Daniel Ortega llegó al poder en Nicaragua en un lejano 2007, mucho ha sucedido desde entonces y mucho tuvo que hacer Ortega para llegar a convertirse en el tirano que es hoy en día. Aunque las señales siempre estuvieron ahí y se revelaron poco a poco, una nación contempló plácidamente como su país se hundía lentamente, aunque de forma implacable, en un abismo que parece no tener fondo. A diferencia de Nicaragua, Nayib Bukele ha llevado a El Salvador por la senda del autoritarismo a un ritmo tan acelerado que hasta resulta difícil seguir el ritmo de sus acciones. Sus objetivos han sido claros desde que ocupó la silla presidencial: convertirse en un tirano, y para conseguirlo aplastó de forma fulminante a la oposición política en las primeras elecciones. En menos de tres años Bukele estableció un régimen de excepción que suprime las garantías constitucionales y que sigue vigente hasta el día de hoy. Su estrategia fue tan efectiva que convirtió a El Salvador en  uno de los países con la mayor población encarcelada por habitante del planeta, y lo que es peor, estableció la normalización del fin del Estado de Derecho entre los salvadoreños. Finalmente, las instituciones y la presunción de inocencia se volvieron una moneda de cambio para conseguir la tan ansiada seguridad en un país azotado por la violencia de las pandillas. 

Si algo nos ha enseñado la historia es que cuando inician las derivas autoritarias los límites de lo que una sociedad puede tolerar se expanden hasta niveles insospechados. El 18 de mayo de 2025, la dictadura de Bukele estableció un nuevo hito en los límites que está dispuesto a cruzar. La Fiscalía General detuvo a Ruth López, defensora de derechos humanos y encargada de la unidad anticorrupción en Cristosal, una organización que ha sido clave para denunciar los abusos cometidos durante el Régimen de Excepción. Unos días antes, la noche del 13 de mayo un grupo de campesinos de la comunidad El Bosque se manifestó frente a la casa presidencial para que el mandatario impidiera el desalojo del que serían víctimas. Bukele reaccionó enviando a la Policía Militar, un brazo de la Fuerza Armada que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, no tiene autorizada la disolución de manifestaciones. 

Como si se tratase de un monarca acostumbrado a que sus caprichos sean órdenes, el dictador envió una propuesta de ley que obligaría a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a entregar el 30% de sus ingresos sobre las donaciones que reciben. Una medida similar a la que implementó Daniel Ortega en 2020 para asfixiar a las organizaciones civiles y que ha dado como resultado el cierre de casi 5 500 organizaciones sin fines de lucro. 

En su discurso de toma de posesión en 2019, Nayib Bukele dijo que su llegada al poder significó “pasar la página de la posguerra” en un país marcado por un cruento conflicto armado. Seis años después, como una maldición que no termina de pasar, la dictadura de Bukele se muestra como una nueva página de la larga herencia autoritaria que pesa sobre Centroamérica. La pregunta que queda rondando es ¿Cuántos límites deben traspasarse para que un país dejé de normalizarlo?