. 

Para los tiranos el concepto trabajador no existe, únicamente el de esclavo, siervo o vasallo. En un país sometido al yugo de una familia enloquecida por el poder, no debemos olvidar que quienes salgan a marchar este primero de mayo no serán trabajadores para la dictadura, mucho menos personas, serán simplemente prisioneros de un territorio que se ha convertido en una cárcel.